Servindi, 16 de diciembre, 2009.- El Quinto Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú confirmó que el número de concesiones mineras en el territorio peruano se ha incrementado de 17,1 millones de hectáreas en 2008 a 19,5 millones de hectáreas este año.
El informe fue elaborado por las asociaciones CooperAcción, GRUFIDES y FEDEPAZ y fue presentado el miércoles 9 de diciembre en Lima.
El documento brinda un panorama actual sobre los últimos acontecimientos de la problemática minera, con especial detalle en los departamentos de Piura, Cajamarca, Apurímac, Junín y Cusco.
El texto advierte que el contexto actual está marcado por el alto índice de conflictividad social que indicaría que las reglas de juego vigentes no han permitido una adecuada gobernabilidad democrática en las zonas de influencia de la actividad minera.
Actualmente, casi un tercio del total de conflictos sociales que se producen en el país están vinculados directamente a operaciones mineras.
Apurímac. En Apurímac el territorio concesionado pasó de 53.68% en el 2008 a 54.44% en el 2009. Por esto, este departamento se ha involucrado en el proceso de reubicación de la comunidad de Fuerabamba en el marco del proyecto Las Bambas.
El informe llama a asumir un rol de protección de los derechos de las comunidades y poblaciones en zonas de influencia donde pretende ejecutarse el proyecto en la región.
Por otro lado, el infore expone el conflicto con la vecina provincia cusqueña de Chumbivilcas: en el distrito de Huaquira, donde las organizaciones sociales se han mostrado opuestas a la actividad minera, sea esta gran minería o minería artesanal.
Mientras, en Chumbivilcas, existe un importante grupo de mineros artesanales, que, al parecer estarían ocupando territorios de Huaquira, generando malestar en su población.
Cajamarca. En este departamento también ha incrementado el territorio concesionado de 44.67 % en el 2008 a 45.33% en el 2009.
En este departamento los intereses mineros continúan provocando problemas por denuncias y sentencias a líderes comunales que han buscado defender los derechos de las poblaciones afectadas, y se expone el incumplimiento de acuerdos entre empresas mineras y comunidades sobre los que giraron los conflictos en la región.
Piura. En este departamento también aumentaron las concesiones mineras de 22.8% en el 2008 a 27.5% en el 2009.
El informe considera impostergable un debate sobre el modelo de desarrollo que debe seguir la región, teniendo en cuenta elementos como la sostenibilidad social y ambiental de las actividades a desarrollarse.
El quinto informe OCM lamenta los hechos de violencia en el campamento minero de la empresa Río Blanco y demanda una investigación que determine las responsabilidades del caso.
Finalmente, considera que la propuesta de establecer una base militar en la zona no es la solución para permitir el desarrollo de un proyecto que muestra problemas legales, ambientales y sociales.
Cusco. Las concesiones en este departamento también se incrementaron, de 15.8% en el 2008 a 16.35% en el 2009. Sin embargo, el informe llama la atención sobre el caso de la provincia de Chumbivilcas donde las concesiones mineras ocupan el 85.78 % de su territorio.
Tanbién refiere que el paro en la provincia de Espinar evidencia el problema directamente vinculado con el acceso al agua pero además deja claro que la preocupación por las concesiones persiste y sin embargo, el tema no se evalúa adecuadamente.
Junín. Al igual que en los demás casos las concesiones se apliaron de 22.8% en el 2008 a 23.5% en el el 2009.
Uno de los temas más relevantes, durante el periodo analizado por el Observatorio ha sido la nueva prórroga otorgada al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de la empresa Doe Run Perú.
Ello se considera "un pésimo precedente" pues el mensaje que se da es el de una permisividad excesiva con una empresa que incumple sus compromisos financieros y ambientales.
Asimismo, denuncia que en la zona de Morococha, al parecer, tanto el gobierno como la empresa Chinalco, han puesto el pie en el acelerador para lograr el pronto desarrollo del proyecto Toromocho. El informe invita a hacer un seguimiento muy cercano al proceso de reasentamiento del distrito de Morococha.
Evaluación general. El Quinto Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú no solo presenta un análisis sobre los conflictos socio ambientales, sino también un balance del aumento de concesiones, y muestra un conjunto de características que aporta a entender los conflictos.
También analiza y debate sobre la problemática minera global en el país.
Por ejemplo, observa que la militarización de las zonas mineras, por parte del Gobierno peruano en las que persisten conflictos con las comunidades aledañas puede agudizar los problemas sociales.
El informe concluye en que se hace necesario implementar políticas de transparencia y acceso a la información, fortalecer la participación ciudadana oportuna y respetar los derechos de las comunidades.
Asimismo, buscar un ordenamiento del territorio y la zonificación ecológica económica, fortalecer las políticas e instrumentos ambientales, así como la fiscalización estatal, abordar los temas laborales y los problemas vinculados a los recursos hídricos, entre otros.
Comentarios
Es importante diferenciar entre concesión minera y autorización para ejercer la actividad minera en sÃ.
Adicional a la concesión, para ejercer la actividad minera en el Perú se requiere tener permisos por el uso del agua, del terreno superficial y la aprobación de rigurosos estudios ambientales. Esta es la razón por la cuál en Apurimac y Piura todavÃa no hay unidades mineras en operación sino proyectos mineros en la etapa de investigacción geológica del territorio.
la minerÃa moderna promueve el "Desarrollo Sostenible" de las comunidades vecinas a los centros mineros y promueve el respeto del ambiente y costumbres locales.
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