Reproducimos la Declaración de Pasco suscrita por el Encuentro de la Macro Región Centro, la Resolución del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, una nota de prensa de la Confederación Nacional Agraria (CNA) y otra de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) referidas al Paro Nacional a realizarse el 8 y 9 de junio.
Declaración de Pasco
Desde las comunidades campesinas de Pasco y asistentes al I Encuentro Macroregional por la Agricultura, la Soberanía Alimentaria y la Interculturalidad de las comunidades y pueblos originarios.
Hace más de 500 años, se produjo la invasión producto de la expansión colonizadora de los países europeos, en la que se nos obligó a dedicarnos a la minería a fin de darle soporte a su economía decadente e industria en gesta, es decir de acuerdo a las necesidades del mercado. De igual forma sucedió con los colonizadores de otros países monopolistas. Nuestros ancestros se rebelaron en forma constante, y resistieron durante estos siglos sin perder sus costumbres y sus valores, personificado en las comunidades campesinas y comunidades nativas.
Nosotros como herederos de culturas ancestrales no podemos someternos a las nuevas formas de presentar el imperialismo que ahora dicen neoliberalismo del viejo colonialismo; que es eso lo que pretenden ahora ante la desesperación de la escasez de los recursos naturales en sus países, la creciente crisis del modelo neoliberal y que dichos forados pretenden también que ahora lo cubramos con nuestra Pachamama, nuestros bosques, ríos, nuestra salud y vida; por ello nos presentan los acuerdos comerciales como un hecho imponderable y moderno.
Las empresas transnacionales invaden nuestros territorios con la finalidad de que circulen sus mercancías sin problemas, con gran explotación a los trabajadores, pues no les reconocen los derechos laborales que tanta lucha costo alcanzarlos a los obreros a inicios del siglo pasado, sin responsabilidad del cuidado del ambiente, sin respeto a nuestros derechos colectivos de los comuneros y pueblos indígenas. Pero veamos como nuestros hermanos que migraron a los países capitalistas ahora son perseguidos, maltratados, asesinados, desprestigiados y deportados, como parte de su política de "socio de TLC".
Que los gobiernos de turno han venido aplicando estas políticas a espaldas de la ciudadanía en general y en especial de los comuneros y pueblos indígenas, pretendiendo fomentar el odio a las comunidades con discursos ajenos a nuestra realidad como el "Perro del hortelano" y en forma inmediata presentando al Congreso de la Republica un paquete de proyectos de ley, dirigidos a destruir jurídicamente las comunidades campesinas y comunidades nativas, en vista, del trabajo de las organizaciones de las comunidades para frenar este despropósito, entonces la aprueba directamente el presidente aprista Alan García Pérez, primero 11 decretos Legislativos que criminalizan la protesta social en julio del 2007 para atemorizarnos y evitar la defensa frontal de nuestros territorios, atentando contra nuestros derechos colectivos la autonomía y la consulta previa libre e informada, nuestro derecho a existir como pueblos, uso de nuestro propio idioma y a decidir la prioridad de nuestro desarrollo desde nuestra visión. Atentando contra los derechos fundamentales.
Los daños ambientales generados por las empresas mineras a las diversas comunidades campesinas, nuestro patrimonio cultural y arqueológico de nuestros ancestros, no son evaluados, fiscalizados ni sancionados por las autoridades estatales en claro contubernio.
El Estado se ha orientado a reprimir las protestas y autorizar el uso de las armas contra los manifestantes por lo que existen mas de ocho muertes en lo que va de este gobierno.
Es claro el fracaso de la política educativa, alejada de la realidad de nuestros pueblos y ajena a nuestras necesidades nacionales, durante estos siglos solo ha prevalecido la educación occidental, caduca para nuestros pueblos.
