Servindi, 26 de enero, 2021.- El defensor comunitario Fidel Heras Cruz fue asesinado con disparos de arma de fuego la tarde del sábado cerca del acceso principal a la comunidad La Esperanza, municipio de Jamiltepec, en la costa de Oaxaca.
Heras Cruz era miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) y presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, de donde era originario.
El defensor comunitario era opositor a los megaproyectos hidroeléctricos Paso de la Reina y Río Verde por lo que diversas organizaciones y autoridades locales señalan que el crimen tendría una motivación política.
La Fiscalia General del Estado aún no se ha pronunciado sobre el crimen y organizaciones sociales como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y Servicios del Pueblo Mixe A.C, exigen a las autoridades dar con los responsables.
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca condenó el crimen del defensor comunitario e inició un expediente sobre el caso.
También pidió a la Fiscalía General del Estado dictar las medidas de protección necesarias para las personas que resulten víctimas directas e indirectas, y para garantizar su integridad.
Luego de condenar el alevoso crimen, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad afirmó que en el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa han sido asesinadas al menos 25 personas defensoras de derechos humanos.
Seis en 2017, nueve en 2018, seis en 2019, tres el 2020 y ahora Heras Cruz. La mayoría de las víctimas eran defensores de los pueblos indígenas, de la tierra y el territorio.
Un comunicado suscrito por organizaciones y autoridades de Oaxaca recuerda que el 21 de enero Heras Cruz recibió una amenaza de muerte a través de un mensaje que desconocidos le dejaron en las obras de construcción de la sede del comisariado.
El mensaje es suscrito por COPUDEVER, la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca, así como autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna.
Por esos días, “el agente municipal Filogonio Martínez Merino fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo en el paraje El Zanate", prosigue el comunicado.
Por ese motivo, el agente dio parte a la policía y pidió le acompañaran y escoltaron hasta llegar al poblado.
Las organizaciones y autoridades de Oaxaca refieren que desde 2019 Celia Rivas Marquez, presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, ha insistido en ingresar al Río Verde para extraer material pétreo.
“La comunidad inicialmente se opuso y ante esta situación se vio obligada a suscribir un convenio; sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones los pobladores se negaron a que continuara con la explotación del río".
“La crisis más grave ocurrió en agosto de 2020 cuando la familia Iglesias y Rivas Marquez presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río”.
Relatan que en diciembre de 2020 se suspendió la extracción del material y dejaron la maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reina.
“A los pocos días, las máquinas sufrieron daños menores, lo que ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo de Chulindo Iglesias, extinto cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río".
"Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y amenazó a Fidel Heras”, aseguran las organizaciones sociales.
El 17 de enero pasado se efectuó una asamblea de ejidatarios en la que Fidel Heras informó sobre la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado.
También se acordó invertir los recursos de la extracción.
Según testimonios, en el encuentro se habló de un adeudo de más de 500 mil pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y se dijo que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.
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