América: 12 de octubre: historia de agravios e injusticias

Por Marcos Matías Alonso*

Mi alocución desde esta tribuna legislativa es en el marco de la celebración de los 516 años de resistencia indígena que se conmemora el 12 de octubre, día que simboliza la resistencia milenaria de pueblos orgullosamente indígenas. La rutina de la celebración que se evoca año con año nos obliga reconocer que no hay nada que festejar. Más bien, hay mucho que lamentar y avergonzarnos por la grave situación en que sobreviven nuestros hermanos indígenas.

No es exagerado afirmar que hay miles de indígenas con pies descalzos, estómagos vacíos y sin techo digno donde vivir. El panorama es desolador. El dolor de nuestro pueblo sigue sin encontrar respuesta al reclamo de justicia y exclusión histórica de la que hemos sido víctimas.

Sin embargo, es injusto no reconocer que en nuestro país hay avances significativos en materia indígena. Pero debemos admitir que los esfuerzos han sido insuficientes y que deben redoblarse los compromisos institucionales para disminuir la brecha de la desigualad.

Es frecuente escuchar la admisión de la deuda histórica que el Estado mexicano y el gobierno tienen con los pueblos indígenas. Me limito señalar tres temas relevantes que requieren reorientación y reconsideración sobre la relación entre los pueblos indígenas y el Estado nacional:

a)El despojo de la política indígena. El 15 de diciembre del 2006, Felipe Calderón Hinojosa (FCH) designó a Luis H. Álvarez (LHA) como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

El nombramiento causó retroceso y diversas voces manifestaron su descontento ante tal decisión. Mientras FCH lo enalteció "por su amplio conocimiento" en la materia, los representantes indígenas quedaron decepcionados por la decisión presidencial. Lo mismo ocurrió con los titulares de la DGEI, INALI y la CEIB. La representación indígena quedó desplazada del mando institucional.

Mientras en México se optó por esta decisión equivocada, en la mayoría de los países de la región se avanza en la inclusión de la representación indígena en la estructura del mando institucional. Cito tres ejemplos ilustrativos: Lourdes Tibán en Ecuador, Nicia Maldonado en Venezuela y Margarita Mbwangi en Paraguay, son casos emblemáticos en donde mujeres indígenas han sido enaltecidas con el puesto de ministras para conducir la política indígena en sus respectivos países.

Lamentablemente, la estrategia gubernamental de México no sólo cerró la inclusión de profesionistas indígenas, sino que privilegió la designación a un consejero vitalicio del PAN al frente de la CDI. Esta decisión significó un retroceso preocupante en la política indígena mexicana.

Dicha preocupación también ha sido señalada por legisladores del PAN. En su reunión plenaria de agosto en Hermosillo, Sonora, uno de sus legisladores elevó esta preocupación ante su dirigente nacional. Sintetizó el trabajo de LHA: falta de energía, limitado dinamismo y poca agilidad en la resolución de los grandes problemas de los pueblos indígenas.

La usurpación de funciones y el desplazamiento de técnicos y profesionistas indígenas es el retorno de un indigenismo arcaico que debió haberse superado. Es una afrenta que lejos de honrar a los pueblos indígenas, los sigue viendo con una política paternalista del siglo pasado.

b)La discriminación del gasto social. La pobreza indígena en el país, lejos de disminuir, crece alarmantemente. Ello implica que las políticas públicas no han sido adecuadas. También supone que el gasto público ha sido insuficiente para dar respuesta a la demanda indígena.

La incapacidad de respuesta institucional nos lleva al tema del presupuesto público. Y la pregunta es ineludible e inevitable. En México ¿cuál es el porcentaje del presupuesto público que se destina a los pueblos indígenas? Como ha sido señalado, "los presupuestos nacionales, más que ser datos financieros, reflejan las prioridades gubernamentales sobre los diversos sectores sociales de cada país. Los presupuestos públicos no son sólo instrumentos financieros, son documentos políticos que expresan las relaciones de poder en cada una de nuestras naciones".

El presupuesto global del 2008 fue de aproximadamente 2 billones y medio de pesos. La prioridad gubernamental y la expresión de las relaciones de poder en las cifras hablan por sí mismas. El presupuesto transversal para pueblos indígenas fue de 31 mil millones de pesos, representando el 1.21%. El presupuesto destinado a la CDI fue de 7 mil millones de pesos, representando el 0.2%. Es altamente preocupante que el presupuesto público de la CDI no alcance ni el 1%.

