Servindi, 9 de enero, 2023.- En un día trágico para el Perú la represión del gobierno cívico-militar encabezado por Dina Boluarte sumó 17 muertos en la región Puno, que sumados a los 28 muertos en días pasados alcanzan la escandalosa cifra de 45 personas asesinadas.

Estos luctuosos hechos se producen a pocas horas de que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y los miembros de su Gabinete Ministerial, se presenten este martes a las 11 a. m. ante el pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza.

Luego de tomar conocimiento del primer fallecido en Puno la presidenta Dina Boluarte dijo: "Salen en protesta de qué, no se entiende qué están pidiendo (...) lo que ustedes están pidiendo es pretexto para seguir generando el caos".

En rueda de prensa afirmó: “La asamblea constituyente no pasa por las manos del Ejecutivo ni de Dina Boluarte. Si con ese pretexto, están llevando a los hermanos de las regiones en donde hay actos de violencia, los están engañando", señaló.

El desgobierno de Dina Boluarte no da para más y en poco tiempo ha demostrado su incapacidad para manejar la crisis política que mantiene en vilo al país desde el 7 de diciembre.

Organizaciones sociales, indígenas, congresistas, alcaldes y gobiernos regionales se reafirman en la urgente necesidad de que Dina Boluarte renuncie a la presidencia de la República y se instaure un gobierno de transición.

Richard Hancco, gobernador regional de Puno, aseguró que la población puneña mantendrá la calma y depondrá las manifestaciones cuando la presidenta Dina Boluarte tome la decisión de renunciar a su cargo.
 

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su repudio a la actuación de las fuerzas del orden, de la presidenta Boluarte y de sus ministros, “por ser responsables de la masacre en Juliaca por lo que deberán responder”. 

Por tal motivo, anunciaron su retiro irrevocable de la Comisión Multisectorial para atender a los deudos y víctimas “porque el gobierno no respeta la vida”.

La Coordinadora demanda a la Fiscalía de prevención del delito “tomar acciones en el marco de sus funciones para detener las violaciones a los derechos humanos”.

Mediante un pronunciamiento la Defensoría del Pueblo reiteró “que no corresponde a la PNP ni a las FF. AA. resolver los conflictos que vienen aconteciendo”.

En tal sentido, puntualiza que “es deber del Gobierno central y del Congreso de la República encontrar una salida realista y en un plazo razonable, que devuelva la tranquilidad y la paz al país”. 
 

La Red de Salud de San Román actualizó a las 9 de la noche la lista de 17 fallecidos de las cuales 4 aun no han podido ser identificadas.