Por Servicios Educativos Rurales (SER)
31 de marzo, 2017.- Aunque el norte del país continuará en emergencia aun durante varias semanas, es necesario abordar el tema de la reconstrucción, cuya responsabilidad principal recae en gobierno nacional. Al respecto, luego de las idas y venidas a las que ya nos tiene acostumbrados el presidente Pedro Pablo Kuzcynski, parece haberse decidido que dicha tarea será dirigida por la Presidencia del Consejo de Ministros, el principal órgano de coordinación intersectorial del Poder Ejecutivo.
Si bien este primer paso va en el sentido que exigimos al presidente en un anterior editorial, para que la reconstrucción tenga éxito se requiere una voluntad política y una capacidad de gestión que hasta el momento el gobierno no ha mostrado en general. Un ejemplo de ello es la política de gestión de conflictos sociales, que acabó en manos de una anodina Secretaría del recién creado Viceministerio de Gobernanza Territorial, a la cual deben acudir ahora los gobiernos subnacionales y las organizaciones sociales para exigir la atención de sus demandas.
La reconstrucción no puede limitarse a volver a poner en pie la infraestructura afectada.
La reconstrucción no puede limitarse a volver a poner en pie la infraestructura afectada. Si en verdad existe la intención de hacer un trabajo serio, la primera tarea debe ser elaborar un plan integral que tenga como pilar el ordenamiento territorial. Como se sabe, este ha sido un tema tabú en nuestro país, debido a la oposición de actores empresariales y sus aliados en la tecnocracia del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Energía y Minas e inclusive del Ministerio del Ambiente. Para ellos, el uso del territorio y sus recursos se define únicamente por las fuerzas del mercado, dejando de lado los intereses de la colectividad y los derechos de los ciudadanos.
Además de este radical cambio respecto a la utilidad e importancia de la planificación, el gobierno debe asumir la tarea de garantizar la ocupación responsable del territorio y cortar con las reglas informales que permiten que en nuestro país el “tráfico de tierras” sea parte de la vida cotidiana de miles de compatriotas obligados a adquirir propiedades en zonas de riesgo. Ello no implica solo establecer sanciones para las autoridades locales, como se ha propuesto hasta el momento, si en principio contar con una política de vivienda más allá de la que fija la oferta comandada por inmobiliaria privadas y sus brazos en el sistema financiero, y en particular una política de vivienda social que satienda a quienes lo han perdido todo.
En Noticias SER esperamos que el gobierno se responsabilice de estas tareas y demuestre que es capaz de asumir el costo político de tomar decisiones que inevitablemente afectarán los intereses de diferentes actores interesados en beneficiarse de las actuales circunstancias al encontrar "oportunidades de negocio" en la necesaria reconstrucción.
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