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Reporte afirma que China tiene un patrón de incumplimiento de derechos

Servindi, 23 de marzo, 2022.- El 23 de marzo se presentó un reporte que demuestra que existe un patrón de incumplimiento del Estado chino frente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y el ambiente.

El documento que evalúa 26 proyectos con participación china que operan en 9 países de América Latina se lanzó en el marco de la 49° sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El informe denominado “Derechos humanos y actividades empresariales chinas en Latinoamérica” evalúa el nivel de cumplimiento de las recomendaciones adoptadas por China en su último Exámen Periódico Universal (EPU).

El documento concluye que el Estado chino ha realizado esfuerzos insuficientes para cumplir los compromisos asumidos en el EPU y que el patrón de vulneración de derechos descrito en 2018 continúa siendo sistemático.

La participación china se produce mediante 23 consorcios y al menos seis bancos que se desarrollan en los sectores de minería (12), hidroelectricidad (6), hidrocarburos (3) y otros (5).

Entre los hallazgos importantes se demostró que en 24 casos hubo violaciones al derecho a vivir en un medioambiente sano y daños al ambiente y en 18 casos se dieron violaciones al derecho de participación y consulta libre, previa e informada.

El documento elaborado por más de 60 organizaciones de la sociedad civil demuestra que en la mitad de los casos hubo violaciones al derecho a la tierra, al territorio y a una vivienda adecuada.

Asímismo, existe una presencia constante de vulneraciones a los derechos civiles y políticos fundamentales y los derechos laborales, individuales y colectivos, entre otros.

Recomendaciones y pedidos

Las organizaciones que elaboraron el informe recomiendan que el Estado chino elabore un Plan de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos en el que se adopten medidas urgentes para asegurar que sus entidades cumplan sus obligaciones extraterritoriales.

, con el fin de prevenir los impactos al ambiente, los derechos humanos y el territorio de las comunidades afectadas.

De igual modo exigen a los bancos y a las empresas chinas que operan en Latinoamérica que lleven a cabo un examen de debida diligencia en todo el ciclo de sus proyectos.

También que se adopten mecanismos judiciales y extrajudiciales que proporcionen una reparación efectiva y oportuna de los impactos sociales y ambientales ocasionados por entidades chinas.

Ello debe incluir el acceso a remedios judiciales de las víctimas de violaciones de derechos humanos, para que presenten sus demandas de reparación en la jurisdicción de su país o en China.

Por otro lado, demandan mecanismos de control, transparencia y acceso de información para la sociedad civil, y que se incorporen en los acuerdos de comercio cláusulas relativas a la protección de los derechos humanos, el ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales.

Finalmente, el Colectivo también hace observaciones y recomendaciones específicas a las empresas  y entidades chinas, así como a los Estados que emitieron recomendaciones a China en el marco del EPU.

¿Por qué China?

China se ha convertido en un actor estratégico para el financiamiento y construcción de grandes proyectos en Latinoamérica, lo que genera un impacto directo en la vida y goce efectivo de derechos de grandes poblaciones.

Esto preocupa, más aún sabiendo que 21 países de la región ya se han integrado a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR) liderada por China.

El Estado chino ha participado en tres ciclos del Examen Periódico Universal sobre derechos humanos de Naciones Unidas, específicamente en los años 2009, 2013 y 2018.

En el último de estos procesos, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA), elaboró ocho Informes Sombra sobre la responsabilidad extraterritorial del país asiático.

Gracias a este proceso de incidencia, China asumió varios compromisos aceptando seis recomendaciones que corresponden al cumplimiento de obligaciones extraterritoriales del Estado.

Ellas se orientan a que se respeten y protejan los derechos humanos y el ambiente en todas sus operaciones empresariales fuera de China.

Descargue el resumen ejecutivo del reporte aquí

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