Por Lilia Ramírez Varela
9 de junio, 2012.- El día martes terminó el 42 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA en Cochabamba, Bolivia. Pese a que el tema principal de este encuentro giraba en torno a la seguridad alimentaria, era de conocimiento de todas y todos que el plato fuerte, con clima de confrontación incluido, era la propuesta de reforma (que diplomáticamente es llamado “fortalecimiento”) del sistema interamericano, en particular de la Comisión Interamericana.
Al término de un caluroso debate los Estados optaron por acoger el Informe del Grupo de Trabajo Especial creado para estos fines, pero dando un plazo de seis a nueve meses para debatir, nuevamente, la forma en que se aplicará.
Ante lo ocurrido la situación de la Comisión Interamericana y de la Corte se vuelve especialmente más precaria. Los beneficiarios de este sistema, las personas comunes y corrientes somos los más afectados con esta decisión, pues este sistema regional de protección fue creado para defendernos de las arbitrariedades de los Estados. Resulta irónico que esté en las propias manos de los interpelados su modificación, especialmente teniendo en cuenta la voluntad de algunos países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Brasil y otros, de reducir “excesos” de la Comisión Interamericana, órgano de ingreso a este sistema internacional de derechos humanos.
El trabajo de la Comisión y de la Corte ha sido uno de los más exitosos a nivel de sistemas regionales de derechos humanos, y las críticas exageradas y extremas contra estas instancias o demuestran de un lado ignorancia y de otro son críticas de Estado interesado. Uno se puede dar cuenta de ello al analizar los discursos en torno al trabajo de la Comisión. Por un lado un sector señala a esta instancia como un instrumento del imperio (neoliberal), que responde a intereses de determinados Estados, así el presidente Boliviano ha señalado que la Comisión se encarga “solamente de ver el problema de los derechos humanos en algunos países donde el presidente y el gobierno no comparten las políticas del gobierno de Estados Unidos”. Mientras que otros sectores en el Perú señalan justamente lo contrario: que la Comisión urge de “cambios necesarios para de una vez acabar con esa dictadura legal caviar” (Correo, 04/06/2012), o lo “roja” que es la Comisión que apoya a terroristas, ante los recientes casos de Chavín de Huantar o de Mónica Feria, que pesan contra nuestro país en esta instancia internacional.
Esta contraposición de discursos refleja, más bien, todo lo contrario de lo que se quiere atribuir a la CIDH. Aquí se ve que “la Comisión y la Corte realmente son justicia ciega, en el mejor sentido de la palabra. No les importa si a las víctimas se las llama terroristas, rateros, héroes, ignorantes, panteístas o más. Lo único que les interesa es que se cumplan los requisitos legales y que se hayan violado derechos humanos. Por eso, en algún momento todas y todos hemos estado molestos con esta instancia” (ver: Los anti-sistema).
Esto también se refleja en las últimas cifras que ha dado la Comisión Interamericana en torno a su trabajo, las medidas cautelares dictadas durante el año 2011 han sido en primer lugar contra Honduras (12), seguida de Estados Unidos con 11, la Comisión emitió sólo una medida cautelar contra Venezuela, una contra Bolivia, y una contra Ecuador; a su vez la Comisión Interamericana fue la primera organización intergubernamental que solicitó medidas especiales de protección a favor de los detenidos en Guantánamo; solicitó una visita a Guantánamo y ha pedido en reiteradas ocasiones su cierre inmediato.
Los discursos caen ante los hechos
Es lamentable que un asunto de tutela de derechos humanos tenga que resolverse bajo las reglas de la política. Los Estados van a negociar las recomendaciones de “fortalecimiento” y sus formas de aplicación bajo estos parámetros, en donde los criterios que priman son los de oportunidad y conveniencia. Ante esto, el presidente de la Comisión Interamericana ha sido claro al señalar que “lo que está en juego, que nadie tenga duda, es el patrimonio que los Estados, la sociedad civil y los propios órganos interamericanos hemos construido para que las actuales y futuras generaciones de todo el hemisferio puedan gozar de sus derechos humanos" (Ver Discurso del Presidente de la CIDH).
Es por ello que pedimos a los diversos actores y a la sociedad civil en general a que tome conciencia de las implicancias de lo que está en juego, y a que haga un sesudo seguimiento de lo que en los próximos meses se debatirá en relación a este tema. Justicia Viva estará atenta.
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Fuente: Publicado en el portal de Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=829
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