Este proceso se ha convertido en un ejemplo simbólico de como el Estado Peruano ha mantenido su política de criminalización de la protesta social.
Servindi, 20 de setiembre, 2019.- Después de una postergación el viernes 20 de setiembre se reiniciará el juicio oral contra Oscar Mollohuanca, ex alcalde de la provincia cusqueña de Espinar, y los ex dirigentes sociales Herbert Huamán y Sergio Huamaní.
Ellos afrontan un largo proceso penal por participar en la movilización social de mayo de 2012 en la que se exigió respeto al medio ambiente a la empresa minera GlencoreXstrata y al Gobierno Nacional.
La Fiscalía los denuncia por delitos de atentado contra la seguridad pública, disturbios y otros, por haber participado en la protesta social del año 2012.
El 17 de julio del 2017, el Juez del primer juzgado unipersonal de Ica, absolvió a Oscar Mollohuanca, ex alcalde de Espinar, así como a Herbert Huamán y Sergio Huamaní presidente y vicepresidente del Frente de Defensa de Espinar (FUDIE) y los declaró inocentes.
La Fiscalía había solicitado 20 años de prisión efectiva, y una reparación civil de 100 mil soles. La Procuraduría Pública Especializada en Delitos Contra el Orden Público del Ministerio del Interior y el Fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica apelaron la sentencia.
Hace más de un año, la Primera Sala de Apelaciones y Flagrancia de Ica, conformado por los magistrados Osmar Albujar De La Roca, José Javier Magallanes Sebastián y el Juez Rafael Fernando Salazar Peñaloza, decidieron declarar nula la sentencia que absuelve a dichos dirigentes cusqueños y ordenaron un nuevo juicio.
Los argumentos de los jueces fueron que la sentencia de primera instancia no tenía el debido sustento, a pesar que el Juez en primera instancia hizo una correcta fundamentación, según organismos de derechos humanos.
Injusto proceso
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) sostiene que el proceso judicial seguido a los tres líderes fue injusto desde el principio, ya que no se respetaron principios constitucionales como ser juzgados en su lugar de origen y no en la región de Ica.
Por otro lado, no se puede denunciar a dirigentes por ejercer de manera legítima su derecho a la protesta social. Este proceso se ha convertido en un ejemplo simbólico de como el Estado Peruano ha mantenido su política de criminalización de la protesta social.
En este sentido, la CNDDHH y Derechos Humanos Sin Fronteras - Cusco denuncian las irregularidades de un proceso judicial que lleva más de siete años afectando los derechos fundamentales del ex-Alcalde, Oscar Mollohuanca, y los ex dirigentes sociales Herbert Huamán y Sergio Huamaní.
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