Servindi, 27 de mayo, 2022.- La Defensora del Pueblo en funciones, Eliana Revollar, reitera al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público destinar acciones para erradicar la minería ilegal y para proteger a líderes indígenas de Amazonas.

El 22 de mayo miembros de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc) y otros comuneros intervinieron un campamento de minería ilegal.

Las comunidades pusieron a disposición del Ministerio Público a los mineros ilegales que operaban entre las comunidades nativas Tutino y Pagki.

Sin embargo, se sabe que a la fecha las personas capturadas se encuentran libres y habrían regresado a la zona para continuar sus actividades ilícitas con mayor intensidad.

La situación incrementa las amenazas contra la integridad y la vida de las comunidades indígenas y fue expuesta a la Defensoría del Pueblo por Augostina Mayán, representante de Odecofroc.

La defensora del pueblo informó de la solicitud enviada al fiscal de la nación, en donde solicita el impulso de las acciones de interdicción contra la minería ilegal en la provincia de Condorcanqui, así como en el distrito de Imaza, provincia de Bagua, región Amazonas.

Estas acciones deben tener como objetivo proteger el ambiente y a la población local hasta lograr su erradicación, debiendo para ello asegurar el presupuesto y las condiciones logísticas suficientes.

Asimismo, la defensoría demandó al presidente del Consejo de Ministros garantizar presupuesto público, recursos humanos y logísticos en los ministerios de Defensa y del Interior, cuyas competencias se vinculan a la erradicación de la minería ilegal.

Por otro lado, a pesar de la gravedad de los hechos, preocupa a la Defensoría del Pueblo el cambio realizado por el Ejecutivo en cuanto a la ubicación de la sesión descentralizada del Consejo de Ministros de la provincia de Condorcanqui a la provincia de Luya.

Esto incumple el acuerdo adoptado el 24 de mayo con dirigentes de diversas organizaciones indígenas y autoridades de la provincia de Condorcanqui, en presencia de los representantes de la institución defensorial.

Ello pone en cuestión la fidelidad y respeto de los acuerdos verbalmente asumidos y se suma la ausencia de documentos que acrediten los compromisos asumidos anteriormente por el Ejecutivo para atender las necesidades de la población local.

Por ello, es fundamental que en la sesión del Consejo de Ministros que se realiza el día de hoy se determinen acciones concretas para atender las demandas de la población y cumplir la hoja de ruta suscrita en julio de 2021, por los diversos ministerios, para enfrentar la minería ilegal en El Cenepa.

Cabe señalar que, desde abril de 2022 la institución registra un conflicto social en la provincia de Condorcanqui, cuyas causas están referidas a la falta de atención de servicios públicos de primera necesidad, como salud, educación, saneamiento y electrificación, además de inversiones en infraestructura.

La Defensoría del Pueblo considera que se requiere una acción conjunta del Poder Ejecutivo, Gobierno Regional de Amazonas y los gobiernos locales involucrados para impulsar acciones integrales y articuladas que atiendan las brechas sociales y económicas de la población, incluyendo proyectos productivos sostenibles.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo considera oportuno reiterar urgentes medidas de protección para las personas que viven en las comunidades nativas afectadas por las actividades ilícitas.

Las acciones deben brindar protección efectiva a la vida, salud e integridad de las personas defensoras de derechos humanos indígenas que defienden su territorio y el medio ambiente.