Servindi, 27 de mayo, 2017.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Patricia Saavedra y Jorge Agurto.
Mundo Indígena al 27 de mayo de 2017 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "Reproducir" y luego en "Guardar audio como...").
Triunfo indígena. Las organizaciones indígenas nacionales articuladas en el Pacto de Unidad, la organización amazónica AIDESEP y las entidades de la sociedad civil que acompañan al movimiento indígena lograron una gran victoria esta semana al conseguir la derogatoria del Decreto Legislativo 1333.
La cuestionada norma conocida como Ley del Despojo Territorial la cuestionada norma crea un proyecto especial denominado APIP que facilita el acceso a territorios del área rural, ya sean públicos o privados, formales o informales, con el único objetivo de fomentar proyectos de inversión de "interés nacional".
De esta manera el APIP se convierte en un organismo con superpoderes para el saneamiento físico y legal de predios rurales con un mandato bastante amplio y creando conflicto de competencias con otras dependencias públicas.
Además de inconstitucional e inconsulta la norma ponía en riesgo la seguridad jurídica territorial de las comunidades campesinas y nativas y constituía una fuente de conflictividad social.
En la pugna por la derogación tuvieron que confrontar la campaña de desinformación del Ministerio de Economía y Finanzas y su propuesta de modificar la norma en vez de derogarla.
Es lamentable que el Viceministerio de Interculturalidad haya apoyado la campaña del Ministerio de Economía, desoyendo al Congreso y a la Defensoría del Pueblo que recomendaron derogar la norma, indicó el Pacto de Unidad.
Palma y deforestación. El Panel de Quejas de la Mesa Redonda Sobre el Aceite de Palma Sostenible condenó a Plantaciones de Pucallpa por destruir bosques primarios.
Indicó que la empresa incumplió con las restricciones sobre la conversión de los bosques primarios a plantaciones y las medidas para los bosques de un alto valor de conservación.
Denunció que pese a las sucesivas sanciones impuestas por el Estado, las operaciones de la empresa continúan.
Conflicto por parque. La Organización de Comunidades Indígenas del Bajo Putumayo y Río Yaguas (OCIBPRY) rechazó el intento de categorizar la Reserva Yaguas únicamente como Parque Nacional.
Exigió un proceso de consulta transparente y calificó de exagerada la ambición del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP) de abarcar 800,000 hectáreas en un Parque Nacional.
Indican que a las comunidades no se les viene informando adecuadamente de las diversas categorías de áreas protegidas y se les presenta como única opción preferencial el Parque Nacional.
En representación de cuatro comunidades nativas la OCIBPRY propone se categorice el área de una manera mixta para que se siga conservando como lo han hecho desde épocas ancestrales.
La fórmula considera una parte externa o entrada como reserva comunal y un núcleo duro de protección que puede ser un Parque Nacional pero no únicamente un Parque Nacional.
Amenaza vial. Un proyecto de ley para favorecer una carretera en Loreto, es denunciado por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
La iniciativa propone declarar de "necesidad pública e interés nacional" la interconexión carretera Iquitos-Selva-Costa Norte.
La vía atravesaría centenares de comunidades nativas y la Reserva Indígena Napo Tigre, solicitada por AIDESEP al Estado en 2004 a favor de pueblos en aislamiento.
La autoría del Proyecto de Ley 479 corresponde al congresista Jorge Meléndez Celis de Peruanos por el Kambio y es respaldado por la bancada fujimorista de Fuerza Popular.
Autoidentificación. En octubre, por primera vez en el Perú, se aplicará la pregunta de autoidentificación étnica en un censo nacional.
Si bien la incorporación de esta variable busca reflejar a la población indígena, esto podría también jugar un efecto contrario si no se aplica adecuadamente.
Al respecto, la Directora del ente estatal de estadística INEI, Elsa Jáuregui, explicó que a la mayoría de las personas les cuesta auto-identificarse étnicamente.
Así lo indicó en una rueda de prensa organizada por la organización nacional AIDESEP, donde se invocó a la sociedad civil a realizar una cruzada para superar la discriminación que debilita la autoidentificación.
Carreteras en Ucayali. Elevar el nivel de las carreteras en zonas boscosas y darle mantenimiento a las trochas carrozables es el verdadero propósito confeso de la bancada fujimorista de Fuerza Popular.
Tal es la propuesta del congresista Glider Agustín Ushñahua, de Ucayali, mediante una iniciativa legal para declarar prioritario construir carreteras y el mantenimiento de trochas carrozables en su región.
Se trata del Proyecto de Ley 1123/2016, el cual favorecería la llegada de taladores ilegales en busca de caoba.
La iniciativa de Ushñahua va de la mano con la intención del congresista Carlos Tubino y la autógrafa de Ley aprobada por el Congreso para la "conexión multimodal" en la provincia de Purús.
Mapa etnolingüístico. La Defensoría del Pueblo consideró que el Gobierno debe aprobar el Mapa Etnolingüístico pendiente desde el año 2011.
El organismo destacó lo avanzado por el sector Educación respecto a las lenguas originarias pero subrayó la necesidad de elaborar y aprobar el referido mapa, que fue aprobado por la Ley 29735.
Recordó que en los siguientes meses el Poder Ejecutivo debe aprobar la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, así como el Plan Multisectorial respectivo.
Demandan titulación. El 5 de junio las comunidades indígenas de Ucayali realizarán una movilización regional para exigir la titulación de sus territorios.
La marcha, convocada por la organización indígena Feconau, busca denunciar las continuas vulneraciones a los derechos colectivos de las comunidades amazónicas.
Denuncian la falta de reconocimiento y titulación de territorios comunales, la ausencia de servicios básicos y la afectación sistemática al ambiente, entre otras demandas.
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