Servindi, 11 de agosto, 2010.- El Ministerio Público de Huancavelica decidió archivar la investigación preliminar abierta a diecinueve comuneros de Secclla, en Angaraes, acusados en abril por la empresa minera Pampamali de intentar tomar el campamento minero.
La decisión se adoptó el pasado 8 de agosto mediante la Resolución Fiscal Nº 539-2010.
La investigación se abrió únicamente en base a la manifestación de José Herrera Salazar, Gerente General de la empresa minera, sin considerar ningún elemento probatorio.
La resolución fiscal exhorta a la Minera Pampamali para que “formule sus denuncias con elementos de juicio basados en hechos concretos, que permitan la actuación del aparato estatal”.
Según señalan los denunciados, la actitud de la minera tuvo el objetivo de minar la defensa comunal en las cuencas de los ríos Atuna y Sicra, donde los pobladores de Secclla, Lircay, Julcamarca, Santo Tomás de Pata y Congalla iniciaron acciones el año 2005 en contra de la explotación minera.
Caso Minera Pampamali
El conflicto se inicia en la primera mitad del 2002, cuando las empresas mineras Pampamali y American Gold contaminan los ríos que la población de Angaraes utiliza para su consumo diario.
En ese momento, las empresas ya habían iniciado la extracción de plata, plomo, zinc y otros metales, sin contar con la autorización del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y sin haber cumplido con presentar y aprobar los respectivos estudios de impacto ambiental (EIA).
El 28 de abril de 2003 la empresa pretendió realizar una audiencia pública para presentar el EIA, la cual se frustró por el Paro Cívico convocado por los Frentes de Defensa de los barrios de Bellavista, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo, Virgen del Carmen, Santa Rosa, entre otros.
La empresa presentó luego un EIA semidetallado ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, la cual efectuó cuarentinueve observaciones, mediante el Informe Nº848-2004-MEM-AAM/LS/LV/AL/FV.
Luego del paro cívico los pobladores realizaron una denominada marcha de sacrifico hasta las instalaciones de la minera Pampamali y lograron que la empresa decida retirarse de la zona.
El 27 de febrero de 2005, Pampamali es autorizada por el MEM, mediante la Resolución Directoral 531-2004 MEM/AAM, para continuar con sus actividades.
El 12 de setiembre de 2007, se desarrolla un paro provincial de 24 horas convocado por diversas organizaciones sociales exigiendo que la empresa minera se retire porque no cuenta con el consentimiento de la totalidad de la población.
Ello debido a que la empresa solo contaban con la autorización de algunos ex directivos comunales de Quispicancha y Ccochatay y no de los dos tercios de las asambleas comunales, tal y como lo establece la ley.
Finalmente, en noviembre de 2007 mediante acuerdo de conciliación la empresa minera se comprometió a retirarse de los territorios ocupados.
Por ello, decidió entonces denunciar a varios comuneros, como una forma de perseguirlos y amedrentarlos, siendo los cargos más graves los de apología al terrorismo y secuestro.
Actualmente, Pampamalli ya cuenta con el Certificado de Operación Minera (COM) otorgado por la Dirección General mediante la Resolución Nº 667-2007-MEM-DGM/V a fin de desarrollar con sus actividades de exploración minera.
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Fuente: Agradecemos el envío de la información a Jocelyn Rocca Galarza y Jorge Tacuri Aragón del Programa de Defensa de Derechos Indígena (PDDI). Dirección: Av. 06 de Agosto 838-C Jesús María, Lima - Perú. Teléfono: 0051-1-7153452 Celular: 985032399. Sitio Web: www.defensaindigena.org.
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