Perú en emergencia mientras protestas continúan por octavo día

Organismos en Perú advierten que Estado de emergencia podría agravar el riesgo de violaciones a los derechos humanos en un contexto de protestas por todo el país.

Servindi, 14 de diciembre, 2022.- El Gobierno de Dina Boluarte anunció la declaratoria del Estado de emergencia en todo el Perú para controlar los actos de violencia en el contexto de las protestas.

El anuncio se da en el octavo día de manifestaciones por el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones generales, y cuando ya se registran siete víctimas mortales en medio de este contexto.

Estado de emergencia

El acuerdo de declarar en Estado de emergencia todo el territorio nacional fue un acuerdo adoptado hoy 14 de diciembre por el Consejo de Ministros, indicó el ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola.

La medida, que será oficializada en las siguientes horas con la publicación de un decreto en una edición extraordinaria del diario El Peruano, implica la suspensión del ejercicio de algunos derechos.

Entre ellos, “de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad y seguridad personales”, explicó el titular de Defensa en declaraciones a la prensa.

No descartó la posibilidad de instaurar un toque de queda —que prohíba la circulación de civiles en determinadas horas—, pero dijo que la aplicación de esta medida la evaluarán hoy en el Ejecutivo.
 

Estado de emergencia a nivel nacional fue anunciado por ministro de Defensa, Alberto Otárola. Foto: difusión

Por lo pronto, la declaratoria del Estado de emergencia ya ha sido cuestionada por diversos organismos de derechos humanos en Perú.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló que esta medida “agrava el riesgo de violaciones a los derechos humanos”.

Mientras que la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y otras instituciones, llamaron con urgencia a una visita conjunta internacional “ante el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos”.

El llamado está dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

Muertos y protestas

El anuncio del ministro Otárola se da cuando en el Perú se cumplen ocho días de protestas que iniciaron el 7 de diciembre, tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo por parte del Congreso.

Los manifestantes, que se movilizan en Lima y diversas regiones del país, exigen el cierre del Parlamento y el adelanto de las elecciones generales para elegir un nuevo presidente y congresistas.

En medio de las protestas, se han registrado enfrentamientos con la policía que han dejado siete personas fallecidas: seis en Apurímac y uno en Arequipa, regiones ubicadas al sur del Perú.

La última víctima se reportó este 14 de diciembre. Se trata de Cristian Alex Rojas Vásquez, de 19 años, quien venía siendo atendido desde el 10 de diciembre en el hospital Guillermo Díaz, de Apurímac.
 

Comunicado del Hospital Guillermo Díaz de la Vega confirmado otro fallecido este 14 de diciembre. Foto: difusión

Elecciones al 2023        

Aunque el 12 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte anunció que presentaría una iniciativa para adelantar las elecciones a abril de 2024, la propuesta no calmó las protestas.

Esto se debe a que los manifestantes ven muy lejano el plazo propuesto para elegir nuevos representantes y no están dispuestos a seguir siendo representados por el actual Congreso, que tiene apenas 10% de aprobación.

Esta situación ha obligado a la mandataria —que inicialmente juró al cargo “hasta el 2026”—a modificar su discurso y anunciar que las elecciones se podrían adelantar a diciembre de 2023.

“Legalmente los tiempos calzarían para abril del 2024, sin embargo, haciendo reajustes ayer conversando, estos se pueden adelantar a diciembre del 2023”, sostuvo Boluarte este 14 de diciembre.

Antes de dicha fecha “legalmente no calzaría”, añadió, haciendo un llamado a la calma y a respetar el margen legal y la Constitución a quienes piden el adelanto de elecciones lo más pronto.
 

Dina Boluarte: tuvo que cambiar su discurso y precisar que las elecciones se podrían realizar a fines de 2023. Foto: Andina

Castillo seguirá en prisión

Mientras esto ocurre, la Fiscalía pidió 18 meses de prisión preventiva por rebelión y, alternativamente conspiración, contra el expresidente Pedro Castillo y el exasesor del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Castillo, quien se encuentra detenido desde el 7 de diciembre tras intentar dar un fallido golpe de Estado, tiene una orden de detención preliminar encima suyo que vencía este 14 de diciembre.

Sin embargo, luego del pedido de prisión preventiva en su contra, deberá permanecer detenido hasta que se desarrolle la audiencia para resolver este pedido, lo que debe darse en un plazo de 48 horas.

De hecho, la audiencia se convocó para este 14 de diciembre; pero se suspendió hasta mañana jueves 15 a pedido de la defensa que solicitó más tiempo para revisar el pedido de la Fiscalía.

Cabe mencionar que la Fiscalía pudo realizar el pedido de prisión preventiva contra Castillo solo después de que el Congreso levantara la inmunidad del expresidente sin someterlo a antejuicio.

Por esta razón, el procedimiento llevado adelante por el Congreso ha sido cuestionado ya que no se estaría respetando el debido proceso para investigar y, eventualmente, juzgar al expresidente.
 

Pedro Castillo seguirá recluido hasta que juez decida si dicta o no prisión preventiva en su contra, como ha pedido la Fiscalía. 

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