Servindi, 20 de diciembre, 2016.- La no renovación laboral de un número significativo de trabajadores bajo el régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios) de la Defensoría del Pueblo, debilitaría esta institución.
Las áreas afectadas serían las Adjuntías de Asuntos Constitucionales, Derechos Humanos, Conflictos Sociales, el Programa de Pueblos Indígenas y diecisiete oficinas de módulos defensoriales a nivel nacional.
La denuncia fue hecha por trabajadores y trabajadoras de la Defensoría del Pueblo en un comunicado titulado “Rechazo al debilitamiento institucional de la Defensoría del Pueblo” que se publicó el domingo último en el diario La República.
Indican que la no renovación de contratos bajo el régimen CAS no responde a causas y criterios objetivos, y no se han comunicado las medidas que se adoptarán para contrarrestar el déficit de personal en diversas oficinas y dependencias, lo que afectaría la defensa de las personas en situación de vulnerabilidad.
Según el comunicado, en una reunión sostenida con la Alta Dirección de la Defensoría del Pueblo el 28 de noviembre, José Elice Navarro, primer adjunto del defensor del Pueblo, manifestó que no existía una política de reducción de personal, sin embargo, el viernes último se tomó conocimiento de la no renovación de un significativo número de trabajadores.
Los que suscriben el comunicado solicitan al defensor del Pueblo, Wálter Gutiérrez, transparencia sobre las nuevas líneas de trabajo y reestructuración de la institución y su impacto en la continuidad laboral. Estos pedidos fueron enviados el 15 de noviembre y el 11 de diciembre, pero no se han atendido hasta la fecha.
Asimismo, con el fin de garantizar las labores defensoriales ante la ciudadanía, solicitan a Wálter Gutiérrez el cumplimiento de la renovación a todos los trabajadores bajo el régimen CAS, de acuerdo con la línea de los defensores del Pueblo que le antecedieron.
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