¿Qué hay detrás del cambio de ministro de Justicia en Perú?

La expulsión de José Tello del Ministerio de Justicia se debería principalmente al apoyo que como ministro dio a la política de reparaciones para deudos y heridos de las protestas. Hoy su reemplazo es más que cuestionado.                                                                                        

Servindi, 24 de abril, 2023.- Aunque no fue el único ministro cambiado por el Gobierno de Dina Boluarte el 23 de abril, la salida de José Tello Alfaro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos llama particularmente la atención.

Esto debido a que su expulsión del régimen se debería principalmente al apoyo que como ministro dio a la política de reparaciones para deudos y heridos de las recientes protestas sociales.

Desde febrero pasado, Tello impulsó la entrega de ayuda económica a estas personas, logrando un desembolso de más de 5.7 millones de soles a favor de 111 familiares de 61 fallecidos y a 103 heridos.

Este apoyo era mal visto por el premier Alberto Otárola que se opuso a la medida alegando que un apoyo solidario a los deudos de los muertos podía incentivar que las protestas continúen.

Por esta razón, el premier mantuvo un trato distante con Tello, evitaba cederle la palabra durante las sesiones de Consejo de Ministros y más recientemente se mostró en contra de que declare a la prensa.

Esto último, según confirmaron fuentes del gobierno al semanario Hildebrandt en sus trece, que en su última edición del viernes 21 de abril adelantó que Otárola ya le buscaba un reemplazo a Tello.

Informe demoledor

El informe de Hildebrandt también apuntaba que la salida de Tello era inminente ya que el Gobierno estaba próximo a recibir un duro golpe a nivel internacional por las protestas y necesitaba un ministro afín a su línea.

Este golpe no es otra cosa que el informe sobre la situación en Perú que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se comprometió a presentar para fines de abril, es decir, en estos días.

Según el semanario, este informe acusará al Gobierno de un uso desproporcionado de la fuerza letal y hablará de la estigmatización de la protesta, un duro golpe para Boluarte y sus aliados.

Informe de Hildebrandt en sus trece que adelantaba la expulsión de José Tello del gobierno por no ir en línea al Gobierno en cuanto a las protestas.

José Tello Alfaro era quizás el único miembro del equipo ministerial que había mostrado voluntad por esclarecer las responsabilidades de los hechos que ocurrieron durante las protestas contra el régimen.

Por ello, era imprescindible sacarlo del cargo y colocar en su lugar a un ministro que defienda o, por lo menos, vaya acorde a la postura del Gobierno, que deslinda de cualquier responsabilidad.

Reemplazo cuestionado

Ante ese escenario, el gobierno de Boluarte no encontró mejor opción que nombrar en reemplazo de Tello al abogado Daniel Maurate, quien fue ministro de Trabajo en el gobierno de Ollanta Humala (2015-2016).

El problema es que Maurate tiene una serie de antecedentes cuestionables que han empezado a salir a la luz apenas juró al cargo la tarde del domingo 23 de abril, en Palacio de Gobierno.

Dina Boluarte juramenta a Daniel Maurate en la cartera de Justicia y Derechos Humanos quién tuvo 188 comunicaciones con los investigados por el caso "Cuellos Blancos".

El flamante nuevo ministro de Justicia fue destituido como jefe de la Discamec (hoy Sucamec), en 2011, por adulterar certificados de experiencia laboral y académica, según reveló el portal OjoPúblico.

Su nombre también aparece en un informe de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, de 2020, por registrar un total de 188 llamadas con investigados por el caso “Cuellos Blancos”.

Los investigados con los que mantuvo comunicación entre 2015 y 2018 son Edwin Oviedo Pichotito, Alberto Chang Romero y Antonio Camayo Valverde, según reportó el medio EpicentroTV.

A estas comunicaciones se suman otras 28 conversaciones que tuvo en el mismo periodo con César Hinostroza, juez supremo que se fugó del país al verse implicado también en el caso “Cuellos Blancos”.

Consultado por estas comunicaciones, Maurate admitió que sostuvo llamadas con estos investigados, pero alegó motivos de trabajo y personales ajenos a cualquier otro vínculo.

En el caso de Oviedo, dijo que era porque impulsaban una campaña contra el trabajo infantil, ya que entonces el hoy investigado era presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En tanto, respecto a Hinostroza, Chang y Camayo, alegó que sus comunicaciones se dieron porque practicaban juntos “el deporte del fútbol”. “Solo eso era mi vinculación, nada más”, señaló este 24 de abril.

Pero esto no es lo único por lo que tendrá que responder en los próximos días. Hoy también se supo que en 2009 fue designado como abogado del entonces todopoderoso presidente regional de Áncash, César Álvarez.

Álvarez, con quien Maurate negó tener vínculos en su momento, era entonces investigado por enriquecimiento ilícito. Hoy está preso por corrupción y el asesinato de un adversario político, recordó La Encerrona.

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