Servindi, 8 de febrero, 2011.- Cientos de indígenas, ambientalistas y demás poblaciones afectadas, se reunieron ayer en Brasilia para exigir al gobierno que detenga la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte.
La manifestación tuvo como detonante el anuncio del gobierno de liberar la limpieza de una gran área en la Amazonía para dar espacio a la construcción del obrador de la hidroeléctrica.
Ante ello, el Ministerio Público Federal en Pará hizo una presentación judicial declarando que el comienzo de la obra es ilegal sin el cumplimiento de las condicionantes.
Para el día de hoy se tiene planeado entregar a la presidenta Dilma Rousseff documentos contra la construcción de la represa, respaldados por unas quinientas mil firmas.
En el petitorio se hará conocer a la presidenta “la inviabilidad del proyecto, la violación de los derechos de la población de Volta Grande do Xingú y de las demás poblaciones”, anunció Antonia Melo, coordinadora de las mujeres del movimiento Xingú vivo para siempre.
“Además, también vamos a reivindicar que la matriz energética se discuta con nosotros. La energía no está privatizada y por eso no puede quedar sólo en los despachos”, agregó la activista.
El día de ayer los indígenas realizaron un seminario donde se informaba sobre las consecuencias que podría dejar la usina Belo Monte, la cual será construida en el estado de Pará.
"No queremos Belo Monte y esperamos que el gobierno escuche", dijo al inaugurar el seminario el cacique Raoni Metyktire, de la tribu kayapó y recordado por la campaña en defensa del río Xingú en 1989, cuando fue apoyado por el cantante británico Sting.
En el seminario también participó el indígena Marcos Terena, quien recordó que el proyecto de hidroeléctrica nació en la década del 70, con la dictadura militar; luego fue retomado por Lula Da Silva, y ahora amenaza con convertirse en realidad con Rousseff.
La licitación de las obras datan de abril de 2010, luego de lo cual se adjudicó el proyecto a un grupo formado por la Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF, estatal), la constructora privada Queiroz Galvão y otras seis empresas.
El proyecto de la represa se convertirá en la tercera mayor hidroeléctrica de todo el mundo, después de Tres Gargantas (China) e Itaipú, esta última en territorio de Brasil y Paraguay.
Tendrá un costo de 10.600 millones de dólares, una capacidad de generar 11.233 megavatios en épocas de crecidas del río, y se estima que creará 18.700 empleos directos.
Sin embargo, los grupos opositores al proyecto afirman que los puestos de trabajo no serán para los habitantes de la zona, quienes en su mayoría son indios y agricultores dedicados al cultivo de cacao.
De construirse la central, se deberá inundar un área de 506 kilómetros cuadrados, lo que implica el desplazamiento de unos 50 mil indios y campesinos, según lo indicado por los movimientos sociales.
Raoni Metyktire afirmó que la construcción de la hidroeléctrica destruiría vastas áreas consideradas “vitales”, y alterará las condiciones de un río que representa la base de sustento para millares de personas.
Por otra parte, el ministro de Minas y Energía, Edison Lobao, consideró que la represa de Belo Monte era “uno de los más importantes proyectos” para la generación de energía y confió en que en marzo próximo comenzarían las obras.
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