- Agresores no forman parte de la CUNARC-P.
Servindi, 10 de enero, 2014.- La Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) se desmarcó del proceder autoritario de un sector de las rondas urbanas de Cajamarca que el pasado fin de semana agredió físicamente a empleadas y trabajadoras sexuales en un club nocturno.
A través de un comunicado expresó su rechazo a la actuación del Comité Descentralizado de Rondas Urbanas de Cajamarca, el mismo que no integra orgánica ni institucionalmente la CUNARC-P.
Advirtieron en ese sentido que los hechos que cometan, o sigan cometiendo, los miembros del citado comité de rondas urbanas no pueden ser atribuidas a su organización.
Recordaron, sin embargo, que las rondas urbanas "gozan del mismo derecho que las rondas campesinas en tanto conserven y cumplan los principios, valores y fines de las Rondas Campesinas".
Citaron así la obligación de respetar los derechos fundamentales a los que hace referencia el artículo 149 de la Constitución Política del Perú y los artículos 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT.
"Si un grupo de rondas urbanas procede a la desnaturalización y desviación de esta noble organización si viola este marco legal, no cumple su buen desenvolvimiento como ronda y cae en actos de violencia y ajusticiamiento", preciso la organización nacional rondera.
Sobre el tema también se pronunció recientemente la Defensoría del Pueblo que sostuvo que este tipo de castigos vulneran los derechos fundamentales de la persona reconocidos en la Constitución y en tratados de derechos humanos ratificados por el Perú.
Compartimos a continuación su pronunciamiento.
Pronunciamiento CUNARC-P
Ante las denuncias públicas del uso de la violencia por parte de un sector de las rondas urbanas de Cajamarca contra mujeres que trabajaban en dos prostíbulos (uno clandestino y otro legal, de propiedad de Carlos Toledo) en la ciudad de Cajamarca, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) manifestamos lo siguiente ante la opinión pública:
Primero: El Comité Ejecutivo Nacional de la CUNARC-P deslinda del Comité Descentralizado de Rondas Urbanas de Cajamarca pues no integra orgánica ni institucionalmente a la CUNARC-P. Los hechos que cometan, o sigan cometiendo, dicho sector de las rondas urbanas no pueden ser atribuidos a la CUNARC-P. Esperemos que el Comité Descentralizado de Rondas Urbanas de Cajamarca forme parte de la CUNARC-P con el fin de garantizar su institucionalidad, respeto de los principios, valores y fines ronderos, y representatividad como organización legítima y de prestigio.
Segundo: De acuerdo a la sétima disposición final del Estatuto de Rondas Campesinas, Urbanas e Indígenas del Perú (aprobado en asamblea el 4 y 5 de octubre del 2013 en la ciudad de Trujillo): “Las rondas urbanas gozan del mismo derecho que las rondas campesinas en tanto conserven y cumplan los principios, valores y fines de las Rondas Campesinas. Tienen la misma obligación de respetar los derechos fundamentales a la que hace referencia el artículo 149 de la Constitución; y, los artículos 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT.” Si un grupo de rondas urbanas procede a la desnaturalización y desviación de esta noble organización si viola este marco legal, no cumple su buen desenvolvimiento como ronda y cae en actos de violencia y ajusticiamiento.
Tercero: En ese sentido, la CUNARC-P rechaza y condena enérgicamente el uso de la violencia y ajusticiamientos de cualquier grupo de rondas ya sea campesina o urbana. Esperamos que esto se corrija lo más pronto posible y no permita su desnaturalización y desviación de las rondas campesinas y urbanas como autoridades jurisdiccionales. Asimismo, las rondas campesinas y las rondas urbanas no hacen uso de pasamontañas cuando intervienen a cualquier persona o cuando administran justicia, eso solo lo hacen los grupos antisociales, antidemocráticos y terroristas. Situación que también se debe de corregir.
Cuarto: Una sociedad organizada y democrática en rondas campesinas o urbanas tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Es importante tener en cuenta que las trabajadoras sexuales son víctimas de un sistema de explotación comercial y de derechos laborales. Además, los pueblos hemos sido testigos de cómo los prostíbulos se reproducen en torno al poder del dinero que tienen los mineros, son fuentes de violencia y abuso machista contra las mujeres y fuentes de contaminación de enfermedades como el SIDA, Hepatitis E que han puesto en peligro la subsistencia de todo un pueblo como es el caso del pueblo Kandoshi.
Quinto: Las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas, como autoridades jurisdiccionales, tenemos la atribución de cerrar prostíbulos que se hayan instalado ilegalmente dentro de nuestro ámbito territorial. Sin embargo, debemos tener en cuenta que solo lo podemos hacer después de un juicio donde se respete el debido proceso conforme a nuestro derecho consuetudinario y cuya sanción no implica de ninguna manera el uso de la violencia.
Sexto: Nuestra disconformidad por el trabajo de las autoridades policiales y municipales para proporcionar seguridad ciudadana. Situación que está relacionada también con el hecho de que cientos de policías, bajo pago privado de las empresas transnacionales, se hallan acantonados, de manera permanente, en las instalaciones de tales empresas, mientras que las ciudades se hallan desprotegidas de una delincuencia común cada vez más agresiva y creciente vinculada a negocios ilegales que van desde el mercado de autopartes o consumo de drogas a prostíbulos ilegales que proliferan en diversas partes de las ciudades. En ese sentido, si es importante organizar las rondas urbanas en las ciudades pero su actuar debe ser dentro el marco normativo antes señalado.
Atentamente,
Ydelso Hernández Llamo
Presidente de la CUNARC-P
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