- Relator Especial James Anaya. Foto: Jorge Agurto, Servindi
Servindi, 23 de abril, 2010.- James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas llamó ayer a Canadá y Estados Unidos a aplicar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas "sin condiciones previas ni reservas".
El pedido se efectuó el día de ayer jueves 22 durante la sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas que se celebra en la sede las Naciones Unidas, en la ciudad de New York.
Anaya respondió así al anuncio efectuado por ambos países en el sentido de que reconocen y aplicarán la Declaración pero haciendo hincapié en que lo harán "de conformidad con sus legislaciones nacionales".
El representante de Canadá presentó un panorama general de las nuevas políticas en marcha para atender alrededor de 1,6 millones de indígenas, o el 4 por ciento de la población total, pero cuyos ingresos se han estancado en un 30 por ciento inferior a la media nacional.
Esta situación se produce a pesar de los 34 programas federales que se benefician de una dotación de 10 millones de dólares por año, indicó.
Su homólogo en los Estados Unidos anunció la intención del presidente Barack Obama de fortalecer los vínculos con las 564 tribus indígenas en el país. "Es hora de reconocer su historia para evitar los trágicos errores del pasado y reparar el daño sufrido", dijo el representante.
"Ahora sabemos que para prosperar económicamente y culturalmente, tenemos que construir sobre la diversidad cultural de nuestro pueblo", dijo, explicando que con los pueblos indígenas, la Casa Blanca ha puesto en marcha sesiones de escucha sobre temas como la educación, el trabajo y la salud.
El Gobierno de Obama ha asignado más de US$ 3 millones para el desarrollo de las comunidades tribales y ordenó a las agencias federales implementar todos los tratados sobre las cuestiones indígenas.
- Arthur Manuel Spokesman, del Caucus indígena de Estados Unidos. Foto: Jorge Agurto / Servindi
Representantes de organizaciones indígenas denunciaron que esos tratados están "manchados por la mente colonial" y se emplean para sustituir la Declaración de la ONU, que establece directrices claras sobre la libre determinación de los pueblos indígenas y su derecho a participar en la toma de decisiones sobre todos los asuntos que les afecten.
"La Declaración no debería convertirse en un cascarón vacío", advirtió el representante del Grupo de Jóvenes Indígenas, en el Diálogo con el Representante Especial de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de las Primeras Naciones.
- Blanca Chancoso, delegada de la CAOI. Foto: Jorge Agurto / Servindi
El Foro Permanente no debería limitarse "a denunciar los problemas existentes", agregó Blanca Chancoso, delegada de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). "Debe ir más allá y establecer un mecanismo de seguimiento de la aplicación de sus recomendaciones" precisó.
El Relator Especial anunció que los tres organismos de las Naciones Unidas relacionados a los pueblos indígenas ampliarán su cooperación para la aplicación de la Declaración, en referencia al Mecanismo de Expertos - un órgano del Consejo de Derechos Humanos-, el Foro Permanente y su propia Relatoría Especial.
Exposición de James Anaya
James Anaya, lamentó no poder cumplir con atender a todas las organizaciones indígenas, dadas las limitaciones de tiempo, pero se comprometió a revisar cada caso que se le presenten e invitó a las organizaciones a presentar sus solicitudes por escrito y las quejas serán tratadas, dijo.
Informó que sus actividades se han centrado en la promoción de buenas prácticas, realizar estudios temáticos, examinar los casos de violaciónes de los derechos humanos y efectuar informes de países.
Entre las mejores prácticas, trató de convencer a los Estados que aún no habían firmado la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y anunció que le complace que tres países anunciaron en esta reunión, su apoyo a la Declaración: Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos.
- El auditorio de la sede temporal quedó pequeño para la sesión del jueves con Anaya y muchos delegados quedaron fuera del recinto. Foto: Jorge Agurto / Servindi
El Relator Especial expresó su intención de examinar la cuestión de la minería y su impacto en las vidas de aborígenes e informó que visitó varios países, como Colombia, Australia y los países nórdico, donde examinó casos de violaciones de los derechos humanos y dialogó para tratar de encontrar soluciones.
Citó el caso de Bagua, Perú, y recordó que el derecho al desarrollo es un derecho para todos los pueblos y que, por tanto, los pueblos indígenas no sólo deben ser capaces de disfrutar de ella, sino también recibir una consideración especial debido a su deseo de transmitir su patrimonio cultural y reclamar sus tierras.
Observó con preocupación de que los programas de desarrollo que establecen las grandes represas o proyectos mineros en territorios indígenas a menudo son perjudiciales para los intereses de esos pueblos.
También hizo hincapié en la necesidad de incluir en los programas estatales para garantizar un enfoque más inclusivo a la libre determinación de los pueblos indígenas y su acceso igualitario a la educación y la salud.
Señaló que la experiencia ha demostrado que cuando una comunidad indígena ha hecho sus propias decisiones sobre el desarrollo, los resultados fueron a menudo mucho mejor.
Los Estados y la comunidad internacional deben permitir a las comunidades indígenas aplicar las actividades de desarrollo que llevan en el corazón. La formación profesional es necesaria para que participen en todos los niveles de toma de decisiones y autonomía, respetando su estilo de vida y costumbres.
Estas personas desean reforzar su propia capacidad de gestión pública, señaló, lo que significa que deben ser capaz de participar en pie de igualdad en el proceso de desarrollo.
Anaya solicitó que la ayuda al desarrollo para los pueblos indígenas no está sujeta a condiciones demasiado estrictas. Para él, hay que darle a los pueblos indígenas el derecho a cometer errores y de aprender de sus errores, como todo el mundo.
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