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Se elevan a siete los civiles muertos por represión policial

Fuente: Flor Juárez / Diario Perú.

Servindi, 12 de diciembre, 2022.- La protesta social exigiendo el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones desborda el país. El día lunes ya registra cinco manifestantes civiles muertos por la represión policial y numerosos heridos de gravedad.

Los fallecidos el día de ayer en Andahuaylas, Apurímar son: Beckhan Romario Quispe Garfias (18 años) y David Atequipa Quispe (15 años).

Los fallecidos el día lunes 12 de diciembre es Miguel Arcana, de 38 años, quién perdió la vida frente a la comisaría de la Ciudad Municipal en la zona norte de Arequipa. El jefe de la Micro Red de Zamácola y Ciudad Municipal, Juan Alarcón, confirmó este fallecimiento.

En el hospital de Chincheros, en Apurímac se registra la muerte de cuatro personas: Jonathan Lloclla Loayza de 26 por impacto de bala.

Al final de la tarde la Dirección Regional de Salud de Apurímac informó el fallecimiento de tres jóvenes: RPML de 16 años quién presenta herida de bala por proyectil de arma de fuego.

Asimismo, Jonathan Enciso Arias Choccepuquio (18) y Wilfredo Lizarme Barboza (18).
 


 

Bloqueo en Arequipa. Fuente: Diario Perú.

Dina Boluarte presenta proyecto de adelanto de elecciones

Si bien la noche de ayer la presidenta Dina Boluarte anunció el adelanto de elecciones para abril de 2024 sectores de la población rechazan este plazo y exigen un plazo más corto.

Por la tarde la Jefe de Estado presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma constitucional que argumenta que la propuesta de realizar comicios generales en abril del 2024 se vincula con una serie de requisitos de pasos electorales previos.

Entre ellos, el cierre del padrón electoral que debe realizarse un año antes, según lo dispone el art. 201 de la Ley N° 26859, y la convocatoria a elecciones que debe realizarse 270 días antes, como lo dispone el art. 82 de la Ley Orgánica de Elecciones.

A ello se agrega que previamente deben celebrarse elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que serían en 2023.
 

 

Protesta escala y desborda el país

Al parecer, la comunicación entre el Ejecutivo y los sectores sociales en manifestación no existe y la movilización ciudadana se viene desbordando por el país. Algunos medios señalan que existirían más 30 lugares de bloqueos de carreteras.

Esta semana más organizaciones sociales anuncian sumarse a las protestas e incluso algunas hablan de un Paro Nacional.

El principal motivo de la protesta populr es expresar la indignación ante el Congreso de la República que la madrugada del lunes aprobó una resolución para eliminar la prerrogativa de Pedro Castillo y otros funcionarios de la inmunidad parlamentaria.

A pesar que la Constitución Política y el Reglamento del Congreso tienen establecidos el procedimiento para quitarle dichas prerrogativas a los funcionarios la mayoría congresal decidió zurrarse en esta normatividad.

La aprobación acelerada de la medida se produjo debido a que el miércoles 14 vence el plazo para la detención preliminar del expresidente Pedro Castillo y el Ministerio Público carece de una acusación firme.

La resolución que levanta el antejuicio político contra Pedro Castillo se aprobó con 67 votos a favor, 45 en contra y 0 abstenciones y se publicó el día de hoy.

La iniciativa de autorizar a la Mesa Directiva a presentar dicho proyecto de resolución fue planteada por la congresista derechista Adriana Tudela (Avanza País), cuando se debatía el oficio que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, remitió a la presidencia del Congreso.

En dicho oficio la fiscal informaba sobre las diligencias preliminares al expresidente Pedro Castillo, y los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta.

Hoy el Congreso de la República notificó a la fiscal de la Nación, el levantamiento del fuero del expresidente Pedro Castillo, de tal manera que el Ministerio Público puede continuar con sus investigaciones por rebelión, conspiración y alteración del orden público.

(noticia en actualización y desarrollo)

 

 

 

 

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Comentarios

¿Una policía y un ejército que actúa contra el pueblo soberano asesinando a alguno de sus ciudadanos...quien se responsabilizará de ésas muertes...los asaltantes al poder o los cesados? O sus responsables serán los ejecutores directos?

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