Frente a esto, las organizaciones nacionales de las comunidades y de los pueblos indígenas, la federación regional de las comunidades campesinas y Nativas de Pasco (FERECCNPA), la Coordinadora Regional de las Comunidades Afectadas por la Minería (CORECAMI-PASCO), la Nación Chincaycocha, CONACAMI-PERU, ANAMEBI, las organizaciones de las Regiones Junín, Huancavelica, Ayacucho, Lima, organizaciones sociales de jóvenes y mujeres, y comuneros y comuneras, tenemos claridad al respecto y nuestra posición la exponemos seguidamente:
Sobre los acuerdos comerciales TLC con EEUU, UE, Canadá y otros debemos rechazar y generalizar la protesta ante su imposición porque:
1. Para nuestras comunidades es nefasta, afectará los territorios, recursos naturales, ambiente en general.
2. Patentarán nuestros conocimientos colectivos que nos costó milenios adquirir y que incluso ahora están exigiendo flexibilizar la Decisión 486 de la Comunidad Andina -CAN, para patentarlo sin reconocer nuestro aporte y luego "vendernos".
3. Los campesinos de esos países gozan de políticas de Estado a su favor, tienen subsidios y competirán con nuestra producción huérfana de toda esa protección legal que gozan en sus países.
4. Invasión de productos transgénicos, degenerados y sin certeza de cuanto daño nos causará a la salud, nuestras vidas y el germoplasma.
5. Mayor depredación y contaminación de nuestros territorios por las empresas transnacionales, porque no existe autoridad ni normatividad ambiental efectiva.
6. El calentamiento global que genera el cambio climático, es causado por las grandes industrias de los países neoliberales (del capitalismo imperialista), se niegan a reducir sus emisiones contaminantes, efluentes, se niegan a utilizar tecnología que garantiza el control contaminante; porque sus empresas transnacionales tendrían menos utilidades y se resisten a recoger los mecanismos ancestrales de producción para garantizar la alimentación mundial.
Sobre la Soberanía y la Seguridad Alimentaria
1. Las tierras productivas deben estar dedicadas para la producción de alimentos y no agrocombustibles.
2. La producción agropecuaria debe permitir el abastecimiento de alimentos sanos a todos y en toda época en el mercado nacional antes de preferir la exportación.
3. Se promueva y desarrolle la producción diversificada y que forme parte de la política agraria regional.
4. Impulsar y proteger todos nuestros cultivos ancestrales y nuestros camélidos sudamericanos.
5. Proteger el agua, los páramos, ojos de cuenca, calidad y cantidad suficiente para garantizar una vida sana.
6. Fomentar la producción local y regional de productos nativos.
7. Generar una agenda concertada que se oriente a la aprobación de una política integral agropecuaria desde el ámbito regional, en vista que no existe política nacional para los pequeños agricultores y comunidades.
Sobre la afectación a los derechos colectivos de las comunidades campesinas y de los Pueblos Indígenas decidimos:
1. Proyectos normativos.- Rechazamos la política del gobierno de turno, dirigida a las comunidades campesinas y comunidades nativas que busca despojarnos de nuestros territorios vía individualización de la propiedad. 1770, 1900, 1992, 2133, 840.
2. Decretos Legislativos.- Rechazamos y desconocemos los D.Leg. 994, 1015, 1020, llamamos a la desobediencia civil de estas leyes autoritarias ilegales y anticonstitucionales. Buscaremos su derogatoria con nuestra lucha y las demandas de inconstitucionalidad y ante los fueros internacionales.
3. Estas normativas afectan nuestros derechos colectivos y atentan contra nuestras vidas como pueblos por lo que pedimos la presencia de un RELATOR de la OEA / ONU para que verifique estos atentados contra los derechos humanos.
4. Fortalecer nuestras organizaciones, nuestras prácticas sociales ancestrales, hagamos prevalecer nuestra autonomía y establezcamos en nuestros Estatutos, el máximo nivel para garantizar nuestros territorios y lindemos nuestro territorio con cercos vivos. Dejando de lado políticas serviles.
5. Exijamos el respeto de nuestros derechos colectivos y defender la biodiversidad mediante la concientización de los pueblos en la amazonía y los andes peruanos, frente a la desesperación estatal de agotarla o depredarla.
