Por César Gamboa Balbín*
15 de marzo, 2012.- La consulta, la evaluación ambiental estratégica, las mejoras al EIA, el ordenamiento territorial, son todos instrumentos que se pretendían implementar en el Perú para mejorar las reglas del juego en la relación mercado-sociedad-Estado y en el modelo de desarrollo en que venimos inmersos desde hace dos décadas. Al parecer, hemos sido muy ingenuos para creer ello.
En el caso del reciente proceso de reglamentación de la ley de consulta (Ley 29785), el temor fundado a su instrumentalización se dio porque las formas en el diálogo fueron las mismas llevadas a cabo en los tradicionales mecanismos de participación ciudadana de las actividades extractivas, sin aprendizaje de los procesos previos de relacionamiento con las organizaciones indígenas y comunidades.
Por ello, tanto los talleres como el diálogo en la Comisión Multisectorial se vieron deslegitimados por negligencia, acusaciones de mala fe, desconfianza, personalismo, mucha lisonja y poca autocrítica, falta de claridad política, y el quebrado retiro de las organizaciones indígenas.
Y en el fondo, la propuesta de consulta sigue siendo minimalista. El borrador producto de la Comisión Multisectorial enviado a la PCM -quien realmente decide en todo esto-, está muy por debajo de lo que deberíamos garantizar como consulta. Por tanto, si este reglamento no incluye la consulta antes de las concesiones o contratos de licencia, los casos de consentimiento, claridad en afectación de derechos, participación en los planes de consulta, etc., estamos claramente ante una instrumentalización y poco discutiremos del modelo de desarrollo y menos obtendremos la legitimidad de las decisiones de Estado, que serán orígenes de muchos conflictos. Dadas las graves falencias del reglamento la mejor opción hubiera sido quedarnos con el reglamento minero energético de consulta (2011), porque ya era un avance.
Este no ha sido el primero ni será el último proceso de diálogo con los pueblos indígenas, ni el primero ni el último proceso de diálogo donde ha estado ausente la sociedad civil porque el propio Estado ha restringido su presencia donde al final, compelido, se vio obligado a ampliar el diálogo a estos actores.
Pero la cuestión de fondo sigue pendiente: La propuesta de institucionalidad indígena que el Ministerio de Cultura se había comprometido a presentar en febrero, propuesta que se hace muy necesaria ante los yerros funcionales del Viceministerio de Interculturalidad y del INDEPA, propuesta que obligaría a reformar el Estado, cuestión de fondo que se aprecia como urgente y que no se avizora en esta propuesta incompleta de reglamento, ¿ni en el futuro cercano?
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* Cesar Gamboa Balbín es Director de Políticas de la asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
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Fuente: El presente artículo fue publicado el 13 de marzo en el diario La Primera. Servindi lo ha recibido directamente del autor.
Comentarios
Lo sucedido con el INDEPA, es una clara muestra de lo que siempre hizo el Estado criollo tradicionalmente con los derechos de los Pueblos originarios. Lo creó el gobierno de Toledo en el último año de su gobierno, como una OPD, con autonomía y rango Ministerial dependiendo directamente de la presidencia del Consejo de Ministros. Su Consejo Directivo estaba conformado por 9 representantes de los pueblos Andinoamazónico y incluyendo a los Afroperuanos, un reprentante de cada uno de los Ministerios y su Presidente designado por el Presidente del Consejo de Ministros. Función principal según su Ley de creación: Ser el ente rector de las Públicas en materias de los pueblos andino Amazónico y afroperuanos, respecto a las políticas de Desarrollo, protección de su cultura, etc. Luego de su creación su Consejo Directivo en pleno solo sesionó una sola vez, con motivo de su instalación en la ciudad del Cuzco y nunca más volvió a reunirse, su presupuesto no superaba los 5 millones. El cambio de gobierno significó el fin del INDEPA, Alan García se había propuesto liquidarla, lo primero que hizo fue disolver su Consejo Directivo porque ya tenía planeado emitir sus 110 Decretos Leyes que afectaban directamente los derechos de los Pueblos originarios y cómo el Indepa estaba obligado a pronunciarse, lo redujo a una simple oficina instalado dentro del Ministerio de la Mujer a cargo de Ministra aprista Nidia Vilchez, con Miguel de Loayza presidente del Comité electoral del Partido aprista, despachando desde el Indepa asuntos de orden partidario. Sin embargo, un grupo de representantes de los Pueblos Indígenas logró dentro del Congreso restituir la Ley del Indepa, sin embargo, Alan García no quiso promulgarlo, por lo tanto, por insistencia el Congreso logró aprobarlo, pero la situación del Indepa no se alteró en nada, porque luego de la creación del Ministerio de Cultura, pasó como una oficina dependiente del viceministerio de interculturalidad, manejado por un funcionario de 2do nivel, como es que el nuevo gobierno de Ollanta Humala recibe y lo mantiene como tal.
Este comportamiento del Estado criollo, no es nada casual, sino premeditado, calculado, es parte de su política usual y tradicional, invisibilizar a los Pueblos originarios y de este modo con sus Derechos, para seguir usurpandola y saqueandola. Cualquier paso en el presente y el futuro con respecto a los Pueblos será igual, eso lo comprobamos ahora con el tema e la Ley de Consulta previa, que no tiene nada de consulta y previa.
Estas son las muestras de confianza que da el Estado criollo etnocentrista,uninacionalista y monoculturalista da a los Pueblos originarios. Agresión, pisoteo de sus derechos, burla de las Leyes, considerándolos como ciudadanos de 2da categoría en los hechos, no solo en los discursos. Entonces porqué ciertos dirigentes pregonan y creen en el estado criollo enemigo de los Pueblos originarios. Porque cada gobierno compra su base social gracias a su naturaleza clientelista, manipuladora. Al igual que las empresas transnacionales antes de ingresar a realizar un proyecto minero, petrolero, gasífero, lo primero es comprarse a algunos dirigentes en su mayoría mestizos o criollos y en canto a los funcionarios del gobierno, todos están con las empresas transancionales, el que se opone sale despedido como el caso de la Funcionaria Raquel Yrigoyen que fue desembarcado por un telefonaso de la Pluspetrol.
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