Servindi, 16 de mayo, 2022.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Ian Bravo y Marjorie Ugaz.
Resumen nacional del 16 al 22 de mayo, 2022
Fujimoristas anti-PIACI. Empresarios y autoridades con vínculos fujimoristas están detrás de colectivos que niegan la existencia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial para explotar sus territorios intangibles.
La última acción de estos personajes fue boicotear una Mesa Técnica con organizaciones indígenas, en la que se iba a abordar el fortalecimiento de los mecanismos de protección para estos pueblos vulnerables.
Agrupados en la autodenominada ‘Coordinadora por el Desarrollo de Loreto’ se proclaman “auténticos representantes” de la región, y exigen derogar leyes que protegen a pueblos indígenas en extrema indefensión.
Salud y planes de escritorio. La falta de presupuesto, la ausencia de campañas de sensibilización y la falta de un plan integral en salud son algunos de los problemas en atención sanitaria que afrontan los pueblos indígenas de Ucayali.
Las comunidades carecen de un debido acceso a la salud producto de una permanente situación de marginación reflejada en escasez de personal y falta de equipamiento e infraestructura.
Como parte de un acercamiento a la situación que enfrentan los pueblos indígenas de la zona, Servindi recogió la versión de especialistas conocedores de la problemática sanitaria de la región y sus provincias.
Derechos de los pueblos. En el marco de su visita académica al Perú, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzay, participó de un foro público en el Congreso.
En el evento el relator expuso sobre los derechos colectivos de los pueblos, como el autogobierno, la personalidad jurídica, la propiedad territorial y la justicia propia.
42 años de Aidesep. La más grande organización indígena del Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), celebra esta semana 42 años de vida bregando por los derechos de los pueblos y comunidades del país.
Aidesep es presidida actualmente por Jorge Pérez Rubio, dirigente del pueblo Murui Muinani, en la región Loreto y articula a nueve organizaciones descentralizadas que se ubican en el norte, centro y sur de la Amazonía peruana.
Cuenta con 109 federaciones que representan a más de 1800 comunidades, donde viven 650 mil indígenas de 19 familias lingüísticas.
Tráfico analizado. Un reciente estudio resalta la necesidad de investigar el rol de las mujeres dentro de la cadena del tráfico ilegal de fauna silvestre, lo cual permitiría crear mejores estrategias para combatir este crimen.
El diagnóstico publicado por el Proyecto Prevenir de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo identifica seis roles centrales femeninos, tanto en la defensa como en la práctica del tráfico.
Hacia la biofertilización. El Gobierno debe generar una política orientada a promover en el agro peruano la permacultura y la fertilidad natural con énfasis en la biofertilización.
Así lo sostiene el especialista en temas de desarrollo agrario Jaime Llosa Larrabure, quien considera acertada la respuesta coyuntural del gobierno para subvencionar fertilizantes nitrogenados ante el incremento de los precios de estos productos.
Sin embargo, la subvención de los fertilizantes químicos nitrogenados no debe suponer dejar de lado las acciones para una progresiva sustitución hacia la biofertilización.
Chavimochic. Retomar la habilitación de Chavimochic III sería un despilfarro, pues la oferta de agua del río Santa en época de estiaje no alcanzaría para abastecer al proyecto de irrigación.
Así lo advierte el ingeniero Jaime Llosa Larrabure, quien recalca el riesgo de que dichas aguas no logren siquiera satisfacer a las dos grandes irrigaciones ya existentes: Chavimochic I y II.
Agro en retroceso. En medio de la grave situación del agro, el Ministerio de Agricultura retiró de su cargo al director de la Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales.
Como cuestionó Mesías Guevara, gobernador de Cajamarca, esta decisión golpea al trabajo con las regiones, pues se estaba coordinando la entrega de 65 mil títulos de propiedad.
Mientras tanto, como recordó Mariana Escobar, representante en Perú de la FAO, hay más de 15 millones de personas en inseguridad alimentaria en el país.
Sin diálogo. Por cuarta vez fracasó el intento de instalar una mesa de diálogo entre la Presidencia del Consejo de Ministros y las comunidades de Cotabambas que protestan contra la empresa minera MMG Las Bambas.
Como se recuerda, el premier anunció su llegada a Apurímac para pactar la Agenda de Challhuahuacho con las comunidades. Sin embargo, tras hacerse esperar cuatro horas, señaló que el gobierno solo levantaría el estado de emergencia si se suspenden las protestas.
Fuera Chávarry. Agrupaciones y movimientos políticos de izquierda exigieron la salida del titular del Ministerio del Interior, Alfonso Chávarry, luego de que se revelará el injustificado reglaje que venía realizando su sector.
Tras el hackeo de información confidencial de la Dirección de Inteligencia del Ministerio (Digimin), se difundieron documentos donde la entidad encasillaba actividades de movimientos de izquierda y a sus integrantes como ‘amenazas terroristas’.
Violencia impune. “’La Resistencia’ continúa desarrollando sus actividades con normalidad sin ningún tipo de restricción mínima u orden de alejamiento. Ellos hacen lo que quieren”.
Así lo resaltó, Miguel Jugo, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, luego de que el colectivo extremista irrumpiera violentamente en el evento de una biblioteca pública de Lima donde participaban menores de edad.
Libertad de expresión. Defensores de derechos humanos del Perú demandaron ante Pedro Vaca, Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cese de la criminalización y garantías para ejercer sus derechos.
En tanto, comunicadores indígenas le pidieron, mediante una carta, recomendar al Estado peruano que adopte acciones para promover el acceso al derecho a la comunicación de pueblos y comunidades hasta ahora no reconocido.
Pese a la diversidad étnica y lingüística, los pueblos “carecen de acceso a medios propios de comunicación y acceden de manera restringida a los medios públicos y privados”.
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