SIEC-Actualidad Étnica, 06 de junio.- Después de una semana de permanecer en Bogotá los emberas del Chocó no serán inscritos en el Registro Único de desplazados del programa de la presidencia Acción Social.
Y no es que les den este estatus, porque ser desplazados no es un privilegio en Colombia advierte una fuente de la Personería de Bogotá, sino que Acción Social argumenta que en la zona no hay problemas de orden público, con base en documentos de las autoridades locales como la Alcaldía de Bagado -municipio de donde salieron los emberas-, un informe del ejército y algunos testimonios de algunas autoridades indígenas que indican que efectivamente no hay enfrentamientos en los últimos días.
Sin embargo la Personería de Bogotá tiene otras consideraciones al respecto, esta entidad como organismo de vigilancia y control que trabaja por la promoción, difusión y defensa de los derechos de los ciudadanos y en su interés por conocer y acompañar las problemáticas de los distintos grupos poblacionales que llegan como desplazados a la capital sostiene que debe haber una atención integral con enfoque diferencial para el caso de los emberas por parte del gobierno.
Al conocerse el acto administrativo por medio del Cual Acción Social niega la condición de desplazados a los 100 emberas del Chocó que continúan desplazados ha habido muchas reacciones. En reunión interinstitucional del pasado 3 de junio se acordó que se debe atender a los indígenas por lo menos dos semanas más.
La Defensoría Delegada para Minorías Étnicas sostuvo que este acuerdo implica que las instituciones del gobierno deben prestar atención a los emberas aun cuando no se les haya reconocido como desplazados, mientras en reunión a realizarse la próxima semana se definirán los pasos a seguir.
También la Procuraduría le solicitó a Acción Social y a las entidades encargadas de prestar la atención a los desplazados para que cumplan sus obligaciones.
Se debe garantizar la atención para ellos independientemente si se les reconoce o no como desplazados, le dijo a Actualidad Étnica una fuente del Ministerio Público e indicó que con base en la Sentencia 327 de 2001 de la Corte Constitucional el gobierno y el Estado están en la obligación de atender la población desplazada esté o no inscrita en el registro de desplazados. La Procuraduría le recordó a Acción Social su obligación de atender a estas personas.
¿Y los emberas qué?
Mientras las instituciones del gobierno planean una reunión con las autoridades indígenas a los mismos desplazados parece no tenérseles en cuenta.
Esta es una de las consideraciones de La Personería de Bogotá; mientras Acción Social recoge las versiones del ejército y de las autoridades locales no tiene en cuenta las opinión y los argumentos del Cabildo Gobernador de esta comunidad embera que ya cumple más de una semana en albergues provisionales, dijo a Actualidad Étnica una fuente de esta entidad.
En este sentido la personería le recordó a Acción Social que el cabildo gobernador es una figura de autoridad pública de carácter especial y que es la primera fuente que debe tenerse en cuenta a la hora de tomar determinaciones.
Con respecto al tratamiento que se les ha venido dando a las comunidades emberas la Personería sostuvo que tiene otros elementos de análisis distintos a los que tiene Acción Social que a través de una serie de Actos administrativos le niega la condición de desplazados a estas comunidades por las razones ya expuestas.
La fuente sostuvo que la Personería no solo indaga la problemática de esta comunidad, sino que estudia jurídicamente el tema y han encontrado elementos que les permiten identificar si estas comunidades son desplazadas. La zona de Bagado, Conondo, Las Brisas y regiones aledañas son consideradas por el ejército como zona roja; eso ya establece unas características muy especiales para las comunidades que habitan esta región.
Otro elemento que encontró el Ministerio Público es que en la zona sí se han presentado algunos enfrentamientos recientes que pudieron haber sido el detonante para el desplazamiento de estas comunidades. Esto lo pudo determinar la personería distrital a través de ACNUR, la Cruz Roja y las mismas autoridades indígenas de la región.
El grupo de indígenas desplazados es muy vulnerable ya que de los cien desplazados hay unos 60 niños y unas 12 mujeres y el resto hombres; ellos argumentan que abandonaron su tierra por los constantes enfrentamientos entre militares y guerrilleros. Manifiestan que salieron de sus parcelas porque recibieron amenazas de los grupos guerrilleros. Esta versión también coincide con los fundamentos de la Personería distrital.
Estas comunidades están en medio de un conflicto y por eso están a merced de las intimidaciones de uno y otro actor armado incluyendo dentro de estos actores al ejército nacional, independientemente de que esté salvaguardando la soberanía del Estado y la seguridad de los ciudadanos. Tenemos que entender que para unas comunidades como los emberas que son indefensas esos son factores de desestabilización.
Otras autoridades indígenas sin embargo reconocen que sí hubo confrontaciones militares en la zona y este es otro elemento de análisis que hace la Personería de Bogotá. Esta entidad manifestó su preocupación por la forma en que actúan las instituciones de gobierno en la atención a estas comunidades que son absolutamente vulnerables.
Indicó que esta comunidad que viene con Cabildo gobernador, que en su mayoría son niños y mujeres que no hablan el español no se le está tratando o atendiendo de acuerdo al enfoque diferencial que establece la normatividad para atención, prevención a población desplazada en alto riesgo.
Finalmente la fuente aseguró que primero se debería tener en cuenta la versión de la autoridad indígena que viene con su comunidad por su carácter de autoridad pública de carácter especial. Las comunidades permanecerán por lo menos dos semanas más; mientras se realiza una reunión interinstitucional y las autoridades indígenas para propiciar un retorno.
La Defensoría delegada recordó que estas comunidades deben ser atendidas mientras no se llegue a un acuerdo para el retorno, pero que sea un retorno con garantías y con medidas de fondo para que las comunidades puedan permanecer en su tierra sin ningún temor. Algunas versiones determinan que Acción Social no está siendo coherente con la realidad de estas comunidades.
La Personería indicó que algunas versiones de algunos medios de comunicación no son muy precisas en este sentido; no es muy preciso decir que Acción Social no ha determinado la acción a seguir; ya tomó una decisión de acuerdo a su fundamentos y facultades legales y determinó que no son familias desplazadas, pero eso no quiere decir que el Estado no debe atenderlo:
Acción Social sí está comprometido en la atención integral a estas comunidades a través de distintas instituciones como la Secretaría de Salud, de Bienestar Familiar entre otras. La Defensoría delegada aclaró que si bien las instituciones privadas son las que están atendiendo a los desplazados lo hacen en su carácter de empresas prestadoras de servicio, pero con recursos del Estado.
La Personería manifestó que muchas de las obligaciones del gobierno nacional están recayendo en las entidades distritales que no deberían asumir este compromiso, pero que sin embargo han tenido que apersonarse de la situación por razones humanitarias.
Las entidades del Ministerio Público trabajan en coordinación en torno a este tema y sostienen que ante la decisión de Acción Social se puede presentar un recurso de reposición y/o apelación y que esperan la decisión de las autoridades indígenas para apoyarlos y acompañarlos en esta determinación.
Los emberas permanecen en albergues provisionales y tres niños provenientes del Chocó se encuentran en cuidados intensivos en el hospital de Kennedy por graves problemas de desnutrición.
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Fuente: Prensa Indígena
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