Perú: Cinco partidos asistieron a debate sobre propuestas indígenas al 2021

Agenda Legislativa de los Pueblos Indígenas / Originarios al 2021

1. Presentación 

Los Pueblos Indígenas Originarios del Perú nos encontramos en situación histórica de exclusión y marginación desde la invasión, la colonia y la fundación de la República, siendo uno de los indicadores más visibles la casi nula participación y representación en instancias de poder político como el Congreso de la República, el cual en el período 2016-2019 contó apenas con UNA congresista indígena. No obstante, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (constituida por el Poder Ejecutivo el año 2018) se limitó a proponer UN solo escaño de representación parlamentaria para los Pueblos Indígenas, ignorando a los Pueblos Originarios y sin considerar los resultados del último Censo Nacional 2017, donde la cuarta parte de la población del país se auto identifica como indígena, por lo que, aplicando el criterio de proporcionalidad, correspondería a los pueblos indígenas un mínimo de 32 escaños.

Actualmente en el Perú, en materia de derechos de los pueblos indígenas, existe un proceso de regresión, la naciente institucionalidad estatal que habían logrado los pueblos indígenas, fue desmantelada con la liquidación del INDEPA (entidad de rango ministerial que contaba con autonomía institucional y presupuesto propio), instalando en su remplazo el Grupo de Trabajo de Políticas Públicas (GTPI) en el Ministerio de Cultura, espacio en el que los pueblos originarios nos limitamos a opinar sobre iniciativas y procesos liderados y dirigidos por los funcionarios del Viceministerio de Interculturalidad.

Los gobiernos NO apuestan por un auténtico desarrollo sostenible, solo se enfocan en el “crecimiento económico” a través de agresivas políticas extractivitas que vulneran los derechos indígenas por medio de diversos mecanismos (algunos de ellos revestidos de “legalidad”) con el solo propósito de arrebatarnos nuestros territorios y recursos naturales, poniendo en riesgo nuestra existencia.

En este contexto, la casi nula participación y representación de nuestros pueblos indígenas en los diferentes espacios de toma de decisiones genera repercusiones sumamente negativas a nivel social, ambiental, económico y cultural, más aún cuando el modelo económico y las políticas públicas se imponen e implementan desde la capital de la República, los cuales son diseñados integrando de manera limitada e inadecuada los enfoques de interculturalidad, de derechos de los Pueblos Indígenas y de género, sin considerar la realidad, las visiones de desarrollo y derechos colectivos y fundamentales de los Pueblos Originarios. Por ejemplo, las políticas de agricultura familiar no garantizan medidas para mejorar las capacidades productivas de las familias indígenas; las políticas vinculadas al aprovechamiento de los recursos naturales vulneran o desconocen nuestros derechos territoriales, nuestra libre determinación y la consulta previa; la política de salud intercultural, a pesar de que ya ha sido consultada, sigue aún sin implementarse con la participación de nuestros pueblos; las políticas de educación intercultural bilingüe asumen que somos los propios indígenas quienes debemos aprender a integrarnos en la sociedad peruana, sin considerar que la interculturalidad es precisamente “el diálogo de culturas en condiciones de equidad”.

Como consecuencia de la tensión política suscitada entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo que desencadenó la disolución del Congreso en setiembre de 2018, hoy nos encontramos en un escenario de elecciones complementarias que se llevan a cabo a toda prisa, contexto en el que, una vez más, los pueblos Indígenas participamos en condiciones desiguales, excluyentes y con grandes desventajas, al no contar con un marco normativo y procedimental que garantice nuestro derecho a contar con una representación política real y efectiva en el Congreso de la República.

La CNA, la CCP y la CUNARC-P, organizaciones nacionales de Pueblos Indígenas Originarias, con bases territoriales en todas las regiones del Perú, hemos construido la “Agenda Legislativa de los Pueblos Indígenas”, tomando en cuenta nuestras agendas y el aporte de expertos/as, los cuales presentamos en los siguientes ejes temáticos:

Institucionalidad indígena

1. Ley que garantice la asignación de un mínimo de 1 por ciento del Presupuesto Nacional destinado para el desarrollo de los Pueblos Indígenas, destinado a políticas públicas favorables al desarrollo integral de los pueblos indígenas, las mismas que deben ser diseñadas, aprobadas e implementadas con la participación nuestros pueblos originarios.

