La empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador deberá entregar cinco hectáreas de tierra a favor de cada una de las víctimas de esta acción o en su defecto, el valor en dinero que representa esta cantidad.
Servindi, 16 de mayo, 2021.- La empresa de origen japonés Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador deberá entregar 615 hectáreas de tierra como una medida de reparación para cientos de familias de origen campesino, en su mayoría afrodescendiente.
Las familias vivieron y trabajaron en condiciones miserables por seis décadas dentro de los campamentos de la empresa dedicada a la producción, comercialización y exportación de fibra de abacá.
Antecedentes
En 2019, 123 trabajadores agrícolas demandaron a esta compañía y al Estado ecuatoriano, según un reporte del Comité de Solidaridad #FurukawaNuncaMas.
El 15 de enero de 2021, en la Audiencia Pública de Acción de Protección, el juez constitucional a cargo de la causa falló a su favor, reconociendo la existencia de “servidumbre de la gleba”, una forma contemporánea de esclavitud.
El juez señaló la responsabilidad de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador y de varias entidades del Estado por la violación a múltiples derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores.
Después de tres meses, el 19 de abril de 2021, el juez constitucional emitió la sentencia escrita que contenía las medidas de reparación por el daño causado y dispuso un conjunto de medidas.
Entre ellas, la reparación económica por parte de Furukawa a favor de cada persona afectada; medidas cautelares y prohibición de desalojo (se mantienen vigentes) y registro de identidad de una de las accionantes.
Así mismo, la regularización del estatus migratorio de otra persona (una mujer de nacionalidad cubana); petición de disculpas públicas en los diarios de mayor circulación del país; y, la entrega de cinco ha de tierra o en su defecto, el valor en dinero que represente esa cantidad.
El 22 de abril, los 123 accionantes solicitaron al juez ampliación y aclaración de la sentencia, en lo principal, sobre la medida de reparación que ordenaba la entrega de tierras.
El 11 de mayo el Juez constitucional Carlos Vera Cedeño confirmó y aclaró que la empresa Furukawa debe entregar cinco ha de tierra a favor de “cada una de las víctimas de esta acción” o el valor en dinero que representa esta cantidad.
Para el efecto, se tendrá como referencia el valor promedio comercial de la hectárea de tierra entre los kilómetros 33 y 42 ubicados en la vía Santo Domingo – Quevedo.
También dispuso, en la misma resolución, remitir el expediente a las máximas autoridades de las entidades responsables de la violación: Ministerio de Trabajo, Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Las autoridades deben iniciar las acciones administrativas para investigar y sancionar a los responsables de las violaciones declaradas; así como, a la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los delitos concurrentes.
El Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más afirma que las disposiciones son importantes para evitar la impunidad de los funcionarios y particulares, que por acción u omisión, son responsables de las violaciones de derechos.
Alerta a las autoridades, en especial a la Superintendencia de Compañías y Registradores de la Propiedad de los cantones Buena Fe, Santo Domingo y Guayaquil, que deben garantizar el cumplimiento de la sentencia histórica y las medidas cautelares dictadas a favor de los accionantes.
Recuerdan que las medidas cautelares, ratificadas por la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo, buscan evitar que actos societarios o de disposición de activos de esta empresa, presentes o futuros, puedan afectar los derechos de los accionantes de la acción de protección.
Exigen a las autoridades del gobierno central cumplir con lo dispuesto por el Juez de manera inmediata y que se materialice este precedente para evitar que hechos como los ocurridos, tengan lugar en las plantaciones agrícolas del Ecuador.
Además, solicitan a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y, en general de la sociedad civil, a mantenerse vigilantes para que el Estado ecuatoriano cumpla con lo dispuesto en la sentencia.
Finalmente, exhorta a los medios de comunicación nacionales e internacionales la máxima difusión de este caso, pues sus implicaciones para los trabajadores y trabajadoras del agro ecuatoriano son históricas en relación con la garantía del cumplimiento de sus derechos humanos.
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