Servindi, 12 de marzo, 2020.- Once de las trece comunidades involucradas en la consulta previa sobre el Lote 200 en Ucayali ratificaron su exigencia para que el proceso regrese a la fase 3 y se defina el plan de consulta en diálogo con el Estado.
Las comunidades refirmaron que no están conformes con el proceso y han decidido no participar "a menos que se corrija y garantice los estándares mínimos que el Perú se comprometió a respetar".
La decisión de las once comunidades se ratificó en una reunión efectuada el miércoles 11 de marzo con sus organizaciones representativas, FECONAU, ORAU y AIDESEP.
Los pueblos indígenas exigen que el proceso regrese a la Fase 3, a efectos de que se defina conjuntamente con el Estado el Plan de Consulta (documento que establece plazos, criterios y el contenido de la consulta),
Indican que PERUPETRO vulneró el principio de buena fe y no cuentan con la información suficiente para decidir sobre el proyecto extractivo en el Lote 200.
Por su parte, PERUPETRO insiste en que el proceso de consulta se encuentra ya en la Fase de diálogo final para cerrar el proceso y se niega a atender el pedido de las comunidades indígenas.
“el derecho a la consulta implica la necesidad de que el pueblo indígena sea informado, escuchado y haga llegar sus propuestas, buscando por todos los medios posibles y legítimos, llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento” (Reglamento de la Ley de Consulta previa, D.S. 001-2012-MC, artículo 5, inciso e)
El fondo de la controversia es que el Estado solo quiere consultar una propuesta de Decreto Supremo de solo dos artículos, y mediante el cual se aprobaría la concesión del Lote 200.
Las comunidades consideran relevante consultar el contrato de concesión, adjunto al decreto, donde se establecen las obligaciones de legales, el ámbito territorial del Lote, las regalías, participación de los pueblos indígenas, entre otros temas claves.
Cabe mencionar, que en Perú ya se efectuó una consulta previa en hidrocarburos referida al Lote 192 en Loreto, y que incluyó la discusión del contrato petrolero.
En consecuencia, consideran inaceptable que el Estado peruano pretenda reducir el estándar de consulta a solo un decreto, aprovechando la falta de información de las comunidades de otras regiones.
Las comunidades llaman a las autoridades respectivas como el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo a vigilar esta nueva vulneración a los derechos humanos y en particular de los pueblos indígenas.
Piden asimismo a la sociedad civil nacional e internacional a exigirl a PERUPETRO que respete el derecho nacional e internacional y no genere un conflicto social por su visión unilateral de promover las actividades de hidrocarburos a cualquier costo.
De igual modo, alertan a las empresas interesadas en el Lote 200, que si esta situación no se soluciona, cualquier concesión posterior podrá ser impugnada por los pueblos indígenas de Ucayali.
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— Servindi (@Servindi) February 27, 2020
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