Servindi, 18 de agosto, 2009.- El representante de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México, Alberto Brunori, instó a las autoridades a realizar una investigación minuciosa, independiente e imparcial sobre la masacre de 45 indígenas tzotziles en 1997 en el poblado de Acteal. (Imagen: indybay)
El reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –que evidencia irregularidades en el proceso del caso y que ordenó la liberación de 20 indígenas apresados-, revela que no hubo una investigación conforme a la gravedad de los hechos y, por tanto, no se ha garantizado justicia para las víctimas, expresó Brunori.
'Habiendo escuchado los relatos, viendo las imágenes de los asesinados y tomando contacto de la actual situación, me cuesta trabajo entender que después de 12 años la justicia no haya llegado plenamente a Acteal', exclamó el representante en la capilla erigida sobre las dos tumbas que guardan los restos de los asesinados en diciembre de 1997.
Como se recuerda, el 22 de diciembre de ese año, un grupo armado de alrededor de 100 personas mató a 45 indígenas tzotziles en la zona zapatista de Los Altos de Chiapas: 19 niños, 21 mujeres y 6 hombres.
Los habitantes del poblado denunciaron que su simpatía por la causa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) derivó en que el gobierno organizara grupos paramilitares para hostigar a la población y causar enfrentamientos para justificar el ataque en contra de los zapatistas.
El gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, por su parte, difundió que el ataque se suscitó a raíz de disputas entre grupos locales tras la conformación del Concejo Municipal Autónomo de Polhó.
Riesgo de impunidad
El representante de la Oficina de la Alta Comisionada, recordó el informe de la situación de los Derechos Humanos en México en 2003 del organismo internacional. (Imagen: encuentro29)
En dicho documento, se afirmó que la matanza de Acteal -perpetrada por un grupo de personas con armas de alto poder- era el incidente más dramático producido en el conflicto de Chiapas y que no se había aclarado plenamente ni se había hecho justicia.
Según informó la SCJN, en la mayoría de los casos, "tanto la integración del cuerpo del delito y la de la responsabilidad penal probada, se basan en la valoración de pruebas obtenidas en forma ilícita".
Para que un medio probatorio sea admitido es imprescindible que su obtención no sea ilícita o de lo contrario todos sus efectos también son ilícitos y por tanto la prueba se convierte en ineficaz o nula.
A consecuencia de esta mala conducta procesal originada por la violación de derechos procesales de los acusados- que derivó a la resolución de la SCJN, existe el riesgo de que lo ocurrido quede impune.
Al respecto, Brunori señaló que los Estados deben garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación de los daños de acuerdo a diversos instrumentos internacionales reconocidos para combatir la impunidad.
Prometieron diálogo
(Imagen: zapateando)
Tras reunirse por primera vez en libertad con sus familias en un hotel de Tuxtla Gutiérrez, siete indígenas liberados aseguraron que no habrá venganza ni hechos violentos en Acteal o cualquier otra comunidad de Chenalhó, Chiapas.
Los asesinos huyen o se enfrentan a las autoridades, nosotros estábamos tranquilos en nuestras comunidades y fuimos engañados porque nos dijeron que íbamos a dialogar, manifestaron.
Sin embargo, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados advirtió que la liberación y el retorno de los indígenas sindicados como los responsables de la matanza podría reavivar la violencia en esa zona, así como el retorno a la vía armada y a la proliferación de los grupos paramilitares.
El presidente de la comisión, Marcos Matías Alonso, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que la resolución de los ministros de la SCJN abre la puerta a la violencia y de no tomar medidas pertinentes se podría repetir un enfrentamiento.
El fallo no sólo es controvertido, sino que no ayuda a nadie y complicará la situación ya de por sí difícil en el estado de Chiapas, exclamó el diputado del PRD.
¡Que no vuelvan!
Por su parte, el obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Felipe Arizmendi Esquivel, exigió que los 20 indígenas liberados tras el fallo judicial no vuelvan a Chenalhó a pesar de que podrían ser inocentes.
Algunos pudieran ser inocentes, pero su regreso puede incentivar nuevas reacciones violentas de unos contra otros manifestó el representante de la Iglesia Católica tras oficiar la misa dominical de la localidad.
Aunque los sentimientos son de no más violencia, las circunstancias en cualquier momento podrían generar venganzas, ya que en la vida ordinaria y al calor de algunas copas fácilmente se exacerban los ánimos, explicó el obispo.
Arizmendi Esquivel reiteró la necesidad de buscar mecanismos para comprobar la culpabilidad de los 20 indígenas liberados, para reiniciar el proceso si fuera el caso.
Hay que hacer trabajo jurídico más que mediático, aun cuando los familiares de las víctimas dicen que han insistido, pero las autoridades no les hacen mucho caso y sí los cansan de ir y venir, exigió.
Deudos hicieron invitación
El representante del organismo de la ONU, Brunori, fue invitado a Acteal por la organización civil las 'Abejas de Chenalhó' -integrada por los deudos de las víctimas-. (Imagen: delotrolado)
Los anfitriones de 'Las Abejas' solicitaron su eventual intervención para que el caso se eleve a instancias judiciales internacionales de Derechos Humanos.
Lo viable es que se manden a la zona observadores nacionales e internacionales, pero de ninguna manera gente del gobierno, solicitaron los participantes de la organización civil Las Abejas.
En ese sentido, Brunori aseguró que urge garantizar a los familiares de las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo la adopción de medidas de no repetición.
Acteal es una localidad del estado mexicano de Chiapas, ubicada en la región de Los Altos -en el municipio de Chenalhó-, a 1,470 metros sobre el nivel del mar.
Según el Censo de Población y Vivienda de 2005 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la población de Acteal es de 424 habitantes, todos de etnia tzotzil.
Añadir nuevo comentario