"Brasil está haciendo abuso de su derecho al desarrollo al imponer los costos económicos, sociales y ambientales a otro país" denunció el Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) luego que el gobierno de Brasil aprobó la licencia de la represa de Santo Antonio.
La aprobación de la licencia ambiental por el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) realizada el 11 de agosto motivó que Bolivia suspenda la segunda Reunión Técnica Bolivia - Brasil que iba a realizarse el 18 de agosto en la La Paz.
La aprobación del IBAMA se otorga en medio de los cuestionamientos planteados por Bolivia, que hace un año atrás envió una lista de 21 preguntas y demandas de información al gobierno brasilero, las cuales demoraron más de 6 meses en ser contestadas de manera esquiva y poco seria.
El trato brindado por Brasil causó la indignación de las organizaciones de la región y de las instituciones académicas, estatales y de la sociedad civil que observan los impactos de las represas en territorio boliviano y que han planteado el inicio inmediato de acciones legales en tribunales internacionales.
El fundamento para ello se basa en el incumplimiento del gobierno brasileño a los deberes internacionales entre Estados, entre los que se encuentra la notificación previa antes de la aprobación de la licencia ambiental, la inconducta entre Estados Vecinos, la no observación del principio precautorio y el desinterés de dialogar de manera efectiva sobre e uso equitativo de la cuenca.
"Además está poniendo en riesgo la garantía del ejercicio de derechos humanos e indígenas del Estado boliviano porque no consultó a las comunidades indígenas y campesinas, lo que debió hacerse mediante la obligatoria consulta entre Estados" indica una nota de prensa.
Paralelamente, el 13 de agosto el gobierno de Brasil formalizó la concesión de las obras para la construcción de la represa de Jirau, a escasos 50 Km. de la frontera boliviana.
El beneficiario de la concesión es un consorcio formado por el grupo franco belga Suez, la constructora
privada brasileña Camargo Correa y las estatales Eletrosul Centrales Eletricas y Compañía Hidroeléctrica de San Francisco.
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