Complejo se reactivaría en 2023 pese a estar inactivo hace 12 años y sin considerar los pasivos ambientales que dejó ni la contaminación que podría seguir generando.
Servindi, 24 de octubre, 2022.- Un grupo de expertos coincidió en alertar de los riesgos ambientales y de salud que supone la anunciada reactivación del complejo metalúrgico de La Oroya, en la región Junín.
Dicho complejo se reactivaría pese a estar inactivo desde hace 12 años y sin considerar los pasivos ambientales que dejó tras su funcionamiento ni la contaminación que podría seguir generando.
La reactivación del complejo se daría en febrero de 2023, según indicaron extrabajadores asociados a la empresa Metalurgia Business Perú SAC, a los que se le transfirió recientemente los activos de dicha operación minera.
Los activos les fueron transferidos el 17 de octubre a 1.250 extrabajadores por la empresa liquidadora Consultores A1, como parte del primer objetivo de la liquidación de Doe Run en Perú.
La preocupación por la reactivación de La Oroya fue expresada por la activista Yolanda Zurita, el economista e investigador de CooperAcción, José de Echave, y el abogado de Aprodeh, Christian Huaylinos.
Zurita destacó la gravedad de los pasivos ambientales que ha dejado el complejo metalúrgico en la zona. “Estudios señalan que hay 80 cm de profundidad que están seriamente afectada”, dijo.
De Echave, por su parte, resaltó que la exposición de la población a metales ha sido debidamente probada por varios estudios, colocando a La Oroya como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.
Esta situación, en la que se ha visto que el Estado prioriza la actividad minera sobre la salud de las personas, según Huaylinos, hizo que en 2002 se inicie un proceso contra el Estado peruano.
Tras no alcanzar acuerdos, el caso fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde el 12 y 13 de octubre pasado se realizaron audiencias al respecto.
“En la audiencia de la CIDH expusimos la afectación y la debilidad de la atención en salud, así como el incumplimiento del Estado como ente rector” para imponer acciones correctivas en respeto de salud, explicó Zurita.
Por encontrarse en este contexto la situación del complejo La Oroya, que lleva 12 años inactivo, para los expertos resulta riesgoso que se hable de su posible reactivación el próximo año.
“Pensar en reactivarlo en estas condiciones es que se reactiva como un macro emisor y siga contaminando a la gente de La Oroya”, dijo De Echave.
Zurita, por su parte, dijo que es preocupante el anuncio ya que se sabe que el 99% de la contaminación del aire en La Oroya es producida por el complejo siderúrgico.
“Esto va a contaminar a los mismos trabajadores, personas de la tercera edad, madres y toda la población”, agregó.
Finalmente, Christian Huaylinas sostuvo que genera una alta preocupación el tema de las condiciones en que se les está otorgando la administración de La Oroya a los trabajadores.
“Las víctimas o los representantes no queremos el cierre del complejo, si no que se dé una regulación eficiente y oportuna para que se respete los estándares de calidad ambiental, que afectan a todos”, finalizó.
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