Efe, 11 noviembre 2008.- El relator especial de la ONU sobre derechos indígenas, James Anaya, instó hoy a Latinoamérica a que, pese a tratarse de una tarea "difícil", impulse políticas públicas para la aplicación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
Anaya, quien asiste en Costa Rica a un foro de un día sobre el tema, declaró a Efe que "los Estados no deben temer a la declaración porque es un instrumento de paz, de libertad, para construir Estados con base en la soberanía popular".
Agregó que la declaración "significa incorporar a los indígenas dentro del Estado como culturas o pueblos diferenciados" y aseguró que esto "no significa la separación, es una integración respetando sus diferencias".
La Asamblea General de la ONU aprobó el año pasado, tras dos décadas de negociaciones, la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, con 143 votos a favor, cuatro en contra (Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda) y 11 abstenciones, entre ellas la de Colombia.
La declaración, de 46 artículos, establece los estándares mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas del mundo, que incluyen la propiedad de sus tierras, acceso a los recursos naturales de sus territorios, la preservación de sus conocimientos tradicionales y la autodeterminación.
Esta iniciativa no es vinculante, pero para el estadounidense Anaya contiene derechos establecidos en otros instrumentos como la Declaración de Derechos Humanos de la ONU que sí lo son.
En Latinoamérica, donde viven entre 40 y 50 millones de indígenas, la declaración sobre derechos de pueblos indígenas se constituye como un reto "difícil", pese a la existencia de buenas prácticas en la mayoría de los países de la región, comentó Anaya.
"Vemos que en cuestión de política exterior (los países latinoamericanos) están diciendo que apoyan los derechos de los indígenas, lo que hace falta es promover políticas públicas a nivel doméstico que hagan realidad ese compromiso", explicó.
Aseguró que esta tarea requiere recursos humanos, financieros, reformas constitucionales, nuevas leyes, nuevas prácticas administrativas y coordinación entre dependencias del Estado.
"No es nada fácil, pero se puede hacer. Solo falta voluntad política porque no es suficiente, de ninguna manera, simplemente expresar en el ámbito internacional apoyo a la declaración", aseveró.
Entre las buenas prácticas que se presentan en la región en favor de los indígenas, Anaya citó que la mayoría de las constituciones políticas reconocen los derechos de los pueblos indígenas.
Además, destacó que la nueva Constitución de Ecuador contiene una reafirmación "progresista" de los derechos indígenas, mientras la legislación boliviana incorporó explícitamente la declaración de la ONU y en Colombia y otros países los tribunales están tomando en cuenta normas internacionales sobre pueblos indígenas.
Sin embargo, aclaró que "estas buenas prácticas aún no alcanzan a las prácticas que deberían hacerse, entonces tenemos muchos desafíos todavía".
Uno de los aspectos más polémicos de la declaración de la ONU es la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, pues algunos países temen que promueva acciones separatistas que comprometan la democracia.
Ante esto Anaya reiteró que la declaración no es un instrumento de inestabilidad y que sólo busca crear Estados "pluriculturales", donde una cultura no se imponga sobre otra.
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Fuente: Soitu.es
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