2. Control y fiscalización a las entidades competentes del Estado (Ministerios, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, SUNARP y otros) para garantizar el pleno reconocimiento de todas las Comunidades Campesinas, Nativas y Rondas Campesinas del país por parte de todos los sectores y niveles de gobierno y registros públicos y administrativos.

Participación en la gestión pública y derecho a la consulta previa.

3. Ley que garantice la participación no menor del 25% de representantes de los pueblos indígenas en los Consejos Directivos y Órganos de Línea de las instituciones públicas para la gestión y fiscalización ambiental y de los recursos naturales garantizando el derecho al territorio integral.

4. Ley que modifica el reglamento del Congreso de la República y garantice el derecho a la Consulta Previa Legislativa en los procedimientos parlamentarios.

Participación y reforma política de los pueblos indígenas.

5. Ley electoral que reserve 32 escaños para representantes de los pueblos indígenas del Perú, en el Congreso de la República y el Parlamento Andino, de acuerdo a los resultados Censos Nacionales de Población vigente para asegurar la formulación y aprobación de normas legales que respondan a la realidad de los pueblos originarios, así como garantizar el cumplimiento y fiscalización de las políticas interculturales.

6. Ley electoral que reserve una cifra proporcional de representantes de los pueblos indígenas en los Consejos Regionales y Concejos Municipales (provincial y distrital), de acuerdo a los resultados de los Censos Nacionales de Población vigentes, para asegurar la formulación y aprobación de normas legales que respondan a la realidad regional y local de los pueblos originarios, así como garantizar el cumplimiento y fiscalización de las políticas interculturales.

Reforma Constitucional y Estado Plurinacional.

7. Nueva Constitución Política a través de un proceso que garantice la participación de representantes de Pueblos Indígenas y la sociedad civil que consagre al Perú como un Estado Plurinacional y Multicultural, integre los Derechos de la Madre Tierra (Naturaleza); de los Pueblos Indígenas; el territorio integral de Pueblos Indígenas; un régimen económico y desarrollo sostenible con justicia social, agricultura familiar sostenible y soberanía alimentaria.

Seguridad jurídica territorial indígena.

8. Ley de Ordenamiento Territorial, con enfoque de interculturalidad, participación y consulta previa a los pueblos indígenas.

9. Reforma constitucional que reconozca el derecho al territorio de los pueblos indígenas que restituya el carácter de inalienable, inembargable e imprescriptible.

10. Ley que declare de interés nacional y necesidad pública la titulación, saneamiento y georreferenciación de todos los territorios de los pueblos indígenas del Perú.

Economía indígena, agricultura familiar y cambio climático.

11. Ley que disponga la asignación del 10% del presupuesto de inversión pública de los gobiernos regionales y locales, para la agricultura familiar, garantizando la participación de las comunidades campesinas y nativas en su programación y ejecución.

12. Control y fiscalización sobre los recursos públicos destinados a promover el desarrollo de la agricultura familiar, en el marco de la Ley 30355 de Agricultura Familiar y su Reglamento, especialmente en materia de inversión en infraestructura, crédito, asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades de los productores indígenas.

13. Ley de Reestructuración del Ministerio del Congreso que cree el Vice Ministerio de Agricultura de Familiar para la promoción y fortalecimiento de este sector.

14. Ley de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Agricultura Sostenible, cuyo dictamen se encuentra en la Comisión Agraria.

15. Ley que prohíba y fortalezca el control sobre los agrotóxicos y otros insumos agrícolas nocivos a la salud y el ambiente.

16. Ley que prohíba todo tipo de uso y manejo de organismos vivos modificados (transgénicos).

17. Control y fiscalización, a la ANA, para que apruebe la metodología técnica requerida para la implementación de la Ley 30640, que regula el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos (Sobre protección del agua y las cabeceras de cuenca).

18. Control y fiscalización al MINAM y otros sectores competentes para garantizar la implementación del Reglamento de la Ley 30754, Ley Marco sobre el Cambio Climático.

Educación, salud y justicia interculturales.

19. Control y fiscalización parlamentario al diseño e implementación de las políticas públicas de salud y educación intercultural, garantizando la participación de los pueblos indígenas y el respeto a su cosmovisión.

20. Ley de Coordinación entre la Justicia Ordinaria y la Justicia Consuetudinaria, para consolidar y fortalecer la justicia intercultural (CUNARCP presentó propuesta al Congreso).