No puede haber justicia ni equidad con un presupuesto discriminante del gasto social ¿Qué debemos conmemorar con una distribución injusta de la riqueza nacional del país? La reparación de la deuda histórica no se paga con discursos y demagogia. Sin voluntad política ni compromiso económico, las palabras caen en el vacío y en el cinismo institucional.

Para colmo de males, en el informe de la Cuenta Pública del 2007, presentado en mayo pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se observa un gasto no ejercido por la CDI con un monto de $ 2 mil millones de pesos, el cual representa el 27.4% del presupuesto total aprobado por la Cámara de Diputados en el 2007. La respuesta enviada por la CDI es insuficiente y continúa pendiente la comparecencia del titular para aclarar la información del ejercicio presupuestal de la CDI.

c)La negación de Derechos Constitucionales. En la conmemoración del 12 de octubre, informo a esta Soberanía que el 5 de diciembre del 2007 se puso a consideración de la Plenaria de la CAI la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar los artículos 2, 26 y 115 de nuestra Carta Magna. La propuesta fue consensada por aclamación unánime y suscrita por todos los miembros de la Comisión en referencia.

El pasado 20 de febrero, la Subcomisión Redactora del Grupo de Trabajo sobre Federalismo de la CENCA aprobó por consenso la propuesta de reforma constitucional de los artículos en referencia.

Sin embargo, desde el 13 de diciembre pasado, la Iniciativa espera turno para ser dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales. Hago un reconocimiento público a los diputados del PRI y PRD que integran dicha Comisión por su alto compromiso de apoyar a los pueblos indígenas de México. Desde esta Soberanía exhorto a los diputados del PAN a no postergar ni dilatar el dictamen correspondiente ¿Porqué insisten en negar el reconocimiento de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas de México?

Sr. Presidente, en el contexto de la celebración del 12 de octubre, permítame reconocer el Acuerdo Parlamentario de la Junta de Coordinación Política, del 18 de septiembre pasado, sobre la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, de la cual solicitó "a los Partidos Políticos, representados en el Congreso de la Unión que, en el marco de la Reforma del Estado, apoyen las propuestas de Reforma Constitucional en materia indígena, con el propósito de armonizar la legislación nacional con las bases normativas establecidas en la Declaración..."

Este Honorable Congreso tiene la alta responsabilidad de armonizar nuestra legislación nacional con las bases normativas de los instrumentos internacionales vigentes. Si nuestros coordinadores parlamentarios son consecuentes y honran su palabra de cumplir y hacer cumplir la reforma constitucional en materia indígena, no hay justificación para postergar nuestra Iniciativa, que en síntesis propone:

Adición al artículo 2º sobre el derecho a ser sujeto de derecho público:

"Esta Constitución reconoce que los pueblos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y son sujetos de derecho público. El Estado reconoce plenamente la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas y respeta sus propias formas de organización".

Adición al artículo 2º sobre el derecho a la consulta:

"El estado en sus distintos niveles y ámbitos, deberá consultar y consensar con los pueblos indígenas todos aquellos asuntos que les atañen, mediante sus procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, garantizando su derecho de consulta con consentimiento libre, previo e informado".

Adición al artículo 26 sobre el derecho a la consulta y el desarrollo:

"La legislación correspondiente establecerá los mecanismos necesarios para que, en los planes y programas de desarrollo, se tomen en cuenta a las comunidades y pueblos indígenas en sus necesidades y especificidades culturales a través de la consulta y consenso, garantizando su derecho al consentimiento, libre, previo e informado. El Estado les garantizará su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional".

Adición al artículo 115 sobre el municipio indígena y la libre determinación:

"Se respetará el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas en cada uno de los ámbitos y niveles en que hagan valer su autonomía, pudiendo abarcar uno o más pueblos indígenas, de acuerdo a las circunstancias particulares y especificas de cada entidad federativa. Las comunidades indígenas y los municipios que reconozcan su pertenencia a un pueblo indígena tendrán la facultad de asociarse libremente a fin de coordinar sus acciones como pueblos. Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que les asignen".

Sr. Presidente, concluyo mi intervención recordando las palabras que en días pasados pronunció en este recinto legislativo el diputado Juan José Rodríguez Prats (PAN): "no hay ninguna causa pequeña, que todo vale la pena si el alma no es pequeña". Si nuestra alma no es pequeña y si reconocemos que no hay causas pequeñas, es hora de dar prioridad nacional al tema indígena en México.

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* Marcos Matías Alonso es Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados.