dina boluarte

Así lo revela una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que expone además un elevado rechazo ciudadano del 79% a la presidenta Dina Boluarte y de 90% al Congreso.

Tarde o temprano, recibirán una condena penal por las muertes en la represión estatal contra las protestas antigubernamentales de diciembre y enero último, señaló la CNDDHH.

Boluarte olvida que en campaña se comprometió a no apoyar este proyecto y el rechazo social aún vigente de los agricultores que serían afectados en el Valle de Tambo, Arequipa

Así lo admitieron en su respuesta oficial a la CIDH, en marzo, donde además anunciaron una “restructuración” de las fuerzas del orden, según Hildebrandt en sus trece.

A pesar de la ecuanimidad del informe presentado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Boluarte minimizó su alcance.

Contundente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expone sin tapujos la responsabilidad del Estado en la muerte de ciudadanos durante protestas.

A puertas de un informe que acusará al Gobierno de usar en exceso la fuerza letal, Boluarte y su premier pusieron al frente del sector Justicia a un letrado con antecedentes.

La expulsión de José Tello del Ministerio de Justicia se debería principalmente al apoyo que como ministro dio a la política de reparaciones para deudos de las protestas.

Aunque el premier Otárola rectificó a Becerra y dijo que “esa no es la posición del Gobierno”, al término de este 18 de abril lo mantienen como ministro de Educación.

Bajo el lema de “Fujimori y Dina, dictaduras asesinas”, volvieron a exigir la renuncia de Boluarte, quien ordenó la represión de las protestas, dejando un saldo de 49 muertos.