Sin lucha real contra la corrupción no hay cambios a favor de la democracia

Nuevas designaciones en todos los cargos estatales deben garantizar políticas públicas contra la corrupción estructural

Ante la renuncia de la premier Mirtha Vásquez y el ministro del interior, Avelino Guillén, expresamos nuestra preocupación por la apatía que el presidente de la República, Pedro Castillo, demuestra frente a la corrupción y a la defensa de la institucionalidad. Esta situación generó una nueva crisis política, lo que es un peligro para el futuro con cambios que prometió al pueblo, el fortalecimiento de la democracia y la justicia social.

La ausencia de medidas de cambio concretas a favor de los derechos humanos, respetando las normas democráticas y en los diferentes niveles de gobierno; las decisiones gubernamentales en torno a la Policía Nacional, debilitando su institucionalidad y  favoreciendo a personajes y grupos comprometidos con la corrupción; entre otras acciones, requieren con urgencia de un gobierno abierto que promueva el diálogo democrático y sea respetuoso del control ciudadano para consensuar acciones que fortalezcan la institucionalidad democrática, la lucha contra la corrupción y la plena vigencia de los derechos humanos de todas y todos.

Rechazamos la intromisión y el aprovechamiento de grupos de poder fácticos, muchos de ellos vinculados a mafias y redes de corrupción, en la gestión gubernamental. El Estado, a través de las diferentes instancias, debe proteger a la ciudadanía, y enfrentar con decisión el crimen organizado dentro y fuera de la institución policial, así como en todas las estructuras del poder político y económico.

Expresamos nuestra solidaridad con la Policía Nacional del Perú, autoridades y oficiales que salvaguardan la misión institucional y apuestan por su fortalecimiento en la lucha contra el crimen y la impunidad. Asimismo, exigimos para todas las designaciones a cargos estatales, personas idóneas, comprometidas con la lucha contra la corrupción estructural que socava la democracia y condena a amplios sectores de la ciudadanía a vivir en la indignidad de la pobreza y sin condiciones para el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 

31 de enero 2022