Servindi, 11 de enero, 2010.- Residentes de la comunidad El Tingo, en la provincia de Hualgayoc, acusan a la minera Coimolache de pretender apropiarse de sus tierras argumentando para ello la resolución de servidumbre publicada en diciembre por el Gobierno peruano.
Los pobladores Wilder Gallardo y César Estela denunciaron el hecho tras conocerse la Resolución Suprema Nº 080 -2009 sobre la imposición de derecho de servidumbre minera de uso para la construcción del complejo industrial minero del proyecto Tantahuatay, según informaciones de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR).
En ese sentido, la asesora legal y de Relaciones Institucionales de la minera, Carolina Araujo, aseguró que dicha resolución cuenta con la autorización de los ministerios de Energía y Minas (MEM) y Agricultura (MINAG).
"Esta servidumbre no constituye una expropiación ni mucho menos una confiscación como piensan los comuneros. No hay expropiación en el caserío El Tingo porque no están perdiendo la propiedad", indicó Araujo.
Además, precisó que cuando concluyan los trabajos se devolverán e iguales o mejores condiciones el predio.
Añadió que este procedimiento es respaldado por un plan de cierre de minas y cuenta con una garantía financiera para su cumplimiento, según lo dispone el MEM.
Además, el proceso de servidumbre forma parte del sistema jurídico peruano y se emplea cuando existen posiciones intransigentes con desmesuradas pretensiones económicas, estableciéndose un justiprecio.
Sin embargo, los comuneros aseveraron que no fueron consultados sobre este procedimiento. En tanto, la asesora legal afirmó que los pobladores mienten y que "en la parte considerativa de la resolución indica muy claramente que, por intermedio del director regional de Energía y Minas de Cajamarca, los pobladores fueron notificados tanto del inicio del proceso de servidumbre como de la etapa de conciliación; sin embargo, dijeron que no asistirían".
Actualmente El Tingo posee 4 mil 565 hectáreas, descontando lo vendido a otras empresas mineras. Coimolache viene negociando la compra de tierras con la comunidad para lo cual debe ponerse de acuerdo con los 50 comuneros asignatarios de los lotes de interés.
La empresa se ha puesto de acuerdo con 45 (90%) de ellos al precio de 4 mil 750 dólares por hectárea.
Comentarios
Lastimosamente tenemos un gobierno, sin corazón por que olvida sus principios y no piensa en el campesino, en la agricultura,solo pienza en el dinero y el oro que otros lo lleva que lastima.
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