6. Que se derogue el Art. 23 incisos i) h), y Decreto Supremo 074, por inconstitucionales, que impiden la denuncia a empresas mineras que contaminaron y afectaron la salud y vida de los comuneros y pobladores en La Oroya y otros, por la intoxicación de la sangre con plomo, arsénico y otros elementos tóxicos.
7. Promover mecanismos de consulta y el consentimiento, previo, libre e informado, antes de aprobar cualquier medida legislativa, administrativa, programas, planes, proyectos y otros que afecte nuestros derechos.
8. Se aplique el impuesto a las sobreganancias de las empresas mineras. A pesar de que Obama ha puesto en agenda de los EEUU, aquí Alan García se niega a discutirlo y menos a aplicarlo acrecentando las grandes ganancias de las empresas frente a la creciente pobreza de nuestro pueblo.
9. Las regalías mineras deben otorgarse directamente a las comunidades afectadas o donde se desarrolla la actividad minera.
10. Las empresas agroexportadoras tributen en el departamento donde desarrollan sus actividades, como sucede en Ica.
11. Cese de contaminación del río Pampas, porque contamina a las comunidades y sus empresas productoras que abastece de productos alimenticios a las ciudades. Sanción a las empresas mineras contaminadoras.
12. Protección de los ríos Vilcabamba y Tapu en la provincia de Daniel Carrión.
13. En Laramarca-Huancavelica que la minera no invada nuestros territorios comunales.
14. Dada la cantidad de conflictos sociales generados por la minería, existe una persecución sistemática a quienes luchamos por defender los derechos de nuestros pueblos, rechazamos la sentencia manipulada del Juzgado Daniel Carrión, en contra de comuneros indefensos, sentenciándolos sin que medie delito alguno.
15. En la administración de justicia denunciamos a la PNP, Ministerio Público y Poder Judicial, por altos niveles de corrupción y festinación de trámites en contra de las comunidades y beneficiando a las empresas mineras.
16. La incapacidad estatal en todos sus niveles, está demostraao por la falta de ejecución de diversos proyectos que cuentan con presupuestos, por eso exigimos que nos entregue en forma directa ese financiamiento.
Apoyo y respaldo a las diversas organizaciones que están en pie de lucha por la defensa de sus derechos:
Solidaridad con las luchas de los hermanos de Moquegua y alto a la persecución.
No a la militarización de los territorios comunales en Ayacucho.
Propugnamos la construcción de un Estado Plurinacional, con una Constitución desde las bases.
Viva el Gran Encuentro Intercultural y de resistencia del 22 de junio en la Plaza de Chaupimarca.
Nos reafirmamos en nuestra propiedad comunal, nuestra autonomía y nos declaramos en rebelión como nuestros ancestros.
¡Viva el Paro Nacional Agrario del 8 y 9 de Julio!
Pasco, 21 de junio 2008
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Resolución del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho
Vistos:
Los Acuerdos de las Organizaciones Populares, Sindicales de carácter nacional y regionales de todo el país que han decretado el Paro Nacional para los días 8 y 9 de julio del 2008; y,
Considerando:
que, dentro del contexto de la lucha nacional del pueblo peruano previsto para los días 8 y 9 de julio del 2008, el actual Gobierno Central en aplicación de los mandatos del imperialismo norteamericano, viene atentando contra los intereses nacionales y de la región Ayacucho en particular, muy a pesar de nuestra enorme contribución histórica en bien de nuestro país, de la situación de post guerra en la que nos encontramos, de estar situados entre las tres regiones con mayores índices de pobreza y extrema pobreza del Perú, de haberse comprometido el gobierno en actas suscritas durante la mesa de diálogo del 2007 a declarar a Ayacucho como REGION DE ATENCION PREFERENTE y a atender la Agenda Wari, compromisos incumplidos y burlados hasta la fecha, y que por el contrario seguimos siendo tratados injustamente en la distribución del presupuesto nacional de la república en comparación a otras regiones que tienen mayor desarrollo.
