Servindi, 7 de agosto, 2013.- Tras recibir amenazas de muerte, un grupo de investigadores que asesoraban a indígenas indígenas guarijíos ante una proyectada presa que los afectaría, abandonó las comunidades nativas de la Sierra de Álamos, en Sonora, México. Los asesores amenazados señalaron al gobierno local como autor de la intimidación y de viciar procesos de consulta.
Los investigadores Martínez Coria, presidente de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable y Haro Encinas, académico de El Colegio de Sonora, tuvieron que abandonar, el cuatro de agosto, la comunidad de San Bernardo, en la cual brindaban asesoría a los indígenas guarijíos ante la proyectada construcción de una presa que inundaría territorios nativos.
Anteriormente, las otras dos integrantes del grupo: Cinthia Lizeth Moroyoqui Aldama y Yaneth Lara Hernández, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), abandonaron la zona por las amenazas.
Los actos intimidatorios, refieren los investigadores, empezaron desde su llegada a la comunidad, el 20 de julio, cuando las llantas de sus vehículos fueron acuchilladas para que no asistan a una asamblea que se realizaba en una comunidad cercana.
Por ello no pudieron llegar a una asamblea comunal, tras la cual - indican -se coaccionó a cuatro dirigentes a firmar la autorización a la obra.
Posteriormente, recibieron amenazas de muerte en sus celulares y cuentas en redes sociales, indicó a la prensa Martínez Coria.
Uno de los mensajes incluía una foto de sus vehículos presuntamente tomada desde una cámara de vigilancia pública, señaló Martínez.
“Como asesores del grupo fuimos atacados y amenazados de muerte porque nos interpusimos para que el Gobierno de Sonora no ejerciera presión”, denunció Martínez.
Aunque Gobernación los ha incluido en el Programa de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas no en todo momento han tenido escoltas, indicaron.
Según Encinas, su salida se da a puertas de que se tomen importantes decisiones en la comunidad.
Culpan al gobierno local
Ambos investigadores señalaron como responsables de las amenazas y atentados al Gobernador del estado, Guillermo Padrés Elías, al representante del Gobierno Manuel Borbón Holguín, así como a un operador político del ayuntamiento de los Álamos, Pedro Meza, quien pertenece al pueblo Mayo de la zona baja del río.
Según los asesores de los guaríjios, el pueblo Mayo alquila sus tierras a la agroindustria, por lo que ésta les impele a apoyar la construcción de la presa.
Polémica presa
La Presa Pilares que se planea construir en el municipio de El Álamo, tiene como fin controlar las avenidas del Río Mayo para evitar las recurrentes inundaciones en los municipios de Navojoa, Huatabampo, Etchojoa y Benito Juárez que causan daños por hasta tres mil millones de pesos a cultivos e infraestructura rural, vial y urbana. Los trabajos de construcción tendrán una duración de 37 meses.
Los indígenas, por su parte, temen la aparición de enfermedades por la aparición de insectos en las aguas estancadas, así como la pérdida de plantas medicinales y tierras de cultivos y la desaparición bajos las aguas de su cementerio, aspecto cultural muy importante para ellos.
Proyecto sin consulta
En julio de 2012 los guajiros iniciaron un proceso de diálogo con el Gobierno estatal en las que este se comprometió a presentar a la población una copia certificada del proyecto, y hacerlos partícipes de los beneficios.
Asimismo, se comprometieron a otorgarles el resumen del plan en la lengua indígena y a respetar el derecho a la consulta previa de la población y se comprometió a que la presa no afectaría el territorio indígena.
Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) revisó la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y determinó que la presa afectará a nueve comunidades indígenas. Dos de ellas tendrán que ser reubicadas, mientras que las otras verán afectadas parte de sus tierras de cultivo, lugares sagrados y aspectos de su vida cotidiana.
Semarnat dispuso que para la realización del proyecto se deberá presentar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) las cinco firmas de los cinco líderes guarijíos dando su consentimiento al proyecto.
Pero, de acuerdo a los asesores amenazados, el proyecto hasta ahora no ha sido explicado a la población.
Asimismo, aseguraron que funcionarios del Gobierno lograron, mediante coacciones, que cuatro de los cinco gobernantes tradicionales firmen la autorización al proyecto. Por parte de las comunidades, tales firmas no son válidas pues no fueron autorizadas en asambleas, explicaron.
Denuncian falsificación de firma
Martínez Coria denunció que la última de las firmas requeridas para dar luz verde al proyecto fue falsificada por el Gobierno estatal.
De acuerdo al investigador, el gobernador tradicional de San Bernardo Álamos, José Romero Enríquez, le informó que falsificaron su firma para aprobar la construcción de la presa.
Asimismo, señaló que en las asambleas del domingo 4, en las que los indígenas guarijíos discutieron el permiso al proyecto, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora pudo ver que el Gobierno estatal llenó el evento de gente ajena a las comunidades.
Se realizó “un referéndum que no cumplió de ninguna manera las formas internas de los pueblos indígenas asentados en esas tierras”, aseguró.
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