Servindi, 26 de julio, 2019.- El nombramiento de Ángela AcevedoHuertas en reemplazo de Elena Burga Cabrera en el cargo del viceministerio de Interculturalidad despertó la reacción de diversas organizaciones ante la débil institucionalidad pública a favor de los pueblos indígenas.
Si bien se trata de un reemplazo debido a la "renuncia" de la especialista en interculturalidad, las organizaciones temen se profundice una tendencia de políticas regresivas en materia de institucionalidad indígena.
Y es que el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas (GTPI) –que ha entretenido durante estos años a las organizaciones– no ha sido una institucionalidad adecuada para promover políticas serias que cautelen sus derechos.
La presencia de Elena Burga, una persona comprometida con las perspectivas de los pueblos indígenas, refrescó este débil organismo técnico pero las tendencias más fuertes en el sector Cultura están supeditadas a otros intereses.
Ante el nombramiento de Ángela Acevedo, Onamiap "manifiesta su preocupación por la decisión del Ejecutivo de continuar designando representantes dentro del Ministerio de Cultura que promueven políticas regresivas en derechos de los pueblos indígenas.
Onamiap observa que el Ministerio de Cultura fue designado de manera unilateral como ente rector en materia indígena y "ha pretendido avanzar en la protección de los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, estos “avances” se han dado bajo interpretaciones restrictivas de nuestros derechos".
Cabe destacar que Ángela Acevedo no es una persona nueva en el sector Cultura y se desempeñó como Directora General de Derechos de los Pueblos Indígenas del Viceministerio de Interculturalidad.
Onamiap puntualiza: "hemos sido testigos de cómo este Sector no solo no ha adecuado la Ley de la Consulta y su reglamento, a los estándares internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas".
A ello agrega que "viene promoviendo que otras instituciones del Estado vulneren nuestros derechos ya reconocidos en el Derecho Internacional y Constitucional como es el caso del Ministerio de Energía y Minas, que sigue sin consultar las concesiones mineras y los lotes petroleros". Cosa grave.
Reponer institucionalidad
El pronunciamiento de Onamiap exige "reponer la institucionalidad indígena dentro de la estructura del Estado" en referencia al Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa).
Remarca que la Ley de creación del Indepa –Ley 28495– no ha sido derogada; y Antolín Huáscar recuerda que fue aprobada por insistencia del Congreso de la República.
Luego de la creación del Indepa, los gobiernos posteriores hacieron uso y abuso del Indepa hasta fusionarlo "por absorción" al Ministerio de Cultura, en el cual desapareció por completo.
Desde entonces, el viceministerio de Interculturalidad ejerce rectoría en materia de pueblos indígenas pero, sin cautelar los derechos de estos pueblos de acuerdo a los estándares internacionales.
La entrevista a Antolín Huáscar fue realizada por Henry Carhuatocto Sandoval, presidente del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
A continuación el pronunciamiento completo de Onamiap:
ONAMIAP exige al Ministerio de Cultura el cese de políticas regresivas en derechos de los pueblos indígenas
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú se pronuncia por la decisión del Ejecutivo de continuar designando representantes dentro del Ministerio de Cultura que promueven políticas regresivas en derechos de los pueblos indígenas y, en consecuencia, la legalización de violaciones de nuestros derechos colectivos reconocidos en el Derecho Internacional y Constitucional.
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) manifiesta su preocupación por la decisión del Ejecutivo de continuar designando representantes dentro del Ministerio de Cultura que promueven políticas regresivas en derechos de los pueblos indígenas y, en consecuencia, la legalización de violaciones de nuestros derechos colectivos reconocidos en el Derecho Internacional y Constitucional, como son nuestros derechos a la autoidentificación; al territorio integral; a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado; la institucionalidad indígena; entre otros.
ONAMIAP advierte que el Ministerio de Cultura, que fue designado de manera unilateral como ente rector en materia indígena, ha pretendido avanzar en la protección de los derechos de los pueblos indígenas; sin embargo, estos “avances” se han dado bajo interpretaciones restrictivas de nuestros derechos. Y sin respetar los estándares internacionales en materia indígena.
En ese sentido, queremos recordar que, desde el año 2011, las organizaciones indígenas demandamos a este Sector adecuar la Ley de la Consulta y su Reglamento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia indígena; y lleve a cabo los procesos de consulta de buena fe en todas las etapas de los planes, programas, políticas y leyes de desarrollo que sean susceptibles de afectarnos. Debiendo para ello, establecer mecanismos de participación efectiva de nuestros pueblos y organizaciones a todo nivel (local, regional y nacional), y en donde podamos decidir libremente nuestras propias prioridades de desarrollo y nuestro futuro. Sin embargo, hemos sido testigos de cómo este Sector no solo no ha adecuado la Ley de la Consulta y su reglamento, a los estándares internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas; sino que viene promoviendo que otros instituciones del Estado vulneren nuestros derechos ya reconocidos en el Derecho Internacional y Constitucional, como es el caso del Ministerio de Energía y Minas, que sigue sin consultar las concesiones mineras y los lotes petroleros.
ONAMIAP denuncia que, desde el Ministerio de Cultura, se haya normalizado la promoción de políticas regresivas en materia indígena, así como el despojo de nuestros territorios; y, por ende, se pretenda instaurar dicha política en todas las instituciones del Estado. De allí que exigimos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo reponer la institucionalidad indígena dentro de la estructura del Estado —cuya Ley 28495 no ha sido derogada—, como señal de respeto a nuestros pueblos y en atención a los requerimientos hechos por las instancias internacionales de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y es que ya quedó acreditado que el Ministerio de Cultura no representa la institucionalidad indígena dentro de la estructura del Estado.
También, exigimos al Ministerio de Cultura adecuar la Ley de la Consulta, su Reglamento y sus procedimientos, a los estándares internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas. No más prácticas regresivas de nuestros derechos.
Las mujeres indígenas que conformamos ONAMIAP reafirmamos nuestro compromiso con nuestros pueblos. Seguiremos luchando hasta que se reconozcan todos nuestros derechos, con miras a construir un país más plural y verdaderamente intercultural.
Añadir nuevo comentario