Servindi, 29 de abril, 2011.- La consulta popular convocada para el próximo 7 de mayo por el presidente Rafael Correa, ha dividido a los sectores oficiales y opositores, en respectivas campañas a favor del “sí” y del “no”.
Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), afirmó que la consulta “pone en riesgo la democracia en el país”.
“Vamos a trabajar por el ‘no’ a la consulta popular porque creemos que esta consulta no resuelve en absoluto los problemas cruciales que el país tiene, sino que solamente trata de dar mayor poder, mayor concentración de instituciones a favor del presidente de la República”, afirmó.
En la asamblea de la Conaie donde fue electo Cholango como nuevo presidente, la organización puntualizó que la consulta “rompe con la independencia de funciones que es la base fundamental de un Estado democrático, y propugna la profundización de la criminalización de la lucha social”.
Cholango añadió que también decidieron convocar a todas las comunidades, pueblos, nacionalidades, organizaciones Sociales y sectores organizados de la tendencia de izquierda progresista a una gran movilización “contra las políticas neoliberales y extractivitas del Gobierno de Rafael Correa”.
Marcha el 1 de mayo
Cholango anunció que se realizará una gran marcha el 1 de mayo en Quito, una semana antes de la consulta, la cual saldrá el próximo 29 de abril desde Zamora Chinchipe, y será en rechazo del modelo neoliberal.
Por su parte, el encargado del Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe), José Chimbo, manifestó que las reformas al sistema judicial y de seguridad ciudadana requieren de un trabajo conjunto de todos los sectores y funciones del Estado.
De no darse el diálogo, aseguró el funcionario, se demostraría que el Ejecutivo busca controlar todos los poderes e instituciones del Estado. “Y terminaría la participación, terminaría esa democracia participativa, no habría esa expresión”, añadió.
La Consulta popular
La Consulta Popular pretende cuestionar al pueblo, a través de diez preguntas, temas referidos a la seguridad pública, la regulación de los medios de comunicación y los derechos laborales, entre otros.
El plebiscito propuesto por la administración Correr, tendría por finalidad cambiar siete artículos de la Constitución de 2008, 2 transitorios y 41 normas jurídicas.
Con relación a la seguridad pública, la Consulta propone cambios en los plazos para la caducidad de la prisión, medidas substitutivas en la prisión preventiva que se apliquen a delitos menores, límites en los amparos constitucionales y la reestructuración del Consejo del Poder Judicial.
Respecto a los medios de comunicación, se propone crear un Consejo de Regulación para averiguar la difusión de producciones, en la televisión radio e impresos, con contenido violento, explícitamente sexual o discriminatorio.
Además se consultará sobre los espectáculos públicos donde sean sacrificados animales por diversión, como en las corridas de toros; además sobre la prohibición de los juegos de azar.
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