Servindi, 16 de octubre, 2016.- Demus, institución que representa a tres de las nueve mujeres denunciantes de violencia sexual por los casos de Manta y Vilca, alertó acerca del cambio de magistrados del Poder Judicial que ven el caso, lo que podría dilatar el juicio por las violaciones sexuales en dichas comunidades, ocurridas durante el conflicto armado interno.
El cambio de Marco Cerna Bazán, ex presidente del Colegiado "B" de la Sala Penal Nacional (encargada del juicio Manta y Vilca), por el magistrado Otto Verapinto Márquez generó sorpresa e incertidumbre. Según Demus, Verpinto tiene limitada experiencia en casos de crímenes de lesa humanidad.
“A comparación de Cerna Bazán, quien tiene una vasta experiencia en casos de derechos humanos. El nuevo presidente del Colegiado "B", Otto Verapinto Márquez, solo cuenta con un diplomado en temas de derechos humanos, constitucional y procesal constitucional en 2009”, se lee en el pronunciamiento.
En la misma línea, Rossy Salazar, una de las abogadas de las víctimas, aseveró que el cambio va a demorar un poco, ya que el nuevo magistrado tiene que tomar conocimiento total del caso.
Treinta años de silencio
El 21 de marzo de 1984 se instalaron las bases Militares de Manta y Vilca en Huancavelica, con el objetivo de proteger a la población del conflicto armado interno. Pero, las mujeres de estas comunidades no fueron resguardadas. Miembros de las fuerzas armadas abusaron sexualmente de ellas.
Después de 30 años, la Fiscalía Penal de Huancavelica formalizó la denuncia y el pasado viernes 8 de julio, el colegiado B de la Sala Penal Nacional inició el juicio oral contra 11 militares implicados. Este hecho marcó un precedente en América Latina, ya que por primera vez se abrió un proceso penal donde se considera la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad.
Víctimas de violación sexual durante el conflicto
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el 83% de los actos de violación sexual fueron ejercidos por el Estado. Se indica que el abuso del personal militar y policial se dio como parte de las represalias contra los pobladores sospechosos de tener vínculos con grupos terroristas.
Asimismo, señala que la mayoría de las víctimas de violación sexual eran analfabetas, quechua hablantes, de origen rural y jóvenes de entre 10 y 29 años. El mayor índice este abuso se registró en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.
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