El pueblo de toda la región de Ayacucho organizado en su Glorioso Frente de Defensa del Pueblo, en Asambleas Extraordinarias de Delegados realizadas los días 30 de mayo y 13 de junio del presente año, acordó por unanimidad convocar al Paro y Movilización Regional del Pueblo de Ayacucho para los días 8 Y 9 de julio de 2008. Asimismo, se aprobó para dichos días la movilización del pueblo en toda la región portando en mano de cada manifestante la Bandera Nacional; por lo que en cumplimiento de este mandato popular, El Comité Ejecutivo del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho,
Decreta:
Primero.- PARO Y MOVILIZACION REGIONAL DE TODO EL PUEBLO DE AYACUCHO LOS DIAS 8 Y 9 DE JULIO DEL 2008, a partir de las 00.00 horas del día 8 de julio hasta las 12 de la noche del día 9 de julio del 2008.
Segundo.- Movilización Popular los días 8 y 9 de julio del 2008, en toda la región de Ayacucho, para lo cual cada manifestante portara en mano personalmente la Bandera Nacional.
Tercero.- Entregar anticipadamente las plataformas de lucha, tanto al Gobierno Central, Gobierno Regional de Ayacucho y Gobiernos Locales de toda la región para su atención y solución correspondiente.
Cuarto.- Organizar la vigilancia popular en toda la región durante el paro y movilización, para conjurar cualquier infiltración que pretenda enturbiar nuestra justa protesta.
Quinto.- En cada Provincia de nuestra región, los Frentes de Defensa provinciales y/o distritales, orgánicamente elaboraran su plataforma de lucha y entregarán a cada municipalidad provincial y/o distrital de su localidad, para su atención y solución correspondiente.
Sexto.- Se enarbolará, en toda la región, la siguiente plataforma de lucha:
I. AL GOBIERNO CENTRAL:
PLATAFORMA REGIONAL
1. Exigimos el retiro inmediato de las tropas norteamericanas de Ayacucho y del Perú por atentar contra la soberanía nacional
2. Exigimos el cumplimiento de las actas suscritas por el Gobierno Central en la Mesa de Diálogo luego de la Marcha de los Wari
a. Declarar a Ayacucho como Región de Atención Preferente por encontrarse entre las tres regiones con mayores índices de pobreza y extrema pobreza, mereciendo priorización en la distribución del presupuesto de la República
b. Construcción del Gaseoducto para Ayacucho y reparaciones justas a los afectados por el proyecto Camisea
c. Atención a la Agenda Wari (obras e inversiones a corto, mediano y largo plazo)
3. Exigimos la derogatoria de los decretos legislativos que criminalizan la protesta popular y dan lugar a la persecución y encarcelamiento de dirigentes populares de Ayacucho. Exigimos la libertad del Presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de Huanta, Prof. Eloy Robles Carrión y del dirigente estudiantil Ulcer Pillpa, y cese a la amenaza de detención contra la Presidenta de la FEDECMA, Judit Ortega Rojas, contra la ingerencia política del actual gobierno central para el traslado del juicio oral a la ciudad de Lima de los dirigentes populares Iber Maraví Olarte (actual presidente del FREDEPA) y otros por los hechos suscitados el 1 de julio del 2004.
4. Contra la militarización de la selva ayacuchana y contra la erradicación de la hoja de coca en el VRAE
5. Contra la voracidad y prepotencia de las transnacionales mineras que operan en Ayacucho, principalmente en el Sur de la región.
6. Contra la impunidad, exigimos sanción ejemplar para los autores materiales e intelectuales de los delitos contra la humanidad: fosas comunes en el Cuartel los Cabitos, Putis y otros.
7. Exigimos sanción ejemplar a los autores materiales e intelectuales del asesinato a los dos Campesinos de Susu, durante el Paro Nacional Agrario del día 19 de febrero del 2008. Renuncia del Ministro del Interior Luis Alva Castro
Plataforma Nacional
1. Contra el criminal Programa Neoliberal implementado por el actual gobierno central en obediencia al imperialismo norteamericano.
