Servindi, 30 de octubre, 2021.- Campamento y maquinarias de la empresa minera Apumayo, en la provincia de Lucanas, región Ayacucho, fueron arrasados por un incendio ocurrido luego de enfrentamientos entre pobladores y la policía en el segundo día de un paro indefinido.
El incendio se inició a las 11 de la mañana del viernes 29 de octubre.
Dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Lucanas indicaron que se han registrado hasta diez pobladores heridos en el enfrentamiento de la policía en las afueras del campamento minero.
La Defensoría del Pueblo informó sobre el traslado de diez personas heridas hacia el Hospital de Apoyo de Coracora donde vienen siendo atendidas.
Paro indefinido en defensa de las cuencas
Las poblaciones de las provincias de Lucanas, Paucar del Sara Sara y Parinacochas, ubicadas al sur de la región Ayacucho, desarrollan un paro exigiendo el retiro de las mineras que operan en las cabeceras de cuenca.
El paro indefinido incluye la restricción del tránsito vehicular en los distritos de Coracora, Chaviña, Sancos y Puyusca.
Asimismo, se han desplazado piquetes de personas en las zonas donde se encuentran las unidades mineras de Apumayo, Inmaculada, Breapampa y Pallancata, exigiendo su cierre definitivo.
Los pobladores de Chaviña y Sancos, acusan a minera Apumayo de realizar actividades mineras en la cabecera de la cuenca del río Yauca contaminando las aguas que discurren por este río.
De otro lado, pobladores de la zona de Huancute, en San Francisco de Ravacayco, provincia de Parinacochas, también reportaron que la Policía usó la fuerza para evitar que se bloquee el ingreso a la mina Inmaculada, de la empresa Ares.
Empresa denuncia motivaciones políticas
En horas de la noche del viernes, la empresa denunció la invasión del campamento y la quema de oficinas administrativas y componentes mineros, así como el robo de explosivos.
Debido a tales circunstancias, “el personal y trabajadores de la mina se han tenido que replegar para salvaguardar sus vidas” indica el comunicado.
En otro parte del comunicado alerta sobre el riesgo de descarga de aguas y efluentes industriales sin tratamiento debido a las lluvias y falta de personal.
La empresa acusa a “algunos pobladores de Chaviña, Cora Cora y Sancos, en su afán de buscar un protagonismo político”.
Defensoría del Pueblo invoca diálogo integral
La Defensoría del Pueblo instó a las autoridades del Ejecutivo a implementar los mecanismos de diálogo y solución de conflictos previstos para las actuales circunstancias.
En particular invoca a la Presidencia del Consejo de Ministros a convocar al Ministerio de Energía y Minas a la Mesa Técnica de Desarrollo Territorial de las provincias del sur de Ayacucho.
Dicha mesa fue conformada el 26 de octubre mediante Resolución de Secretaría de Descentralización n.° 0036-2021-PCM/SD; y a ella deben acudir otras entidades competentes que dependen del Ejecutivo, como OEFA, ANA y Osinergmin.
El diálogo se debe desarrollar de manera integral en dicha mesa técnica para evitar que se dupliquen esfuerzos y se incluyan todas las demandas de las tres provincias, considerando que participan de dicho espacio sus alcaldes provinciales y presidentes de los frentes de defensa.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) debe priorizar las acciones de supervisión y fiscalización correspondientes, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental.
La Defensoría del Pueblo menciona la implementación de los planes de cierre de las unidades mineras Apumayo, Inmaculada, Breapampa y Pallancata, de acuerdo con la etapa que corresponde según el cronograma aprobado, e informar a la población sobre los resultados de su actuación.
Asimismo, invoca a las dirigencias sociales de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara a mantener una actitud favorable al diálogo y al sentido con el que este se debe conducir.
En tal sentido se debe mantener la calma, evitar y deponer cualquier medida de alteración al orden público, como los hechos ocurridos en los campamentos de las unidades mineras ARES S. A. C. y Apumayo S. A. C.
El ordenamiento jurídico peruano reconoce el derecho a la protesta social siempre que se realice de manera pacífica, dentro del marco de la legalidad y sin hacer uso de cualquier tipo de violencia.
Del mismo modo, recuerda a la Policía Nacional del Perú que toda decisión para restablecer el orden interno debe de estar precedida de una exhaustiva apreciación de la situación.
Las medidas policiales se deben aplicar en el marco del respeto de los derechos de las personas, considerando que el uso de la fuerza deberá ser, en todo momento, legal, necesario y proporcional.
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