
La lenta labor de reconstrucción, la inseguridad jurídica territorial, los procesos de consulta sin participación representativa y los permanentes embates legislativos que alientan el despojo de tierras comunales preparan el escenario para un nuevo conflicto social en la provincia de Piura, el cual ocurre en cámara lenta, y el Ejecutivo parece no advertirlo.
Servindi, 5 de febrero, 2018.- Ha transcurrido un año desde que se produjeron los estragos del fenómeno del Niño, y el norte, el sector más gravemente golpeado, recién empezaría a ver acelerados los trabajos de reconstrucción.
Así lo denunció una fuente local a este medio, quien exigió la presencia inmediata de las autoridades para lidiar con el escenario que viene configurándose en la provincia de Sechura, en la región Piura.
Aquí la población no solo debe soportar el lento accionar de las autoridades, sino también, lidiar con los impactos contaminantes de las actividades extractivas y la inseguridad jurídica alentada por proyectos que buscan abrir el acceso a los territorios comunales desconociendo los derechos de las comunidades.
A continuación explicamos por qué las autoridades, y especialmente la Comisión del Ambiente del Congreso, deben prestar atención a esta situación.
Conflicto a la vista
La actividad de la minera Miski Mayo vendría generando serios impactos ambientales en Sechura, según denunció nuestra fuente local.
Este primer conflicto que asoma en el norte y que tiene en el centro a la empresa Miski Mayo, se debería a que la empresa convocó el último 19 de enero la conformación de una comisión participativa de monitoreo ambiental.
Sin embargo, esta no habría tenido un real carácter participativo al no contar con los actores representativos. Debido a esto, la reunión no se llevó a cabo en la referida fecha, habiéndose postergado para este 7 de febrero.
En días previos, integrantes de la Comunidad Campesina San Martín de Sechura habían asumido un paro de 24 horas para impedir la conformación del comité de monitoreo ambiental impulsado por Miski Mayo, como protesta ante la falta de pluralidad.
“No puede ser que Miski Mayo sea juez y parte convocando”, expresó un poblador local, además de indicar que en la actualidad se desconoce cuántas “miles de hectáreas” tiene concesionadas la referida empresa de fosfato.
Agregó también que pese a que la empresa “sobrepasa los 5 millones de toneladas de extracción de fosfato al año”, existe un alto grado de desnutrición infantil en la provincia.

Fuente de la imagen: Radio Cutivalú
La inseguridad jurídica territorial
Las comunidades están en un permanente estado de postergación respecto a la titulación de sus tierras, la cual no se agiliza pese a los diversos conflictos que dicha situación genera. Así, esta labor es uno de los grandes pendientes que tiene el Estado con las comunidades de Piura.
Las comunidades además deben estar siempre en alerta ante los embates que intentan despojarlos de sus tierras —aprovechando la situación anterior—.
Tal es el caso del Proyecto de Ley 1910, el cual punta a la titulación masiva de predios agrícolas en tierras que han sido reconocidas y tituladas como comunidades campesinas.
Esta iniciativa impulsada por Luis Humberto López, congresista de Fuerza Popular –y paradójicamente elegido por la región Piura– generaría a su vez un desmembramiento y disolución de la organización comunal de las comunidades de esta región.
Asimismo, según advirtieron colectivos defensores de los territorios, el proyecto hace caso omiso al artículo 89 de la Constitución, a la ley general de comunidades campesinas; a la ley 24656, y a otras normas y tratados internacionales como el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Congresistas que nunca han ejercido un cargo dirigencial campesino hoy están haciendo proyectos de ley para desaparecer a las comunidades campesinas”, remarcó el indignado dirigente.

Desierto de Sechura. Fuente de la imagen: Cronicaviva.com.pe
Mayor atención de las autoridades
Ante estos problemas que podrían generar conflictos de mayor magnitud, se espera que las autoridades se “hagan presentes en Sechura” y conozcan la situación que atraviesa.
Este llamado está dirigido especialmente a las autoridades políticas como para la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, y al Ministerio del Ambiente.
Sin embargo, también se convoca a los organismos no gubernamentales que pongan atención a la explotación de los fosfatos de Sechura.
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