Servindi, 20 de setiembre, 2020.- En esta edición de la Ronda Informativa Nacional escuche a: Hicler Rodríguez Guimaraes, apu koshi de la comunidad Flor de Ucayali; Berlín Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Demetrio Pacheco Estaca, ambientalista y vicepresidente de Comité de Gestión de Tambopata y José de Echave, economista miembro de CooperAcción
- Ronda informativa indígena al 20 de setiembre de 2020 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "Reproducir" y luego en "Guardar audio como")
Hicler Rodríguez Guimaraes, apu koshi de la comunidad Flor de Ucayali.
Los pobladores de la comunidad Flor de Ucayali, ubicada en la cuenca del río Utuquinia, en la región Ucayali, exigen al Estado garantía y seguridad territorial porque sus vidas y sus propiedades comunales corren peligro por invasores armados que deforestan el bosque a favor del narcotráfico.
Conversamos con Hicler Rodríguez Guimaraes, apu koshi de la comunidad nativa Flor de Ucayali, quién denuncia que los invasores aprovecharon el tiempo de la pandemia para deforestar sus áreas a pesar de estar tituladas.
El 9 de septiembre la fiscalía ambiental constató de forma presencial cómo los invasores talaban ilegalmente el bosque, pero no se pudo intervenir a profundidad por el reducido cuerpo policial.
A pesar las denuncias y de la delimitación de sus territorios, en el lugar no existe quien los proteja cuenta Hicler Rodríguez. Para contar con un mínimo de seguridad, piden la instalación de puestos de control policial.
Berlín Diques, presidente Organización Regional de Aidesep ORAU
En el Perú, los avasalladores han perdido el respeto a las propiedades de las comunidades nativas, y los diversos gobiernos han desprotegido a los pueblos indígenas y favorecido a privados, señala Berlín Diques, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU).
La ausencia del gobierno para las comunidades indígenas las ha obligado a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las violaciones que sufren los comuneros, señala Diques.
La marginación a las demandas de las comunidades de Ucayali es histórica. Casos más próximos y dramáticos se vive en Unipacuyacu y otras como Sinchi Roca, Yamino, Santa Martha y Flor de Ucayali donde reina el poder de la impunidad del narcotráfico y de otras actividades ilícitas.
Este 6 de octubre la Comisión Interamericana recibirá a los pueblos indígenas para que expongan cuatro casos de corrupción que derivaron en muertes. El presidente de la ORAU espera que el resultado de la audiencia internacional presione al gobierno a responder a las denuncias a fin de acercarnos a la justicia.
Demetrio Pacheco Estaca, ambientalista y vicepresidente de Comité de Gestión de Tambopata.
Roberto Pacheco, un joven de 37 años y defensor ambiental en la región Madre de Dios, fue asesinado el 9 de septiembre por invasores. Su padre Demetrio Pacheco, otro ambientalista, responsabiliza de la muerte de su hijo a la inoperancia del Estado.
Desde 1995, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, Pacheco administra una concesión forestal de 842 hectáreas. Desde el 2012 sufre amenazas y si bien logró que la fiscalía ambiental inicié siete investigaciones por avasallamiento, estas no prosperaron.
Los invasores logran ser reconocidos por las instituciones del Estado y deforestan el bosque con el pretexto de realizar actividades agrícolas, pero que luego favorecen el tráfico de tierras.
Demetrio Pacheco, también es vicepresidente del Comité de Gestión de Tambopata, y afirma que 17 mil hectáreas en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata están afectadas la por minería ilegal.
Ante la pasividad e inoperancia de las instituciones estatales, Pacheco espera que los organismos internacionales intervengan para que las autoridades nacionales cumplan su rol antes que se pierdan más vidas, como el de su hijo.
José de Echave, economista miembro de CooperAcción
La reactivación de la economía en el campo minero debe ir a la par de los derechos humanos de los trabajadores mineros, afirma José de Echave, economista e integrante de la asociación CooperAcción.
En el Perú existen 200 mil trabajadores mineros registrados, pero solo el 30 por ciento tiene una relación laboral directa con la empresa. El resto debe lidiar con intermediarios y corren más riesgos en la etapa de pandemia.
De Echave manifiesta que las empresas mineras tienen un enorme poder de influencia en las esferas de gobierno para desproteger a los trabajadores mineros, sin importar el riesgo de la pandemia.
No se conoce el impacto completo del COVID-19 en los trabajadores mineros, y solo se maneja una cifra parcial de 10 mil infectados. Por esto el especialista de CooperAcción pide que el gobierno transparente las cifras, reconozca el problema y cambie las reglas para garantizar la vida de las familias mineras.