Servindi, 24 de agosto, 2020.- El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) declaró que los incendios forestales de 2019 fueron un “ecocidio provocado por la política de Estado y el agronegocio”.

El fallo sindica como autores del delito de genocidio al gobierno de Evo Morales (2019), al gobierno Añez 2020 y a la Gobernación de Santa Cruz y Beni, la Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierras (ABT), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entre otras autoridades.

En la lectura de la sentencia por el caso: Chiquitanía, Chaco y Amazonia vs. el Estado Plurinacional de Bolivia el tribunal estableció la abrogación de las normas señaladas como “incendiarias” a fin de que estos hechos no se repitan.

La decisión fue dada a conocer por las y los jueces Nancy Yañez, de Chile; Patricia Gualima, de Ecuador; y Felicio Pontes, de Brasil, quienes dirigieron las audiencias virtuales del lunes 17 y martes 18 de agosto.

En ellas, recibieron los testimonios de las organizaciones indígenas, activistas, bomberos, la Gobernación de Santa Cruz y el Gobierno Municipal San Ignacio de Velasco.

El Tribunal recomendó a las organizaciones, comunidades y colectivos que brindaron sus testimonios y pruebas, presentar el caso de violación a los derechos de la naturaleza ante el marco jurídico boliviano.

En base a estos antecedentes, los demandantes identifican como autores del delito de ecocidio a las autoridades administrativas, legislativas y judiciales, quienes diseñaron la política, aprobaron el paquete legislativo y, ocurridos los incendios, favorecen a las condiciones de impunidad para los perpetradores. Además, indican como autores a los grupos fácticos representados por los grandes ganaderos, empresarios agroindustriales, por lo que este Tribunal se ha formado convicción a ese respecto. Por tanto, se concluyen que corresponde la sindicación como autores del delito de ecocidio contra la ecoregión Chiquitanía, Amazonía y Chaco de Bolivia al: Gobierno de Evo Morales 2019, Gobierno Añez 2020 y Gobernación de Santa Cruz y Beni; (a la) Autoridad de Fiscalización y Control de Bosques y Tierra (ABT), Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y otras; (a la) Asamblea Legislativa. Bancadas del oficialismo y la oposición; (a la) Fiscalía, Poder Judicial y Tribunal Agroambiental; (y al) extractivismo agroganadero y de soya transgénica para la exportación. Sentencia del Tribunal Internacionales por los Derechos de la Naturaleza.

Entre los factores que señalaron como causantes de los incendios, están las heladas y sequías, el cambio climático y las políticas administrativas, como los paquetes de normas que permitieron las quemas para la ampliación de la frontera agrícola.

También se indica la débil institucionalidad de los órganos del Estado responsables del control y la fiscalización de los bosques.

En relación a los pueblos indígenas en alta vulnerabilidad, el TIDN instituye la implementación de medidas de reparación que van desde dar cumplimiento al marco normativo nacional sobre la protección de los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad.

De igual modo, asumir las medidas necesarias para la restauración de sus territorios, en especial del pueblo Ayoreo que se encuentra en situación de aislamiento voluntario en el área del parque Ñembi Guasu, en Charagua Iyambae, y la TCO Santa Teresita, así como tomar las medidas para garantizar su derecho a la vida, integridad física y psíquica.

Territorios indígenas

El Tribunal ha conocido que los incendios forestales afectaron a 36 territorios indígenas en una extensión de 1.226.714 hectáreas.

Entre los pueblos afectados se encuentran el Chiquitano, Ayoreo, Guaraní, Guarayo (Santa Cruz), Cayubaba, Baures, Sirionó y Aaraona (Beni).

Adicionalmente, llama la atención sobre la afectación a Ñembi Guasu, declarada como área protegida por el Gobierno Autónomo Indígena de Charagua Iyambae.

Ñembi Guasu forma parte de los circuitos territoriales de transhumancia del pueblo Ayoreo en situación de aislamiento voluntario. Los incendios han alcanzado las 426.028 hectáreas, es decir el 36% de su superficie, indica la relación de hechos.

Afectaciones

El Tribunal Internacional indica que según las pruebas presentadas en Bolivia se quemaron 6.4 millones de hectáreas, de los que el 65% de la superficie afectada se concentró en el departamento de Santa Cruz y el 29% en el Beni.

La afectación principal se produjo en la región de la Chiquitanía, que es parte de la Amazonía y el Chaco boliviano, y se integra, a su vez, por los ecosistemas del Bosque Seco Chiquitano, el Pantanal, el Cerrado y el Chaco.

Los incendios también afectaron a 1.133.037 ha. de áreas naturales protegidas, 969.718 ha. de tierras de uso forestal, 341.790 ha. de tierras de uso silvopastoril y 5.336 ha. de tierras de uso restringido.

Entre las áreas protegidas nacionales, la mayor superficie quemada se dio en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, afectando el 26% (772.831 ha.) de su superficie y el Parque Nacional Otuquis con el 35% (313.744 ha.) de su superficie quemada.

Se incendiaron 1.961.649 hectáreas dentro de ocho sitios RAMSAR, que son humedales de importancia mundial para la conservación de numerosas aves migratorias y estacionales.

El TIDN determinó informar a la Oficina de la Convención RAMSAR acerca de los daños en estas regiones, dando cumplimiento a la obligación del Estado boliviano establecida en la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas.

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