Asesinato en Ucayali: Comisión de Pueblos exige investigación

La CPAAAE condenó la muerte de los seis agricultores ocurrido en Ucayali. Exige celeridad en las investigaciones de este caso y conocer las acciones sobre la extracción de madera y palma aceitera de la zona. Se sostiene que el tráfico de tierras está detrás del asesinato.

Servindi, 8 de setiembre, 2017.- Tras la noticia del asesinato de seis agricultores del departamento de Ucayali, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAE) del Congreso de la República exigió que se investigue el caso.

A través de una nota de prensa, la CPAAAE condenó el hecho. “La comisión condena el hecho y exige una ardua celeridad en las investigaciones”, se lee en el escrito.

Asimismo, el grupo de trabajo informó que el 12 de setiembre se realizará una sesión e informe con la ministra del Ambiente Elsa Galarza para dar a conocer las acciones realizadas en materia ambiental respecto a la extracción de madera y palma aceitera.

La comisión señaló que también se invitó a participar a los titulares de Agricultura y Riego, y del Interior, así como al Gobierno Regional de Ucayali. Esto con la finalidad de dar cuenta sobre el proceso de titulación y acciones que se están dando ante el hecho ocurrido en Ucayali.

Sobre el asesinato

Según la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU), el asesinato de los seis agricultores habría ocurrido por un conflicto de tráfico de tierras, tala y comercio ilegal de maderas.

La FECONAU también denunció que desde hace tiempo, sus líderes están siendo amenazados de muerte por traficantes de tierra.

FECONAU sostiene que el asesinato puso en evidencia la corrupción generalizada dentro de la Dirección Regional Agraria de Ucayali a favor de grandes inversionistas, quienes ingresan a la Amazonía para sembrar grandes extensiones de palma aceitera y otros cultivos de agronegocios.

En tal sentido exige al Gobierno Regional de Ucayali y a las autoridades competentes, una acción decisiva respecto al control de tráfico de tierras y la deforestación indiscriminada, así como medidas efectivas para frenar este fenómeno social que afectan a los campesinos, pueblos indígenas y al ambiente.

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