
- Organización indígena cuestiona breve plazo de consulta, lenguaje técnico, falta de discusión de los impactos reales así como de las medidas para proteger los derechos colectivos.
Servindi, 24 de febrero, 2015.- Lizardo Cauper, presidente de la organización regional AIDESEP Ucayali (ORAU), cuestionó los procesos de consulta previa llevados a cabo en las áreas de influencia directa de los lotes petroleros 169 y 195, ubicados en las regiones de Ucayali y Huánuco, respectivamente.
El caso del lote 169 fue el primer proceso realizado desde que se aprobó el reglamento de la Ley de Consulta Previa en abril de 2012. El organismo encargado de ejecutarlo fue Perupetro.
Para Cauper, quien, como representante de AIDESEP, fue actor y veedor de estos dos procesos, una de las críticas más saltantes fue el poco tiempo que se dedicó a informar a la población acerca de todo lo que conlleva la explotación petrolera.
En una publicación del Ministerio de Cultura en donde se sistematiza la consulta previa de estos dos lotes se indica que las comunidades fueron informadas de las repercusiones del proyecto en un tiempo de 30 días.
Es más, respecto al Lote 169 se indica que la etapa de diálogo se llevó a cabo en ocho días, entre el 12 y 20 de diciembre de 2013.
Para Perupetro ambas consultas fueron exitosas en el marco de un diálogo intercultural según lo indica su portal web.
Consulta apresurada no tiene pertinencia cultural
El líder indígena señaló que los plazos establecidos no guardan relación con la complejidad cultural de las zonas. El área de influencia del lote 169 alberga a tres pueblos indígenas: Asháninka, Yaminahua y Amahuaca; mientras que en el lote 195 existe presencia de los pueblos indígenas: Shipibo-Konibo y Kakataibo.
Agregó que la deficiencia se hace más sentida si se considera que la población consultada presentaba bajos niveles de instrucción educativa y altos índices de analfabetismo y que las autoridades conocían esta situación.
“No tuvieron en cuenta el grado de instrucción de la población consultada. En tres días de talleres informativos no quedó nada, puesto que los temas eran técnicos. El papel aguanta todo, pero en las acciones, los hechos son completamente distintos y negativos para nosotros. El diálogo fue completamente desigual”, comentó Cauper.
Después de la "consulta" como trámite no hay claridad sobre lo que consultó
El líder indígena consideró que el Estado vio este proceso como un mero trámite. Pero además, resaltó la necesidad de que el Estado sea claro en lo que consulta.
“Es necesario que los temas tratados queden claros. No hablan de impactos, sino de posibles impactos. Y no dicen cuáles son los reales impactos y si es que suceden, cómo se procedería” dijo Cauper.
Es más, el dirigente indígena cuestionó profundamente la forma en qué se discutieron las condiciones de los contratos de licitación de los lotes.
Al respecto señaló que en el proceso no se pudo determinar en qué claúsula ni cómo se introducirán las medidas para garantizar los derechos colectivos y que en realidad es difícil determinar qué se está consultando.
“Perupetro tiene que aprobar de acuerdo a consulta para dar licitación a un contrato privado. Pero vamos a ver ¿Qué contiene el contrato? ¿En qué parte del contrato de licitación va a garantizar el derecho colectivo de los pueblos? ¿En qué cláusula se especificará el tema? ¿Qué se ha consultado?”, manifestó con desconcierto.
Sobre los acuerdos, comentó que se ofrecen empleos, y se pregunta qué empleos se generarán para una población con bajos niveles de educación. “Ellos solo dicen que va a generar empleo, que el país va a desarrollarse, que van a generar oportunidades, pero ¿para quién? y “cómo”, esto no lo dicen, sentenció.
Indígenas deben participar en comité de supervisión del contrato
Pilar Camero, Coordinadora del Programa Ecosistemas y Derechos de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), sostuvo que en estos procesos de consulta no se garantizan los derechos y demandas indígenas.
“Por ejemplo, la titulación pendiente no es abordada ni se agenda su atención. Tampoco las recomendaciones ante posibles impactos ambientales" expresó.
"Si estas propuestas no se incluyen como parte de las modificaciones del Contrato de Licencia de Hidrocarburos y además se incluye la consulta a futuro en instrumentos de gestión ambiental -por ejemplo estudios de impacto ambiental-, estos procesos de consulta no serán eficaces ni eficientes en la realidad” agregó Camero.
En cuanto a si el Estado ofrece la garantía de respetar los acuerdos pactados en el proceso de consulta, Camero consideró que las instituciones del Estado asumen un rol de “juez y parte”. Quizás, organismos como la Defensoría del Pueblo deberían jugar un papel más activo en la fiscalización y control de los compromisos.
“Asimismo, una de las propuestas, desde el primer proceso de consulta en este sector, de las organizaciones y comunidades nativas, ha sido tener participación efectiva en el Comité de Supervisión del contrato lo que implica modificar la Cláusula Sétima del modelo de contrato de licencia para hidrocarburos".
"Este es un reclamo legítimo de los pueblos indígenas, que guarda relación con la medida consultada y sobre lo cual hasta ahora el ente rector, Perupetro, no ha querido entregar una respuesta a la altura del estándar normativo”, puntualizó la especialista de DAR.
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