“Se necesita una simplificación administrativa para que las comunidades accedan a sus tierras”

Doce años viene batallando la comunidad de Saweto para que se titulen sus tierras. Cuatro de sus dirigentes fueron asesinados hace cerca de un año. En la imagen Edwin Chota. Foto: The New York Times

- Taladores y mineros ilegales son los que actualmente se benefician de la falta de ordenamiento territorial del Estado, sostiene Daniel Sánchez, de la Defensoría del Pueblo.

Servindi, 1 de julio, 2015.- La misma diligencia con que actúa el Gobierno para facilitar las inversiones en el país, debe ser aplicada con las comunidades indígenas que desde hace muchos años vienen padeciendo la incertidumbre jurídica sobre sus territorios ancestrales.

Así lo manifestó Daniel Sánchez Velásquez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, en su artículo "Tramitología contra indígenas", publicado el 30 de junio por el diario El Comercio.

A diferencia de lo que ocurre con los intereses económicos, explica Sánchez, en el caso de las comunidades lo que se busca es garantizar derechos.

En ese sentido, el representante de la Defensoría planteó “una simplificación administrativa que establezca un procedimiento claro y sencillo para que las comunidades accedan a la propiedad de sus tierras.”

Recordó así que actualmente la burocracia estatal para darles su título de propiedad a las comunidades “las obliga a seguir procedimientos complejos mediante los cuales se tiene que conseguir más de veinte autorizaciones.”

Citó el caso de la comunidad Alto Tamaya Saweto que lleva 12 años en la lucha por la titulación de sus tierras.

“Aún hoy, nueve meses después de que cuatro de sus líderes, entre ellos Edwin Chota, fueran asesinados y las máximas autoridades de nuestro país les prometieran su inmediata titulación, (Saweto) aún se encuentra pendiente de completar el trámite para la inscripción de su título de propiedad ante los Registros Públicos”, alertó Sánchez.

Ante este tipo de hechos, finalmente planteó la necesidad de un acuerdo político que permita priorizar esta tarea.

Los únicos que se están beneficiando en estos momentos “son los taladores y mineros ilegales que, ante la incertidumbre sobre la propiedad, ingresan a estas zonas y encuentran un terreno fértil para sus ilícitas actividades", sentenció.

Para leer el artículo completo de Daniel Sánchez Velásquez los invitamos a hacer clic aquí.