La Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental (SACA) confirmó que el Estado peruano no aplicó la legislación ambiental cuando se elaboró la Ley N.° 30723, que declara la construcción de carreteras en Ucayali. La norma fue promulgada en enero de 2018, fue observada por dicho organismo técnico luego de más de 2 años ante una solicitud de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad).
Servindi, 7 de octubre, 2020.- La Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental (SACA) del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos (TLC) confirmó que el Perú incumplió su legislación ambiental sobre la Ley N.° 30723.
La referida norma titula “Ley que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en el departamento de Ucayali”.
Esta fue promulgada por el Congreso en enero 2018, y en julio del mismo año la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) presentó una solicitud ante la SACA.
La cual alega que el Estado peruano no aplicó su legislación ambiental cuando se elaboró el Proyecto de Ley 1123/2016, posteriormente Ley N.° 30723.
Tras más de dos años por un proceso de verificación sobre la misma, la Secretaría sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental le dio la razón a Fenamad.
“El Congreso de la República no sometió […] una evaluación sobre su potencial afectación a los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios” menciona en su Expediente de Hechos.
Ello con el fin de determinar si la Ley N.° 30723 era una medida legislativa que debía ser consultada.
La SACA, asimismo, manifiesta que “a la fecha, el Reglamento del Congreso no establece mecanismos para la implementación de la Ley de Consulta Previa durante el procedimiento legislativo”.
Una ley que causa riesgo al medio ambiente
Julio Cusurichi, presidente de la Fenamad. Foto: Guillermo Reaño / WWF
Julio Cusurichi, presidente de la Fenamad, recordó que la norma solo fue revisada por la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la gestión anterior.
Y no tuvo la opinión de organismos como el Sernanp o los ministerios de Cultura, Ambiente, Salud, Justicia, ni de representantes de los pueblos indígenas.
La ley en mención sigue vigente y pone en peligro a tres parques nacionales: Alto Purús, Cordillera Azul y Sierra del Divisor; así como a las reservas comunales Purús y El Sira.
Asimismo, al área de conservación regional Imiría, las reservas indígenas Murunahua, Isconahua y Mashco Piro, y una reserva territorial para pueblos en situación de aislamiento (Kugapakori Nahua, Nanti).
Así lo revela Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), a través de Actualidad Ambiental.