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El Tribunal Constitucional publicó una sentencia histórica para las personas defensoras de los derechos humanos constantemente criminalizadas por ejercer su derecho a la protesta.

Tras tres años de espera, el TC admitió la demanda de amparo que denunció los convenios entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Glencore Antapacay.

Por las características de los proyectos mineros Antapaccay y Corccohuayco, no basta con que se consulte a las comunidades campesinas, debe tener el consentimiento.