Servindi, 10 de abril, 2017.- Patricia García Funegra, ministra de Salud, acudirá el martes 11 de abril a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República, donde se espera brinde respuestas precisas a diversos temas de preocupación social.
Una de ellas concierne a las razones por las cuales se suprimió la Dirección de Pueblos Indígenas en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Salud, aprobado mediante Decreto Supremo 008-2017-SA.
La medida causó un rotundo rechazo no solo de las organizaciones indígenas sino además de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de la propia Defensoría del Pueblo que calificó la medida como un retroceso.
Otro tema concierne a la situación crítica de la "Estrategia Sanitaria Nacional de Atención a Personas Afectadas por Contaminación con Metales Pesados y otras Sustancias Químicas", suprimida también por el mencionado ROF.
Un tercer tema se refiere a las acciones adoptadas por el sector para atender las enfermedades o epidemias generadas por los últimos acontecimientos climáticos.
Un cuarto tema corresponde al incumplimiento del Minsa de la resolución cautelar de la juez de Nauta que el 22 de febrero pasado ordenó al sector diseñar e implementar una política pública de emergencia de atención a los afectados por el derrame en Cuninico en un plazo de 30 días.
Según lo divulgó una nota informativa de Servindi la orden judicial se expidió el 22 de febrero y el plazo de 30 días ya se ha vencido sin que se tenga conocimiento de las medidas para su cumplimiento.
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La Jueza resolvió lo siguiente: "EN CONSECUENCIA: 1) Se ordena al Ministerio de Salud, dentro del plazo de treinta días, diseñe e implemente una Estrategia de Salud Pública de emergencia, que permita establecer un programa de atención médica, así como de vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria, asimismo ejecute un programa de asistencia y atención en salubridad a la población, en especial a los niños, niñas, madres gestantes y adultos mayores, a efectos de identificar a las personas que pudieron haber sido afectadas por las consecuencias del derrame de petróleo y brindarles la atención médica pertinente. 2) Se ordena que el Ministerio de Salud, transcurrido el plazo mencionado en el punto precedente, informe documentadamente sobre el avance de la ejecución de la estrategia de salud y salubridad, al Juzgado Mixto de la Provincia de Loreto Nauta, respecto de las acciones tomadas para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente. |
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