CNR, 19 marzo 2008.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por intermedio del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, expresó al Gobierno peruano su preocupación por la contaminación y la degradación ambientales derivadas de las actividades de las industrias extractivas en los territorios de los pueblos indígenas de nuestro país, y por su impacto sobre la salud y las formas tradicionales de vida de estos pueblos.
Así lo señaló a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) el abogado de la Organización No Gubernamental ambientalista "Racimos de Unguarahui", Vladimir Pinto, quien recordó que desde 1998 existe un pedido no respondido por nuestro país para saber cuál la verdadera situación de las comunidades amazónicas.
Pinto precisó que el pedido del organismo supranacional obedece a una solicitud de su entidad junto a la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (FECONACO) y que fuera formulado durante el 72º periodo de sesiones del referido comité, donde se analizó la situación de las comunidades nativas en la provincia de Daten del Marañón (Loreto).
Así mismo, criticó la lentitud del Estado y de la empresa petrolera Pluspetrol para enfrentar la contaminación que afecta a los nativos ashuar, quichua y urarina que habitan en las riberas del río Corrientes.
Esta coyuntura provocó que los lugareños prohibieran el desarrollo de nuevas actividades extractivas de hidrocarburos, por lo menos hasta que se culminé con la remediación al cien por ciento de las zonas degradadas.
El representante de "Racimos de Ungurahui" agregó que el comité para la Eliminación de la Discriminación Racial demandó al Ejecutivo información sobre toda la legislación relativa al derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas, el monitoreo del impacto ambiental en el Perú y la aplicación concreta de dicha legislación.
"Es un asunto de discriminación, inclusión y respeto. Mientras que el gobierno nacional y un enorme porcentaje de la sociedad siga viendo a la selva como una fuente de recursos inagotables donde no existen personas con derechos colectivos (...) no van a haber condiciones para un proyecto armónico articulado que no genere rechazo como el que está generando la Ley la Selva y que le otorga al el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI), la posibilidad de revisar los títulos de propiedad y revertirlos al Estado".
Finalmente, añadió que el comité invitó a una delegación representativa del Estado peruano para que durante el 73° periodo de sesiones -a realizarse del 28 de julio al 15 de agosto en Ginebra, Suiza- explique los hechos que afectan a los indígenas que habitan en las riberas del río Corrientes.
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