2. Contra el incesante alza del costo de vida
3. Por la Derogatoria del Decreto Legislativo 1015 y por el respeto y plena vigencia de las Comunidades Campesinas y Nativas. Por la asignación de mayor presupuesto a la agricultura nacional.
4. Contra la concesión de la amazonía peruana (Ley de la Selva)
5. Contra la venta y saqueo de los recursos naturales
6. Contra la privatización de la economía nacional (educación, salud, seguridad ciudadana, agua, tierras, aire, patrimonio cultural, puertos, aeropuertos, administración pública, etc).
7. Por la defensa de la producción nacional y mas trabajo para el pueblo
8. Por una nueva Constitución Política del Estado mediante Asamblea Constituyente
9. Por la derogatoria de las normas que criminalizan la protesta popular
II. AL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO:
1. Condenamos la complicidad del Presidente Regional Ing. Ernesto Molina Chávez, para el ingreso de tropas norteamericanas a nuestra región con el pretexto de "ayuda humanitaria" y exigimos el retiro inmediato de las tropas norteamericanas de Ayacucho.
2. Contra la Corrupción y falta de transparencia en la administración de los recursos del Estado manejados por el Gobierno Regional de Ayacucho y por el cumplimiento de sus promesas electorales
3. Contra la actitud traidora del Presidente Regional, en complicidad con el Gobierno Central, respecto al incumplimiento de los acuerdos y compromisos arribados en la Mesa de Diálogo para la solución de la Agenda Wari
4. Por la inaplicabilidad de la Ley 29035 y por la nulidad de la Ordenanza Regional 024 respecto al proceso de reestructuración de la administración pública de Ayacucho que contraviene a las normas vigentes y pone en riesgo la estabilidad laboral y el fuero sindical. Alto a la persecución y hostigamiento sistemático a dirigentes y trabajadores.
Regístrese, cúmplase y archívese
Ayacucho, 16 de junio del 2008
Iber Maraví Olarte, Presidente del FREDEPA
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Nota de prensa de la Confederación Nacional Agraria: Organizaciones presentan Agenda al Ministro Jorge del Castillo
En una extensa jornada las organizaciones gremiales representativas del Agro Nacional tales como CNA, CCP, CONACAMI, CAOI y AIDESEP, CONVEAGRO y la Junta Nacional de Usuarios de Riego llegaron a establecer los siguientes puntos de una Agenda que presentaron a través de un emisario al Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo Gálvez.
Dichos puntos son los siguientes:
Primero: La derogatoria del Decreto Legislativo 1015 y 994, así como iniciar un proceso de dialogo con todos los gremios agrarios
Segundo: En un plazo de 120 días naturales, cumplidos a partir de la fecha se debe iniciar un proceso de consulta a las comunidades campesinas y nativas tal como los establece el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT a fin de elaborar propuestas en favor de estas comunidades.
Tercero: La propuesta o propuestas una vez cumplido los requisitos según el articulo anterior serán elevadas al Congreso de la Republica para su debate y aprobación.
Cuarto: Respaldar la Acción de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo y Congresistas de la Republica ante el Tribunal de Garantías Constitucionales por el Decreto Legislativo 1015.
Asimismo el Presidente de la CNA Antolin Huascar Flores anunció que mañana Viernes 27 de Junio del presente año se llevara a cabo una Conferencia de Prensa en las instalaciones de la Confederación Campesina del Perú CCP, donde se dará anuncio de estos puntos, y el plan a desarrollarse con motivo del PARO AGRARIO Y NACIONAL del 8 y 9 de Julio.
Antolín Huáscar Flores, Presidente de la CNA
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Bases de AIDESEP movilizadas por la Defensa de los Territorios Indígenas y de la Amazonia
Durante este mes de Junio, varias movilizaciones y protestas en diversos puntos del Perú se han realizado para frenar la ofensiva legislativa del Gobierno de Alan García que atenta a los Derechos colectivos de los diversos Pueblos Indígenas que existen en el Perú, cuya política estatal pretende ir en beneficio directo de grupos de poder económico.
