Unidad permitirá afianzar la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, así como coordinar las políticas públicas a nivel regional.
Servindi, 5 de abril, 2022.- El Gobierno Regional (GORE) de Huánuco implementará la Subgerencia de Comunidades Nativas, Campesinas, Identidad Cultural y Población Vulnerable.
Esta unidad orgánica permitirá afianzar la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, así como coordinar las políticas públicas a nivel regional.
Así lo informó el módulo de la Defensoría del Pueblo en Tingo María que había sugerido la instalación de dicha subgerencia y saludó que el GORE Huánuco haya acogido su recomendación.
Jorge Mendoza, coordinador del módulo defensorial, detalló que el Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) del GORE Huánuco, aprobado el 30 de octubre de 2020, establece las funciones de la referida subgerencia.
Sin embargo, esta no era implementada con personal, logística, ni con el presupuesto necesario para el cumplimiento de sus responsabilidades.
Ahora, el GORE Huánuco ya ha informado que se han realizado las gestiones para asignar presupuesto, contratar personal y adquirir el mobiliario necesario para esta subgerencia, informó Mendoza.
“Asimismo, han dispuesto la coordinación para realizar un diagnóstico del estado situacional de la salud, educación, entre otros temas, de la población indígena de Puerto Inca”, añadió el representante defensorial.
En ese sentido, recordó al gerente de Desarrollo Social del GORE Huánuco que, en la provincia de Puerto Inca existen un total de 23 comunidades nativas de los pueblos asháninka, yanesha, kakataibo y shipibo-konibo.
Sin embargo, de estas solo 15 se encuentran reconocidas y 10 comunidades titularon sus propiedades ancestrales.
Por ello, señaló que es necesario que las autoridades regionales lideren las acciones para atender los problemas que afectan a los pueblos indígenas de Puerto Inca.
Esto, debido a que la falta de protección jurídica respecto a la titulación de las comunidades las expone a una situación de indefensión ante el desarrollo de actividades ilícitas en sus territorios.
Además, pone “en alto riesgo sus vidas e integridad personal frente a amenazas que reciben sus dirigentes o miembros de las comunidades, como ocurrió con el asesinato de Arbildo Meléndez Grández”, expresó.
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