Servindi, 31 de julio, 2020.- La Defensoría del Pueblo demandó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) garantizar que el segundo tramo del pago de bonos cumpla estrictas medidas de bioseguridad para evitar contagios y empeorar la propagación del COVID-19.

Precisó que durante el pago del primer tramo de bonos económicos a los hogares indígenas, principalmente amazónicos, se advirtió la falta de protocolos adecuados para evitar riesgos de contagio.

A ello se agrega la insuficiente focalización a los hogares indígenas, la falta de coordinaciones previas con autoridades comunales y en algunos casos el incumplimiento de cronogramas de pago de las empresas transportadores de valores, entre otras deficiencias.

La Defensoría del Pueblo requirió al Midis, que en coordinación con los ministerios de Cultura y de Salud, adoptar las medidas correspondientes para subsanar cualquier dificultad presentada anteriormente.

Las comunidades indígenas atraviesan una crisis sanitaria sin precedentes por el incremento exponencial de casos COVID-19 en sus territorios.

Ante la falta de un sistema de salud que responda eficientemente a la pandemia, muchos de sus integrantes han perdido la vida o son afectados en su salud.

El 23 de julio la Defensoría del Pueblo demandó al Midis evaluar la entrega de los bonos en las zonas rurales con alto incremento de contagios o en aquellas zonas donde existe un alto riesgo epidemiológico,

Exhortó a que se coordine de forma estrecha con las autoridades regionales de salud, los gobiernos locales y las autoridades comunales para encontrar soluciones viables.

La recomendación fue reiterada en una reunión sostenida el 24 de julio con participación de representantes de dicho sector y funcionarios/as del Ministerio de Cultura.

Siguen las quejas

La Defensoría del Pueblo informa que en los últimos días ha recibido diversas quejas de la sociedad civil sobre la grave situación sanitaria de las comunidades nativas de Bagua y Condorcanqui.

Los recurrentes solicitaron que la entrega de bonos y de subsidios de los programas sociales Pensión 65 y Juntos sean suspendidas debido a la falta de coordinación y adopción de medidas de prevención y seguridad.

Mutis en Pensión 65 

Especial preocupación genera la actitud de los representantes del programa Pensión 65 que –según indica la nota de la Defensoría– no ha respondido a las comunicaciones enviadas por el órgano defensorial.

Se le ha requerido a Pensión 65 informar sobre la entrega de bonos en zonas rurales, los protocolos específicos para estas medidas de asistencia, así como la reprogramación de pagos en las comunidades de dichas provincias.

En la última reunión convocada por la Defensoría con autoridades del Gobierno Regional de Amazonas, representantes de los ministerios de Salud, Cultura y otras autoridades locales, se exigió al representante de Pensión 65 cumplir con su deber de cooperación.

La Defensoría del Pueblo anunció que persistirá en la implementación de sus recomendaciones formuladas con la finalidad de garantizar los derechos de las poblaciones indígenas.

Considera que las Fiestas Patrias es momento propicio para que el Estado renueve el compromiso para atender a los pueblos indígenas que históricamente padecen  desventaja social que, se ha acrecentado en la actual pandemia.

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