De esta forma, en la Amazonía del Perú, las bases de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) se encuentran movilizadas en diversos escenarios, en protesta a este nuevo atropello y que entre otros impactos, acarrearía la pérdida de los derechos colectivos territoriales, la fragmentación y despojo de las tierras para la sobreexplotación de los Recursos Naturales a un espacio que es vital para la existencia del planeta.
La ofensiva legislativa es inconstitucional de forma y de fondo, siendo una de las razones la contraposición que se quiere hacer a un tratado Internacional de Derechos Humanos de primer rango constituyente, que es el convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo (OIT), como asimismo, a la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y que fuese apoyada por el Estado peruano el 13 de septiembre del 2007.
Las diversas disposiciones tanto nacional como internacional en materia indígena, se refieren al resguardo de los Derechos colectivos, entre ellos, sus territorios, tierras, recursos naturales, culturas y medio ambiente, sin embargo, el gobierno de Alan García se ha empeñado en iniciar una violenta política de imposición, comenzando con el ya promulgado Decreto legislativo "1015", que busca fragmentar las tierras por medio de títulos individuales y riesgo latente de despojo.
Una de las acciones que se realiza en el plano internacional, es una medida presentada por AIDESEP ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al respecto, el vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Robert Guimaraes, señaló hace algunos días a la agencia internacional IPS, que el decreto legislativo fomenta la desarticulación del sistema de propiedad colectiva de los pueblos indígenas, atenta al derecho de consulta y de consentimiento previo libre e informado, en un País donde se están negando los derechos indígenas.
"Los indígenas tenemos una visión distinta del territorio porque para nosotros es un bien colectivo, no individual, y además está relacionado a costumbres y valores culturales", señalaba a la agencia al momento de viajar a Washington para las gestiones ante la CIDH.
Aidesep, que viene preparando a su vez el sustento legal de una acción legal de inconstitucionalidad, señala, entre otras disposiciones, que el decreto viola el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exige a los estados consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos.
La norma también violaría varios artículos de la Constitución, que establecen que las comunidades son autónomas en su organización, y garantizan la propiedad comunal.
Movilizaciones en la Amazonía
Desde el 6 de Junio diversas organizaciones de la Amazonía vienen realizando masivas movilizaciones para la defensa de su territorio, una de ellas, fue la realizada en Pucallpa donde la Organización Regional de Aidesep en Ucayali - ORAU-, salió a las calles ante una convocatoria colectiva con centenares de personas de Comunidades, organizaciones y Federaciones de diversos Pueblos Indígenas en este punto de la Amazonía.
Entre los mensajes entregados en un acto público, también realizado en Pucallpa, fue un urgente llamado a la unidad indígena en todo el Perú ante lo que han denominado una situación de emergencia y de enorme preocupación, ese era el espíritu señalado por la Presidenta de ORAU, Daysi Zapata, quien adelantaba que continuarán con las protestas hasta que se archiven los Decretos Legislativos que se intentan imponer.
Así como en Pucallpa, también en Contamano, simultáneamente se centró una masiva movilización, con centenares de personas repudiando el Decreto Legislativo 1015 y por la defensa de sus derechos colectivos.
Complementario a esto, para el mes de julio se preparan varias acciones por la defensa de la Amazonía, una de ellas es la convocatoria a un paro los días 7, 8 y 9 en diversos puntos de la Amazonía, convocado por diversos referentes políticos-sociales, indígenas, ambientales, gremios. Para el mes de agosto, nuevas acciones y movilizaciones indígenas se vienen con fuerza.
Cabe mencionar que el día 20 de Junio, representantes de diversas organizaciones indígenas - campesinas del Perú, realizaron un plantón ante las oficinas de las Organización de Estados Americanos, exigiendo el nombramiento de un relator de ese organismo hemisférico para que verifique las violaciones a los derechos de las comunidades por parte del Estado peruano.
La acción fue encabezada por la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI; la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI; la Confederación Nacional Agraria, CNA; la Confederación Campesina del Perú, CCP; la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva del Perú, AIDESEP; la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, CUNARC, la Asociación Nacional de Maestros de Educación Bilingüe, ANAMEBI, entre otras.
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