Servindi, 18 de abril, 2020.- La intención de aplicar consultas virtuales para ciertas etapas de los procesos de consulta previa recibió el amplio rechazo ciudadano, y en particular de las organizaciones de pueblos indígenas por inconstitucional.

La procuradoría sugirió al ministerio del Interior revocar la circular que propone el uso de medios digitales para realizar consultas previas con comunidades étnicas por considerarla contraria a la Constitución, la Ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Más de 130 comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil y plataformas de defensores de derechos de los pueblos originarios y procesos de defensa del ambiente rechazaron la circular del Ministerio del Interior y exigen se revoque de inmediato.

El problema se suscitó cuando el Ministerio del Interior emitió una Circular Externa que recomienda promover y permitir el uso de herramientas tecnológicas y canales virtuales mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio (CIR2020-29-DMI-1000 del 27 de marzo).

Ante las críticas, el ente estatal se excusó manifestando que la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) solicitó el 23 de marzo "mecanismos flexibles" de consulta.

Según el Ministerio del Interior, dicho espacio habría solicitado garantizar la participación y el derecho a la Consulta en una carta enviada el 23 de marzo. Este pedido fue desmentido luego por la Mesa Permanente.  

El Ministerio del Interior explicó que desde que se expidió la circular no se ha realizado ninguna reunión de consulta previa y tampoco existe un cronograma para su realización.

Contundente rechazo

La circular del Ministerio del Interior nunca fue discutida con las organizaciones representantes de los pueblos ancestrales, ni con las comunidades, y es una abierta extralimitación del gobierno nacional.

Muchas comunidades no tienen acceso a las nuevas tecnologías de la información y carecen de acceso a la conectividad. Peor aún, muchas no tienen red de electricidad.

El pronunciamiento de las organizaciones enfatiza que “la consulta previa no es un simple trámite, sino un derecho fundamental de los pueblos étnicos que está relacionado con el derecho a la autodeterminación de los pueblos”.

La flexibilización de los trámites de la consulta y las restricciones para la participación "quebrantan la democracia colombiana al violentar el espíritu de inclusión y reconocimiento a los pueblos indígenas".

Las organizaciones promueven una campaña por redes con el hashtag #NoAlaConsultaPreviaVirtual y también han elevado una petición por medio de la plataforma change.org, dirigida al presidente Iván Duque.

Favoritismo empresarial

Las organizaciones sostienen que la decisión del gobierno pareciera mas una maniobra para favorecer al empresariado, que tiene intereses en regiones donde están ubicadas autonomías de los pueblos indígenas.

El gran capital desdibuja la importancia de las consultas, las considera un palo en la rueda en su idea de progreso, y anteponen la lógica de la acumulación al buen vivir de los pueblos.

Hoy con la situación de recesión económica, alegan la necesidad de acelerar la ejecución de megaproyectos en las regiones y territorios sin consideración alguna a los derechos de sus habitantes.

Las organizaciones indígenas exigen el cabal cumplimiento de las normas constitucionales y tratados internacionales, las garantías de salud, bienestar y respeto a los derechos culturales y territoriales.

De igual modo, demandan la aprobación y ratificación del acuerdo de Escazú, que versa sobre derechos y justicia ambiental y la protección a defensores del medio ambiente.

Las organizaciones indígenas solicitan al ministerio atender este tema y anuncian que denunciaran ante los organismos internacionales, porque la pandemia no puede ser excusa para destrozar el Estado de Derecho y revictimizar a las poblaciones más vulnerables.

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